Escandalizada la comunidad legal por grilletes que “escuchan conversaciones”

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ankle-bracelet03Entendidos en temas de Derecho en Puerto Rico y Estados Unidos expresaron serias preocupaciones de que el gobierno y compañías privadas que proveen grilletes electrónicos tengan la capacidad de husmear y grabar las conversaciones privadas de los imputados de delito que los portan.

El abogado experto en derecho constitucional, Carlos E. Ramos, afirmó que “la pretensión del Estado de escuchar o grabar las conversaciones no autorizadas de un sumariado con su abogado a través de un grillete-GPS electrónico, constituye la más absoluta y crasa violación a los derechos constitucionales de esa persona”.

“Si esa acción la hace a través de una compañía privada, la violación se magnifica”, advirtió el también profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

“Están implicados cuando menos los siguientes derechos constitucionales: el derecho a estar asistido de abogado, el debido proceso de ley, la presunción de inocencia, el derecho de intimidad y posiblemente la prohibición contra las grabaciones telefónicas. El Estado estaría violando de forma crasa el privilegio abogado-cliente que provee la ley”, dijo.

Ramos recordó que el Artículo II, en su Sección 11, de la Constitución de Puerto Rico, le garantiza a los ciudadanos el derecho a estar representado por el abogado de su selección en los procesos criminales y la Sección 10 del mismo artículo prohíbe cualquier tipo de interceptación telefónica.

Agregó que si es un grillete que puede operarse como un tipo de “micrófono abierto” desde un centro de mando sin el conocimiento del usuario, eso podría ser una violación crasa de los derechos constitucionales de cualquier acusado… y el derecho a la Primera Enmienda a expresarse y asociarse.

“Serían tantas violaciones que parece inconcebible que el Gobierno de Puerto Rico haga algo así y mucho menos que se lo delegue a una compañía privada”. Profesor Carlos E. Ramos

El experto destacó que tanto la compañía que suple los grilletes como el gobierno se arriesgan a ser demandadas por violación de derechos civiles y hasta hay personas que pueden haber incurrido en actividades prohibidas por nuestro Código Penal.

Víctor A. Meléndez Lugo, director de la División de Apelaciones de la Sociedad para la Asistencia Legal, dijo que nunca había escuchado de un caso similar y calificó tal posibilidad de “estremecedora”.

“Grabar o intervenir una conversación telefónica constituye delito en Puerto Rico”, agregó Meléndez Lugo. “Si eso está ocurriendo, eso tiene que dejar de ocurrir ayer”.

Recordó que la principal oposición de los abogados criminalistas al descarrilado plan de la Administración de Tribunales de proveer videoconferencias por circuito cerrado entre acusados sumariados en prisión y sus abogados fue que sus comunicaciones pudieran ser escuchadas por terceros sin su consentimiento.

William Ramírez, director en Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), afirmó que toda persona tiene el derecho a la intimidad y a no auto incriminarse, lo cual podría violarse si está ajena a que sus conversaciones pueden escucharse o grabarse por la OSAJ o la compañía privada que ofrece los grilletes electrónicos con GPS y teléfono celular.

Manifestó que el hecho de estar en libertad bajo fianza mediante la supervisión de un grillete electrónico no es una renuncia automática al derecho a la intimidad.

Aunque Ramírez dijo que esta era la primera vez que escuchaba de tal posibilidad, no le tomaría por sorpresa que el Gobierno “seguramente lo haya hecho y mucho más”, como ha invadido la privacidad de las personas con las aeronaves teledirigidas (drones) y otra tecnología, como cuando le toman fotografías y vídeos sin su conocimiento a través de la propia computadora a los usuarios de la Internet.

Ben Wizner, jefe de ACLU en Washington, D.C., expresó que “el que el Gobierno escuche… (las conversaciones de un sospechoso sin su conocimiento) sería ilegal sin la autorización de un juez” tanto bajo la Ley Federal de Interceptaciones Telefónicas y la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Wizner, quien expresó que era la primera vez que oía de la posibilidad de que un grillete electrónico con GPS y teléfono celular pudiera ser usado de esa forma, dijo que “si permite que se escuchen o se graben las conversaciones en un asunto muy importante… que vale la pena estudiar”.

En cuanto a la alegación de SecureAlert en sus folletos de que la ACLU favorece su producto, Wizner reaccionó que “eso es un comentario tonto. Por supuesto que la ACLU prefiere que (servicios con antelación al juicio electrónicamente) supervise a la encarcelación de los imputados” pero nunca aceptaría que se escucharan o se grabaran sus conversaciones.

Hanni M. Fakhoury, abogado en la Fundación de la Frontera Electrónica (Electronic Frontier Foundation), dijo que la situación “es muy alarmante”.

“Si eso estuviera ocurriendo, sería un gran problema”, afirmó Fakhoury al ser confrontado con los incidentes reportados en Puerto Rico. “No he escuchado de ningún incidente como este. Yo nunca he visto uno de esos aparatos. Ahora es que conozco que estas cosas existen. De ahora en adelante los mantendré en la mira”.

Stephen A. Saltzberg, ex presidente de la sección de Justicia Criminal de la Asociación Americana de Abogados (ABA) y profesor de procedimiento criminal y evidencia en la Escuela de Derecho de la Universidad George Washington en la capital federal, destacó que “si alguien puede en efecto escuchar las conversaciones, plantearía inquietudes”.

Saltzberg no ve estos problemas con los grilletes tradicionales de radiofrecuencia que alertan si la persona sale del perímetro de su hogar establecido por los tribunales o la capacidad telefónica del grillete con GPS.

Sin embargo, se expresó “perplejo y preocupado” por la posibilidad de que estos aparatos puedan usarse para espiar electrónicamente las conversaciones de acusados o convictos que tienen una expectativa de privacidad bajo las leyes federales y locales.

Jerry J. Cox, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Defensores Criminalistas (NACDL), se expresó preocupado en declaraciones escritas.

“Si las agencias de ley y orden de cualquier parte de este País están usando tales grilletes electrónicos con GPS equipados con micrófonos tienen que, por lo menos, hacer una divulgación general sobre ese hecho al público y a nuestros funcionarios electos y hacer una revelación específica y completa del hecho a cada persona que pueda usar uno de esos grilletes, así como también a su abogado”.

La abogada Ana Paulina Cruz Vélez, presidenta de la Comisión de Derecho Criminal del Colegio de Abogados de Puerto Rico, profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, ex Fiscal Especial Independiente, ex fiscal de Distrito auxiliar y ex asesora legal para la OSAJ, calificó el incidente de “barbarie”.

“Eso no se puede permitir”, manifestó Cruz Vélez. “Eso es completamente ilegal.

Agregó que estos dispositivos “no se pueden usar como subterfugio para violar nuestra Constitución”.

Ever Padilla Ruíz, director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, adelantó que ordenará una investigación y activará el protocolo sobre el asunto porque es su obligación al advenir en conocimiento de la controversia.

Indicó que, “a priori”, parece una “violación clara” de los derechos de los usuarios de estos grilletes y una “imprudencia” del Estado, bajo las constituciones de los Estados Unidos y de Puerto Rico.

Eustaquio Babilonia, director de la Oficina de Probatoria y Servicios con Antelación al Juicio del Tribunal Federal en Puerto Rico, dijo ellos contratan sus grilletes con BI (Behavior Interventions, de Colorado, parte del Grupo GEO) para los dispositivos de radiofrecuencia y con GPS.

Babilonia dijo que no podría comentar sobre cuántas personas usan grilletes bajo aquel sistema ni cómo los usa el gobierno para supervisarlos.


Grilletes electrónicos pueden “escuchar conversaciones”

Sin reglamento el uso de grilletes que escuchan conversaciones