Nadie asume responsabilidad por los grilletes electrónicos con teléfono integrado

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Tanto la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) así como la compañía SecureAlert que provee al gobierno de Puerto Rico los grilletes electrónicos con teléfonos integrados para imputados de delitos, se pasaron la papa caliente al momento de asumir la responsabilidad por posibles violaciones a los derechos de las personas que portan los aparatos.

José Armando Quiñones, vicepresidente para Latinoamérica de SecureAlert, reconoció la importancia del asunto pero rehusó comentar.

“Su reportaje incluye unos temas muy importantes”, expresó Quiñones en declaraciones escritas. “SecureAlert está estrictamente impedido de hablar a favor o en nombre del Gobierno de Puerto Rico, quien es el único responsable de la ejecución, regulación, interpretación de las directrices judiciales, protocolos de aplicación de la ley y la supervisión de su programa de monitores electrónicos”.

“Además, cada uno de nuestros clientes del sector público tiene plena confianza que nuestra empresa mantendrá los mas estrictos estándares de confidencialidad y privacidad en la información de cada uno de los proyectos”, agregó Quiñones.

“Sin embargo, puedo decirle con certeza, que SecureAlert o cualquiera de sus subsidiarias no ha sido contratada o contactada por el Gobierno de Puerto Rico para llevar a cabo algún tipo de vigilancia o grabación ilegal de comunicaciones a persona alguna. De hecho, SecureAlert no ofrece ni provee soporte para este tipo de actividad”.

En noviembre de 2011, cuando el entonces gobernador Luis Fortuño anunció el contrato por $874,125, SecureAlert proclamó que proveería un programa de intervención y rastreo de ofensores suplementado por “el pago de los ofensores” quienes pagan un promedio de 13 dólares diarios por portar el grillete.

“Desde el año 2006, nuestro Centro de Monitoreo ha manejado un total de más de 9.5 millones de alarmas y ha acumulado más de 47 millones de horas de supervisión”, proclama su portal cibernético. “Nosotros comprendemos el papel vital que juegan los operadores de nuestro Centro de Monitoreo y, como tal, asignamos a nuestro centro individuos bilingües ampliamente adiestrados”.

La compañía fue incluida en una demanda civil por el asesinato de una mujer a manos de un hombre libre bajo fianza que estaba usando uno de estos grilletes electrónicos con GPS y celular ocurrido en Ceiba.

La víctima fue Wanda I. Camacho Meléndez, una enfermera graduada de 44 años, y madre de dos, que tenía una orden de alejamiento contra su ex compañero sentimental Alexander Rodríguez Vélez, de 49, quien la apuñaló por la espalda hasta ocasionarle la muerte mientras ella compartía con un grupo de amistades en un negocio en Ceiba el 13 de febrero de 2012.

La compañía y el gobierno fueron demandados porque la OSAJ falló en notificarle a ella que Rodríguez Vélez, quien tenía un grillete equipado con GPS y teléfono celular, había violado la orden judicial que le prohibía estar en Ceiba. Como resultado de esto, el oficial de la OSAJ y su entonces director ejecutivo, Juan Beltrán, fueron despedidos. Rodríguez Vélez fue sentenciado a 111 años de prisión el 29 de agosto de 2012.

Según el portal de Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, el contrato con SecureAlert fue otorgado el 13 de abril de 2011 con fecha de expiración el 30 de junio de 2012.

Issa L. Toledo Colón, subdirectora ejecutiva de la OSAJ, indicó que el contrato ha sido renovado anualmente desde entonces y se trabaja en una nueva subasta para los grilletes electrónicos con GPS y teléfono celular para un futuro cercano.

El contrato de grilletes de radiofrecuencia fue otorgado en 2010 a BI Incorporated por $881,110 y también se ha renovado anualmente sin una nueva subasta.

La OSAJ recibe una asignación federal anual de entre $800,00 y $1.5 millones para los referidos grilletes electrónicos, pero los supervisados libres bajo fianza tienen que pagar $13.00 diarios por el dispositivo con GPS, algo que han objetado algunos abogados en el caso de acusados de limitados ingresos económicos.

César Fiallo, de la oficina de Prensa del Departamento de Corrección y Rehabilitación, le negó al Centro de Periodismo Investigativo acceso a los reglamentos y protocolos para los grilletes alegando que son confidenciales.