Logro comunitario por acceso a información del programa de Comunidades Especiales

Imprimir Más
logro

Un reclamo de Mandamus, incoado por siete líderes comunitarios, logró que el gobierno les entregara información que requerían sobre el Fideicomiso Perpetuo de las Comunidades Especiales para el que se asignaron hace una década $1,000 millones sin que al día de hoy se sepa cuánto se ha gastado de ese fondo y en qué.

El recurso fue presentado por José Figueroa Pesquera, de la comunidad Toro Negro de Ciales; Carmen Villanueva Castro, de Hill Brothers, Río Piedras; Wilfredo López Montañez, del barrio Sonadora de Aguas Buenas; Jorge L. Oyola Torres, de Los Filtros, Guaynabo; Ángel Vargas Sanabria, de Sabana Eneas, San Germán; Carmen Febres Alméstica, de Barrio Obrero-Marina de San Juan, y Rafael Rivera Rivera, de Villa Cañona, Loíza.

Los líderes comunitarios se acercaron al Centro de Periodismo Investigativo para que los representara en su reclamo de acceso a información junto con la Oficina Legal de la Comunidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

El recurso extraordinario de Mandamus fue presentado el pasado 27 de marzo, para que tanto el Departamento de Vivienda como el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales, cumplieran con sus respectivos deberes ministeriales y les entregaran la información pública que reiteradamente habían solicitado los líderes comunitarios sin éxito.

El tribunal fue la última opción del grupo. Su reclamo se inició en el 2011 cuando  acudieron ante el exsecretario de la Vivienda Miguel Hernández Vivoni, y la directora ejecutiva del Fideicomiso para las Comunidades Especiales, Ana M. García, por medio de requerimientos escritos.

Tras el recurso presentado en el tribunal el gobierno “voluntariamente” entregó la información a los demandantes por lo que el 8 de abril pasado el grupo desistió sin perjuicio de su recurso de Mandamus. “Están revisando la información recibida. A la luz de ese análisis se determinará el próximo paso a seguir”, indicó el licenciado Osvaldo Burgos, que lideró la representación legal del grupo.

El 25 de mayo pasado, la ex gobernadora Sila Calderón y el actual mandatario Alejandro García Padilla, anunciaron que realizarán sendas investigaciones sobre el uso de los fondos del Fideicomiso Perpetuo de las Comunidades Especiales.

El Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales se creó al amparo de la Ley Número 271 de 2002, en cuya exposición de motivos se expresa el interés gubernamental de atender el problema de la marginalidad existente en las llamadas comunidades especiales de la Isla. El estatuto estableció una inversión total de $1,000 millones para mejoras de infraestructura, construcción y rehabilitación de viviendas. También buscaba fomentar la autogestión económica entre los residentes de dichas comunidades. Así pues, el Fideicomiso Perpetuo contó con una inversión de $560 millones para la rehabilitación y construcción en 20,000 viviendas y $130 millones a emplearse en nuevas obras e instalaciones.  A estas cantidades se le agregaron otros $310 millones para unas 486 comunidades.

¿Qué solicitaban?

El grupo de líderes comunitarios solicitaba  al Fideicomiso un informe de gastos de cada uno de los municipios que recibió fondos de éste a través de convenios.  Se especificó que los documentos debían reflejar el gasto por proyecto y por comunidad. También se solicitó copia de los estados de cuenta auditados o certificados que indicaran el balance en caja de los fondos del Fideicomiso al cierre de los años 2007, 2008, 2009, 2010 y hasta lo transcurrido entonces del 2011.  Además, se pidió copia del expediente (recibos) que señalara un desglose por año del total de los fondos recibidos de parte del Banco de la Vivienda por concepto de pago de hipotecas otorgadas a los residentes de Comunidades Especiales.

Al Departamento de la Vivienda, se solicitó copia del inventario de todas las propiedades compradas o adquiridas con fondos del Fideicomiso. La información debía detallar elementos como ubicación, costo y nombre del vendedor de cada una de éstas.  Asimismo, también se solicitó copia del expediente (recibos) de los pagos recibidos por concepto de hipotecas otorgadas a residentes de Comunidades Especiales, desde el primer pago hasta el más reciente, desglosado por año, independientemente de que se tratase de una vivienda nueva o de una rehabilitación realizada con los fondos del Fideicomiso.

Vivienda debía suplir además, un informe de ingresos, por año, en virtud del pago de hipotecas de los residentes de Comunidades Especiales al Banco de la Vivienda y evidencia de que ese dinero fue remitido al Fideicomiso, si es que eso efectivamente ocurrió. Además, se solicitó un inventario de todas las hipotecas otorgadas a residentes de Comunidades Especiales sobre vivienda nueva o rehabilitación con fondos del Fideicomiso, hasta septiembre de 2011.

Ante la entrega por parte del gobierno de orden del tribunal para que se entregara al grupo  la información que requerían, el pasado 8 de abril, los demandantes optaron por presentar una Moción de desistimiento voluntario sin perjuicio.  Así las cosas, pidieron al Tribunal que tomara conocimiento de lo anterior y que dictase sentencia conforme lo solicitado. Esto debido a que tras el recurso extraordinario, la parte demandada suministró unas tablas de cuyo contenido debía desprenderse los datos solicitados.

“Las tablas proporcionadas por Vivienda y el Fideicomiso contienen una lista de proyectos desarrollados en comunidades. Los datos requeridos tanto por carta como a través del Mandamus, eran bastante amplios y específicos. Estamos en una etapa de evaluación profunda. Por lo que hemos visto hasta ahora, existe una posibilidad real de que volver al foro judicial sea una alternativa”, explicó López Montañez, quien preside la Junta Comunitaria del barrio Sonadora de Aguas Buenas.

Según López Montañez, el liderato comunitario tiene gran preocupación desde hace tiempo pues no se ha contado con una auditoría de los gastos incurridos por varias de las agencias que desarrollaron proyectos en las diversas comunidades.

“Esto incluye además al Departamento de Transportación y Obras Públicas, que tenía a su cargo levantar proyectos de infraestructura.  Tampoco conocemos del manejo del dinero que se dedicó a establecer convenios con determinados municipios”, agregó.

Los líderes comunitarios entienden que tienen la responsabilidad social y política de saber cómo se utilizaron los fondos que estaban destinados al desarrollo socioeconómico de las comunidades. De ahí la solicitud de la documentación mencionada.

“Hace tiempo que se pagan las rentas de los proyectos que el Departamento de la Vivienda sufragó con los fondos del Fideicomiso. ¿Cuánto se ha pagado por este concepto y dónde se están acumulando los dineros del pago de esas hipotecas? Reclamamos una auditoría real, honesta y específica de la utilización de los fondos del Fideicomiso.  Además, quisiéramos saber si dichas cantidades han pasado a formar parte del caudal del Fideicomiso. Eso nos alegraría mucho porque se nutriría el fondo que viabilizaría la continuidad de la obra necesaria en nuestras comunidades.  Se trata de dinero que debe revertir al Fideicomiso para fortalecer ese fondo”, puntualizó López Montañez.

Los demandantes también afirman que otro aspecto importante se articula a partir de la adquisición de terrenos y propiedades en las comunidades, para el desarrollo tanto de proyectos residenciales como de infraestructura.

“Queremos saber dónde están esas propiedades. Nos ha llegado información acerca de la existencia de ciertos municipios que han estado reclamando la transferencia de dichos terrenos y obras”, aseveró antes de recalcar que acudieron al CPI y eligieron la representación de la Oficina Legal de la Comunidad de la Universidad Interamericana porque dicha institución “ha demostrado un genuino compromiso con el desarrollo y la defensa de los derechos de las comunidades”.