Ley 7 agravó atraso en el Registro de Marcas en Estado

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kennethcpiEl atraso que padece desde finales de la pasada década el Registro de Marcas del Departamento de Estado se agravó con los despidos de empleados producto de la Ley 7. De nada valieron los esfuerzos del pasado secretario de Estado Kenneth McClintok, al llegar la actual administración heredó una situación descrita como “inaceptable” con unas 20 mil transacciones atacadas.

Aunque podría parecer algo cosmético o sólo técnico, tanto el actual secretario de Estado David Bernier, como su predecesor, se refirieron al atraso como uno ´histórico´ e ´inaceptable´ que pudiera tener repercusiones en la economía y la creación de empleos.

Bernier indicó que tan pronto llegó a la agencia él y su equipo identificaron un atraso de tres años en el proceso de registrar y otras transacciones con las marcas de fábrica, servicios y comercios.

McClintock reconoció en entrevista por separado con el Centro de Periodismo Investigativo que cuando él asumió el cargo en 2009, el atraso era de cinco años.

Se defiende ex director del Departamento de Marcas

Rafael Aponte García, ex director del departamento de Marcas del departamento de Estado rechazó el calificativo de “histórico” al referirse al atraso de los trámites bajo su incumbencia que utilizaron tanto de McClintock como de Bernier.

Aponte García dirigió el departamento de Marcas bajo los gobernadores Aníbal Acevedo Vilá y Luis Fortuño. Aseguró que tan pronto llegó, entre 2007 y 2008, estableció como prioridad integrar el Registro de Marcas a los procedimientos digitalización de las bases de datos que se estaba dando la agencia.

Además, comenzó a trabajar en una nueva ley de marcas, así como en su reglamento y guías de calificación.

Como parte de ese esfuerzo, instituyó un procedimiento de calificación (examen) de marcas para obtener el derecho de propiedad intelectual y estableció un nuevo método de almacenaje de los documentos y expedientes públicos.

Aponte García enfatizó que logró el apoyo de la Administración de Acevedo Vilá porque el Registro de Marcas era parte de la infraestructura de la Isla para hacer negocios y servía de garantía de derechos de propiedad intelectual sobre la inversión local y extranjera.

Para aquel entonces, el funcionario, en conjunto con la Oficina de Gerencia y Presupuesto y una empresa puertorriqueña, comenzó el diseño y desarrollo de una base de datos que luego permitió hacer los registros de marcas a través de la Internet.

Con el apoyo de una Comisión de Marcas integrada por abogados especializados en propiedad intelectual, se aprobó la nueva ley en diciembre de 2009, su reglamento y las guías de calificación.

Aponte García renunció a su cargo en febrero de 2011 debido a que la Ley 7, aprobada por Fortuño, eliminó 12 puestos de su departamento, dejándolo sólo a él y a dos secretarias, por lo que él tenía que hacer personalmente las calificaciones de las nuevas marcas para el registro.

Aseguró que cuando renunció, el atraso máximo era de dos años, pero todo se atrasó aún más por la drástica reducción de los empleados dedicados a esa tarea.

Aponte García además, dijo, inició los acuerdos de colaboración con las escuelas de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y de la Universidad Interamericana.

Coinciden el ex Secretario de Estado y su sucesor

McClintock aseguró que logró reducir la brecha del atraso por nueve meses disminuyendo la burocracia y comprando computadoras con pantallas más grandes para visualizar mejor los logotipos de las marcas.

Bernier aseguró que en los tres meses que lleva en el cargo, ha logrado reducir la brecha en entre seis y siete meses, su meta es que el atraso sea mínimo para finales del 2013 y sea menos de los 60 días que toma el mismo trámite en la esfera federal para el 2014.

”Ese atraso histórico es inaceptable”, dijo Bernier, quien se expresó optimista con su meta pero cauteloso con que las medidas adoptadas sean suficientes para evitar que la situación pueda repetirse de aquí a 20 años.

McClintock atribuyó la causa principal del atraso al procesamiento legal del Registro de Marcas por lo que contrató entre siete y ocho abogados para reforzar el equipo encargado de calificar los elementos de las marcas. Estableció un “war room” que operaba de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y cinco o seis horas los sábados.

McClintock reconoció que tomó estas medidas durante su último año de gestión porque “honestamente, no se hizo antes porque me concentré primero en el Registro de Corporaciones”.

Una meta con dos estrategias combinadas

Bernier y el secretario auxiliar de Estado, Francisco Rodríguez, explicaron que lo primero que hicieron fue establecer un itinerario de reuniones focales con abogados que postulan en el Registro de Marcas y con la Comisión de Propiedad Intelectual del Colegio de Abogados para escuchar sus recomendaciones.

Además, se firmó un acuerdo con la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y espera completar uno similar con la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana para triplicar los recursos legales con los estudiantes que aprobaron el curso de derecho marcario.

Rodríguez adelantó que las oficinas para tramitar pasaportes ubicadas en Plaza Las Américas, Fajardo, Guayama y Arecibo y la planificada para Mayagüez se  utilizarán también para tramitar las marcas.

El funcionario añadió que hay unas 20,000 transacciones atascadas en ese atraso de tres años, las cuales incluyen inscripciones de marcas, enmiendas, gravámenes y terminaciones.

“Terrible” para la economía y la creación de empleos

McClintock reconoció que el atraso en el Registro de Marcas es “terrible para la economía” porque empresas que interesan invertir millones de dólares en la Isla quieren proteger su inversión sin arriesgar su marca. A su vez, esto amenaza los esfuerzos gubernamentales para la creación de empleos.

Como ejemplo, McClintock mencionó la intención de establecerse en la Isla de las tiendas Target, cuyo logotipo es una diana con círculos blancos y rojos, igual que el de una compañía de alquiler de vehículos de motor establecida hace décadas en Puerto Rico.

Por su parte, Bernier reconoció que la operación óptima del Registro de Marcas es “fundamental para la economía de Puerto Rico” por la protección que le ofrece a los comerciantes.

Rodríguez agregó que un comerciante que tiene su marca registrada con el Departamento de Estado tiene derecho al pago de tres veces los daños sufridos si un competidor la infringe.

Además, según el funcionario, los comerciantes habían perdido un poco de confianza en el Registro de Marcas y al reducirse el atraso se está notando un aumento en las inscripciones nuevas.

Estrategias diferentes dan en el “blanco”

María Teresa Sendrey Ramos, una abogada especializada en propiedad intelectual y con 18 años de experiencia en Marcas, reconoció en entrevista por separado que el volumen de este tipo de transacción era “inmanejable” hasta que McClintock y Bernier se percataron de la situación.

Sendrey Ramos, quien trabaja para el Bufete de Fiddler, González y Rodríguez, explicó que las transacciones en el Registro de Marcas incluyen cambios de nombres, de dirección y de dueño.

Agregó, que los cambios a la Ley de Marcas coincidieron con la reforma de protección de propiedad intelectual más grande que se ha dado en la Isla y con el cambio de registradores en el Departamento de Estado, lo que contribuyó a complicar la situación.

Sin embargo, Sendrey Ramos reconoció que ambas administraciones le han prestado atención al problema y opinó que es una de las principales prioridades de Bernier.

Aunque reconoció que es un instrumento para proteger negocios, productos y servicios, minimizó el impacto negativo que pueda tener en un comercio el atraso en la aprobación de su marca, ya que enfatizó que el derecho de la misma surge de su uso y no de su registro.

Por otro lado, afirmó que el volumen en Puerto Rico es mayor aún porque la Ley de Marcas Federal no protege a los comerciantes potenciales en la Isla hasta que usan sus marcas en Puerto Rico.