Usted que rinde planillas, sepa que parte de sus impuestos ayudan a enriquecer aún más a empresas multimillonarias como la polémica Monsanto. El Departamento de Agricultura de Puerto Rico ha otorgado, en los últimos seis años, más de $20 millones en fondos públicos a ésta y otras siete multinacionales, que han llegado a la Isla a experimentar con semillas modificadas genéticamente.
Las compañías beneficiadas, sin embargo, incumplen un requisito fundamental para obtener esos incentivos: no son empresas agrícolas. Además, cuentan con el visto bueno del Gobierno para controlar más de 500 acres de tierra; o sea, exceder el límite que permite la Constitución. Así lo sostiene una opinión confidencial del Departamento de Justicia, a la que tuvo acceso el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Esta contradicción se mantiene cuando el Departamento de Agricultura, bajo la nueva administración de la profesora Myrna Comas, continúa otorgándole esos fondos públicos en forma de subsidios salariales. La Autoridad de Tierras, bajo la sombrilla del Departamento de Agricultura, está además en conversaciones con Monsanto para renovarle dos contratos de arrendamiento en parte de las mejores tierras cultivables del País en llanos de Juana Díaz equivalentes a 768 acres: 268 más de los que permite la Constitución.
En esas tierras, Monsanto lleva a cabo una actividad llamada biotecnología agrícola: la disciplina de “mejorar” especies como el maíz, soya y algodón, por ejemplo, cruzando sus genes con los de otras especies. Se trata de una actividad de investigación y desarrollo científico, cuyos productos no son alimentos para el consumo inmediato, sino que se desarrollarán en otro país (EEUU), de modo que no se enmarcan en la definición de agricultura, sostuvo Guillermo A. Somoza Colombani, secretario de Justicia durante la administración anterior.
Esta opinión de Justicia contestó una consulta hecha por la Compañía de Fomento Industrial, que inquirió el año pasado si estas multinacionales violaban la Constitución al controlar más de 500 acres. Somoza sostuvo que no. Consideró que el Artículo VI impone el límite para evitar el dominio de empresas dedicadas a la agricultura, específicamente los latifundios azucareros de principios del siglo pasado.
Y la opinión de que no son empresas agrícolas y que pueden controlar más de 500 acres se mantiene en esta administración, según una declaración del actual titular de Justicia, Luis Sánchez Betances, enviada al CPI. No obstante, éste prepara un análisis jurídico nuevo, porque Comas le solicitó el mes pasado su parecer sobre el control de más de 500 acres por parte de Monsanto, en el contexto de la renovación de los contratos para alquiler de tierras públicas en Juana Díaz. Monsanto controla unos 1,500 acres de tierra entre Juana Díaz, Santa Isabel, Isabela y Aguadilla.
Las semilleras tienen por el momento campo abierto para adquirir más tierras en el país, mientras siguen recibiendo beneficios, como exenciones contributivas de Hacienda, que las considera “agricultores bonafide”.
Así, el gobierno de Puerto Rico auspicia a la polémica multinacional que ha provocado manifestaciones alrededor del mundo, como la llamada Marcha mundial contra Monsanto, este 25 de mayo. En Puerto Rico, los manifestantes que defienden la agricultura ecológica y el medioambiente irán desde el Departamento de Agricultura hasta el Centro Minillas, para protestar contra la semillera, por “añadir químicos a la agricultura, adueñarse de cosechas que no le pertenecen, por poner la salud y el bienestar del mundo por debajo del dinero y más…”, dice la invitación a la marcha en Facebook. Las manifestaciones comenzaron hace semanas, con la noticia de que Monsanto iba a ser exaltada al Salón de la Fama de la Agricultura Puertorriqueña.
¿Por qué la impopularidad de la empresa? ¿A quién se llevó por delante?
Monsanto, que experimentó en la Isla en los años 60 con Agente Naranja, experimenta ahora con las primeras generaciones de semillas modificadas genéticamente, para luego distribuir y sembrar a gran escala en EEUU. Su principal producto es el maíz transgénico, que se convierte principalmente en sirope de maíz (contenido en comida chatarra que se vincula con cáncer, obesidad y diabetes). Para ese tipo de monocultivo a gran escala se usan grandes cantidades del herbicida Roundup, que, según amplia literatura, contamina el ambiente. La semilla, de hecho, fue modificada para resistir ese químico, que también fabrica Monsanto, y causa la mortandad de las demás plantas.
La empresa ha sido demandada en Brasil, Francia y Reino Unido por mercadear falsamente su herbicida como biodegradable. La semillera más grande del mundo compra empresas de semillas en diferentes países (como hizo con Asgrow Seeds en Puerto Rico), e impone sus productos, disminuyendo la diversidad de especies y de alimentos. La empresa además prohíbe a los agricultores recolectar semillas para siembras subsiguientes, so pena de demandarlos.
Se trata de una de las compañías más ricas del Planeta, que está en la lista de Forbes 500, y acaba de informar un crecimiento sin precedentes de un 22% en el último trimestre, en parte por el boom de transgénicos y del herbicida Roundup en Brasil y Argentina. Entre 2006 y 2013, esa empresa recibió $4.9 millones de dólares de los contribuyentes puertorriqueños en forma de subsidios de salarios para sus empleados, según la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA).
ADEA tiene un presupuesto anual para subsidios salariales de $38 millones. Reembolsa a las semilleras $2.72 por cada hora de trabajo que pagan a los obreros del campo. El ex secretario de Agricultura, Fernando Toledo, enmendó el reglamento del incentivo en 2001 para incluir a las semilleras multinacionales.
Monsanto, no obstante, es la segunda que más recibe este incentivo. Pioneer Hi-Bred se beneficia mucho más, pues ha recibido $7.6 millones en los últimos siete años. Ésta última empresa pertenece a la química estadounidense DuPont, y es la principal competidora de Monsanto en el lucrativo negocio global de los transgénicos, con la que ha mantenido guerras por las patentes de sus semillas.
¿Es moral que el Departamento de Agricultura esté apoyando este tipo de empresas?
“Nuestra misión es velar por la seguridad alimentaria de los puertorriqueños y todo lo que pueda atentar contra la seguridad alimentaria de los puertorriqueños nosotros lo estaremos evaluando y tomando las acciones correspondientes”, dijo la funcionaria al evadir contestar la pregunta. Sostuvo al CPI que como secretaria de Agricultura tiene que seguir la política pública, recordando que la Ley 62 de 2009, impulsada por el ex gobernador Luis Fortuño, establece que el ELA tiene que convertirse en meca de la biotecnología agrícola.
Cuando el gobernador Alejandro García Padilla nombró titular de Agricultura a esta profesora, la designación fue celebrada como esperanzadora, y como una posible solución al grave problema de falta de producción de alimentos en el País.
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Cuantos puertorriqueños están dispuestos a poner su dinero y a cultivarlas? Raspesen