Amenaza a la intimidad, llegaron los “drones”

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Airmen fly Predator in controlled airspace over HaitiSin mucha publicidad ni información pública, desde enero de 2010, aeronaves teledirigidas, conocidas como drones, están siendo utilizadas en Puerto Rico principalmente, según las autoridades, en la lucha contra el narcotráfico y en una misión humanitaria relacionada con Haití.

Esto, mientras el Congreso de Estados Unidos le reclama a Casa Blanca información sobre el alcance del uso que se le ha dado a estos aparatos, incluso para asesinar ciudadanos estadounidenses en el extranjero como fue el caso de Anwar al-Awlaki, un clérigo nacido en Estados Unidos, y dirigente de al-Qaeda, que operaba desde Yemen. Este ciudadano estadounidense fue asesinado por un ataque de un drone en Yemen en septiembre de 2011.

El Procurador General de los Estados Unidos, Eric Holder, aseguró que el presidente Barrack Obama carece de autoridad para ordenar el uso de drones para matar a un ciudadano estadounidense en su suelo sin que esté activo en combate contra su patria.

Tanto en Estados Unidos, como en Puerto Rico, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha levantado la voz de alerta sobre el uso doméstico de estos drones denunciando su uso contra ciudadanos estadounidenses.

En el caso de Puerto Rico William Ramírez, director ejecutivo de la ACLU en la Isla, advirtió, que dado “el historial” de la Policía y del Negociado federal de Investigaciones (FBI), esta tecnología pueda utilizarse para espionaje político. Esa amenaza, dijo, supera el beneficio que pudiera aportar a la lucha contra el narcotráfico y otros delitos.

Fantasmas del Cerro Maravilla y De Diego 444

Como muestras del “historial” de las agencias investigadoras que pudieran aprovechar esta herramienta para persecución política, Ramírez mencionó los asesinatos de dos jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla en 1978 a manos de la Policía y el operativo del FBI en De Diego 444 en el 2006 contra alegados miembros del Ejército Popular Boricua, Los Macheteros.

“En el afán de la lucha contra el narcotráfico en Puerto Rico, igual que estuvimos en contra del ‘si’ en (el referéndum sobre) la revocación del derecho a la fianza, estamos en contra de cualquier cosa que atente contra las libertades del ciudadano”, expresó Ramírez al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), sobre la utilización de los drones por parte de agencias de ley y orden en la Isla.

Advirtió que, aunque las aeronaves no tripuladas pueden ser útiles para ciertas cosas, constituyen una poderosa arma para violentar el derecho constitucional a la intimidad.

Explicó que estos aparatos tienen el potencial de convertirse en herramientas de espionaje personal a los ciudadanos sin que ellos lo puedan detectar a simple vista, como sería el caso de un agente o patrulla de la policía que lo sigue.

‘Mariposas’ espías en el hogar

Indicó que estos aparatos voladores de control remoto vienen en tamaños grandes y hasta diminutos –algunos más pequeños que un celular– y están equipados con cámaras, micrófonos y hasta armas mortales. Los hay militares, policiacos y civiles, en forma de avión, helicóptero, quadricóptero y mariposas con cámaras infrarrojas para grabaciones nocturnas.

La ACLU y otras organizaciones han demandado al gobierno de Estados Unidos por utilizar estos aparatos equipados con armas mortíferas en la guerra contra al-Qaeda y matar a los llamados enemigos de la nación -incluyendo a ciudadanos estadounidenses- y miles de otros civiles inocentes.

A azucenas no huelen

Expresó que la mala fama y reputación que se han ganado estos robots en la milicia contribuye al escepticismo por su uso en poblaciones civiles domésticas.

Agregó, que todo este panorama se complica en la Isla porque aquellos que son disidentes pueden ser espiados por simplemente pensar de una forma diferente a la del gobierno de turno, como ocurrió en el pasado según reveló el notorio caso de “las carpetas” confeccionadas por la desaparecida División de Inteligencia de la Policía contra independentistas.

Esta tecnología establece “una nueva frontera” mediante la cual los agentes policiacos podrían obviar la obligación de obtener una orden judicial para registrar, allanar y vigilar la intimidad de una persona que observe una conducta legítima pero piense de una forma diferente al gobierno.

“Es un territorio nuevo”, destacó Ramírez. “Como todo, entran con nuevas tecnologías, facilita el trabajo de la Policía, pero se puede abusar del proceso y darle la vuelta a la Constitución y a los sistemas judiciales”.

Las legislaturas de varios estados han aprobado o consideran proyectos de ley para que sea necesaria una orden judicial con una declaración jurada de causa probable antes de utilizar estos aparatos para vigilar a sus ciudadanos.

El Senado y la Cámara de Representantes estadounidenses evalúan medidas similares. Una de estas es el de la Ley de Preservación de la Privacidad de los Americanos (Preserving American Privacy Act).

Ramírez opinó que así debe ser en Puerto Rico, aunque “no tengo tanta fe de que eso sea así” a pesar que se aprobaran medidas similares aquí.

Afirmó desconocer de primera o segunda mano que se estén usando en la Isla para espiar, pero enfatizó que la ACLU se mantiene atenta a querellas ciudadanas sobre la invasión a su intimidad.

Niegan pero no desmienten el ojo celestial

Michelle Franco, portavoz de la Policía, aseguró que esa agencia no utiliza dicha tecnología para sus investigaciones.

El CPI le insistió a la funcionaria en que algunos de los documentos examinados para este reportaje mencionaban que el grupo interagencial federal considera flexibilizar sus normas para que sus integrantes, incluyendo la Policía y específicamente las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), utilicen las aeronaves teledirigidas. Este task force, de los cuales algunos han admitido que utilizan esta tecnología, se atribuye logros contra el contrabando, narcotráfico y el trasiego de indocumentados desde por lo menos el año pasado. Franco quedó en cotejar si “la nueva FURA” la usa o la usará en el futuro y responder posteriormente, pero nunca lo hizo.

Mientras, Maritza Conde, portavoz del FBI, contestó que no puede “confirmar ni negar que la usamos”, refiriéndose a la tecnología de aeronaves por control remoto como técnicas de investigación.

Aunque rechazó que el FBI opere bajo la sombrilla del Department of Homeland Security, (DHS), aclaró que operan bajo la sombrilla del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Precisamente, el pasado 28 de febrero, el portal cibernético de la ACLU, divulgó en un blog en el que el Servicio de Alguaciles de  Estados Unidos admitió que utiliza estos aparatos desde 2006. Tras una  petición de la ACLU bajo la Ley de Acceso Libre a la Información (FOIA), el Servicio de Alguaciles sólo le entregó dos páginas ampliamente censuradas de las 30 contenidas en un documento del Grupo de operaciones técnicas y su Programa de vehículos aéreos no tripulados portables por hombres.

Los alguaciles federales operan, al igual que el FBI, bajo la sombrilla del Departamento de Justicia, lo que permite que comúnmente ambas agencias federales compartan fácilmente sus recursos tecnológicos.

Un artículo publicado en Los Angeles Times
menciona que, tras 18 meses de pruebas silenciosas de estos aparatos en las Bahamas, el DHS se disponía integrarlos en su lucha contra el narcotráfico en el Caribe y el Golfo de México y expandir dramáticamente este tipo de vigilancia. Menciona que la Agencia federal de Aviación (FAA) aprobó el año pasado una ruta de vuelo de sobre 1,000 millas en el Pasaje de la Mona para este tipo de aeronave de control remoto.

El comisionado residente Pedro Pierluisi no estuvo disponible para contestar qué, si algo sabe, sobre el uso de los drones en Puerto Rico.

El FBI y otras agencias lo pueden compartir entre sí

Ramírez destacó, que si una agencia federal lo tiene a su disposición en la Isla, y otra entidad gubernamental estadounidense lo solicita, lo compartirían bajo la sombrilla que permite el DHS o el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según un ‘blog’ de Jay Stanley, analista senior de política pública del Proyecto de Expresión, Privacidad y Tecnología de la ACLU, publicado en febrero pasado, ya hay cámaras operando las 24 horas los siete días de la semana en espacios públicos, pero la tecnología de los drones puede acercar sus grabaciones a cada calle, lote vacío, patio y campo de las ciudades.

Stanley considera que esta tecnología tiene la capacidad de amenazar la privacidad de los ciudadanos por control remoto y rastrear la ubicación de peatones y vehículos durante sus viajes diarios.

Un intruso en su casa o en su carro

Aunque esta tecnología no reconozca los rostros o números de tablillas de los vehículos de motor, el video promocional de un fabricante alega que sus aeronaves teledirigidas pueden grabar desde el aire sin ser detectadas y acumular las imágenes de individuos y automóviles particulares entre su punto de origen y destino en las mañanas, viceversa en la tarde y todas sus escalas entremedio en ambas direcciones.

Un segmento del programa NOVA
de la cadena PBS, muestra cómo una cámara de 1.8 millones de megapíxeles identifica a los vehículos y peatones desde gran altura con cuadros de colores según se desplazan por partes de una ciudad.

Stanley arguyó que si estas imágenes se parean con los códigos postales de la ciudad en la que se tomaron, que son muy parecidos a los de tractos del Censo, se podría identificar específicamente al 5% de la población. Agregó que si se selecciona un grupo de 21 o menos de estas personas en movimiento, la tasa de identificación de individuos aumenta a un 50%.

Lo que es peor, si se identifica el bloque a nivel del Censo, y se conoce el lugar de residencia y de trabajo del individuo, esta tecnología ayudaría a identificar virtualmente a toda la población y al añadir las escalas diarias que hacen entre ambos puntos, de vivienda y laboral, durante varios días, se conocerían sus preferencias políticas, religiosas y hasta sexuales.

Ramírez reaccionó a esto planteando que es una amenaza a la libertad de movimiento y de asociación, ambas protegidas por las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos.

Más aún, Ramírez aseguró que el Estado estaría grabando una población cuya mayoría no es criminal y cuyos ciudadanos “estarían sujetos a ser grabados y perseguidos aunque el 99% de ellos sean inocentes de delito alguno”.

Hace años vuelan en Puerto Rico

Según una fotografía publicada por la Fuerza Aérea estadounidense el 21 de enero de 2010, un sargento de la división técnica de dicha rama de Defensa operó junto a un mayor que fungió como piloto un avión de control remoto Predator desde la Base Aérea Creech en Nevada. El Predator había despegado del Aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla en una misión humanitaria relacionada con Haití.

Durante los pasados cuatro años, Puerto Rico ha recibido asignaciones multimillonarias de agencias federales para combatir el terrorismo y fortalecer la lucha contra el contrabando de drogas, indocumentados y dinero del narcotráfico.

Los portales cibernéticos de las agencias federales que asignaron los fondos mencionan que su intención es promover que los gobiernos, a nivel de condado, usen los fondos para apoyar una petición al Gobernador para activar unidades o equipos interagenciales especializados de la Guardia Nacional y de ley y orden para aumentar las actividades operacionales equipados con tecnologías de avanzada.

De acuerdo con una hoja informativa (Fact Sheet) publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos titulada Combatiendo el Crimen en Puerto Rico, en septiembre de 2012 el DHS implementó la Operación Escudo Caribeño (Operation Caribbean Guard u OCG) para interceptar armas ilegales, drogas ilegales y dinero fluyendo hacia y desde la Isla.

El documento indica que existen seis esfuerzos separados para apoyar a OCG y que se concentran en la inspección de carga, correspondencia, embarcaciones y personas viajando hacia y desde Puerto Rico.

Por la libre los millones en asignaciones a la Isla

La hoja informativa menciona que la Patrulla de fronteras (US Customs and Border Patrol) está revisando operaciones de vuelo, incluyendo el despliegue (deployment) de sistemas de aeronaves no tripuladas de estaciones en (el estado de la) Florida a la región de Puerto Rico para determinar el uso más efectivo de horas de vuelo para apoyar los esfuerzos de la OCG.

Todo apunta a que las agencias federales buscan que los fondos asignados bajo la sombrilla del DHS y de otras dependencias federales para agencias de ley y orden y militares cuenten con una flexibilidad que sirva para apoyar los esfuerzos de la Policía de Puerto Rico y, ante la incapacidad de ésta para resolverlos, por las agencias federales.

El “DHS está trabajando con el Departamento de Justicia (de los Estados Unidos) y otros socios federales y locales de la Isla para establecer una estrategia de ‘Rescatemos Nuestros Vecindarios (Take Back our Neighborhood) para los residenciales públicos de alta incidencia criminal en la región mediante… la evaluación de la capacidad de Puerto Rico para expandir el uso/flexibilidad de las asignaciones de OPSG y otras del DHS”, añade la hoja informativa.

Por su parte, el portal cibernético de la Federación de Científicos Americanos divulgó el verano pasado que el Departamento de Defensa tiene a Puerto Rico entre una de sus 110 bases identificadas para operar sus aeronaves teledirigidas.

El informe del Pentágono al Congreso sobre el Adiestramiento, Operaciones y Viabilidad del Futuro del Sistema de Aeronaves No Tripuladas menciona específicamente el despliegue de aeronaves RQ-11B, también conocidas como Raven, para despegar desde las instalaciones de la Reserva Aérea de la Guardia Nacional en Salinas entre el año fiscal en curso y el año fiscal 2017-18.

Oprima aquí para ver el programa completo de NOVA de la cadena de televisión PBS, titulado Rise of the Drones, donde se presenta el ARGUS y, una vez el cursor se convierta en una mano, oprima nuevamente sobre la imagen del ‘drone‘.