- Foto: Joel Cintrón Arbasetti
La opinión mayoritaria del Tribunal Supremo, que determinó que una pareja del mismo sexo no puede adoptar, refleja el desconocimiento que tienen los jueces de la mayoría sobre los conceptos de sexo, género y orientación sexual.
Por lo menos, así lo entiende Efrén Rivera, profesor de derecho y abogado constitucionalista, quien destacó que “los jueces de la mayoría maltratan esa discusión, las opiniones mayoritarias hacen un revolú con eso y demuestran una confusión in extremis de esa discusión teórica”.
Pero, tal vez los jueces de la mayoría en el Tribunal Supremo no sean lo únicos en confundir, o en no querer aceptar otra visión sobre la relación entre sexo y género, pues estos son temas que no se discuten mucho fuera del ámbito académico debido, en parte, a que se da por sentado, por ejemplo, que el órgano reproductivo con el que alguien nace determina el género que esa persona asumirá.
Sin embargo, esa visión tan influyente todavía en el sistema legal local, se tambalea en el mundo real con la diversidad de identidades que asumen las personas.
Alguien central en la discusión sobre este tema ha sido la filósofa estadounidense Judith Butler, quien debate en torno a cómo el género (hombre/mujer) no es algo natural o algo con lo que se nace, sino que las maneras de ser hombre o mujer se aprenden durante el desarrollo de la persona en una sociedad que tiene unas reglas específicas.
Esto es como decir que el género se construye culturalmente, por esa razón “el género no es el resultado causal del sexo ni tampoco es tan aparentemente rígido como el sexo. El género es una interpretación múltiple del sexo”, argumenta Butler en su libro de 1990 El género en disputa. Butler, quien es profesora en la Universidad de California en Berkeley, añade que “aunque los sexos parezcan ser claramente binarios en su morfología (forma) y constitución, no hay ningún motivo para creer que también los géneros seguirán siendo sólo dos”.
Lo importante de este debate en el caso de la adopción de una menor por dos personas del mismo sexo, es que en la decisión de los jueces de mayoría, según Rivera, “se utilizó el sexo como criterio para decir cuál es el efecto de la adopción”. Y esto se confirma en el hecho de que, cuando se trata de personas de distinto sexo, no se rompe el vínculo con la madre biológica, pero cuando son del mismo sexo se rompe ese lazo que es, precisamente, lo que querían mantener las dos madres con la adopción de la menor.
Por lo tanto, “es discrimen por sexo puro y duro”, argumentó el profesor.
Sobre la opinión de la jueza asociada del Supremo, Mildred Pabón Charneco, de que “en este caso no hay un problema por discrimen por razón de sexo, porque la ley le prohíbe tanto a hombres como a mujeres adoptar niños con parejas del mismo sexo”, recordó Rivera el caso Loving v. Virginia, de 1967. En ese caso, un hombre blanco y una mujer de ascendencia afroamericana e indígena, se casaron en Virginia. Por haberse casado los condenaron a un año de prisión más los exiliaron del estado por 25 años, pues una ley prohibía el casamiento entre una persona blanca y otra persona no blanca.
En ese momento, la defensa del estado era que en estos casos no había discrimen por razón de raza porque se castigaba igual a negros y a blancos que se casasen entre sí. En ese caso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó dicha interpretación del estado de Virginia porque usaba la raza como criterio, lo cual está prohibido por la Constitución de EEUU.
En el caso de aquí, con la adopción negada, sucedió algo similar que en la decisión racista de Virginia, sólo que en este caso los jueces de mayoría del Tribunal Supremo, en vez de la raza, usaron el sexo como criterio para emitir su opinión, según el análisis del profesor Rivera.
El asunto fue el tema del conversatorio La adopción por parejas del mismo sexo y los derechos de sus hijas e hijos, celebrado en el Colegio de Abogados esta semana. En la actividad, además del licenciado Rivera, participaron Nora Vargas Acosta, abogada de las peticionarias en el caso de adopción por parte de una pareja de lesbianas, Judith Berkan, abogada constitucionalista y presidenta de la junta de directores del Centro de Periodismo Investigativo, y la presidenta del Colegio de Abogados, Ana Irma Rivera Lassen. Además, estuvo presente Carmen Milagros Vélez, una de las afectadas en el caso por adopción.
Durante el conversatorio se argumentó ampliamente cómo el discrimen por sexo en el máximo foro judicial de Puerto Rico no sólo proviene de una confusión o un desconocimiento de los jueces sobre los temas de sexo, género y orientación sexual, sino también por un fuerte sesgo religioso que impera entre sus miembros de mayoría.
En una cita de la opinión del juez y pastor Erick Kolthoff, leída por la licenciada Berkan, el juez, citando a la Biblia y en alusión al caso de adopción por parejas del mismo sexo, dijo que: “En ocasiones hemos cambiado el cause natural de un río para luego sufrir su justa venganza. Hubiera sido mejor detenernos reflexivamente en su ribera y aceptar la sabiduría de la creación”.
El profesor Rivera considera que este era un caso sencillo pero que los jueces decidieron entrar en la cuestión constitucional, o en todo caso, en una lectura originaria y rígida de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
“Este tema lo que plantea, desde el punto de vista constitucional, es que el Estado, cuando va a legislar y va a establecer distinciones entre unas personas y otras, y entre unos grupos y otros, lo tiene que hacer con sumo cuidado. Los tribunales, cuando se encuentran ante una situación como esa, han desarrollado toda una serie de criterios para analizar lo que ha hecho la Legislatura o las decisiones que ha tomado el ejecutivo cuando de alguna manera legislan para distinguir y discriminar entre personas”, explicó Rivera.
Así también, para Berkan “este era un caso muy simpático, realmente fácil de decidir correctamente y no lo hicieron en un momento de crear cambio social”.
Por otro lado, a juicio de Rivera este caso es un asunto de responsabilidad compartida.
“Aquí responsables son el tribunal, el ejecutivo y el legislativo. Esto no es hechura sólo del tribunal con todo y lo que lo podamos criticar”, dijo el abogado, quien añadió que al tribunal hay que exigirle que, a la luz de las presiones habidas y los argumentos que se han esbozado, acojan la moción de reconsideración que se someterá. Recordó que los jueces de mayoría tienen la opción de retirar su oposición en este caso.
Sobre el gobernador Alejandro García Padilla, el licenciado Rivera lo instó a hacer lo mismo que hizo la administración del presidente Barack Obama quien no defiende la constitucionalidad de la Ley de Defensa del Matrimonio. Lo invitó al ejecutivo a que vaya a argumentar a los tribunales, como se espera que hará la administración Obama en el verano cuando el Tribunal Supremo de EEUU tenga ante sí la ley federal que defiende el matrimonio como uno exclusivamente heterosexual.
“Y si no quieren hacer nada de eso, o entienden que no deben hacerlo, pues siéntense inmediatamente, redacten un proyecto de ley y mándelo como proyecto de administración a la Asamblea Legislativa para remediar esta situación a esta familia y muchas otras personas afectadas por esta ley”, dijo Rivera.
El abogado concluyó declarando que “el ejecutivo tiene responsabilidad en esto y yo desde aquí, desde este foro quiero hacer un llamado al ejecutivo para que asuma su responsabilidad”.
En Puerto Rico no es donde único han creado controversia las opiniones de jueces en casos de adopción por parejas del mismo sexo. El mismo día del conversatorio en el Colegio de Abogados, el periódico El País de España publicó que el gobierno de ese país acogió la propuesta del Ministerio de Justicia y denegó el indulto al juez Fernando Ferrín Calamita, a quien el Tribunal Supremo condenó a diez años de inhabilitación en 2009 por retrasar y entorpecer con argumentos homofóbicos el proceso de adopción de una niña por la pareja lesbiana de la madre biológica.
El conversatorio en el Colegio de Abogados atrajo la atención de un número considerable de personas. La sala donde se llevó a cabo estaba llena a capacidad con un público compuesto mayormente por abogados y abogadas, estudiantes y otras personas de la comunidad que, a pesar de la seriedad del tema, no pudieron evitar las carcajadas mientras se discutían las opiniones de los jueces de mayoría.
