Demandan al gobierno por venta irregular de terrenos aledaños a Plaza Las Américas

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Comienza la construcción de la Armería de la Guardia Nacional en los terrenos (1958).

Colección Periódico El Mundo.

Comienza la construcción de la Armería de la Guardia Nacional en los terrenos (1958).

La firma que desarrolla el centro comercial The Mall of San Juan demandó por $5 millones al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y a Fringe Area VI, una subsidiaria de las Empresas Fonalledas, propietarios del centro comercial Plaza Las Américas.

El recurso legal incoado en el Tribunal Superior de San Juan exige, además, que se declare nula la venta que le hizo el BGF a Fringe Area IV de los antiguos terrenos de la Armería de la Guardia Nacional en Hato Rey, y que se materializó en los últimos días de la administración de Luis Fortuño.

Entre los demandados figuran el BGF, su presidenta Melba Acosta Febo, Fringe Area IV, LLC., su administrador Javier Ferrer Canals y sus respectivas compañías aseguradoras.

Los demandantes, New Century Development y su vicepresidente Frank Trogolo, alegan que la transacción efectuada el 17 de diciembre de 2012 es inconstitucional. Plantean que se completó sin que mediara subasta pública, lo que les impidió competir por la adquisición de los terrenos ubicados en una de las áreas del mayor valor inmobiliario de la capital. La trama fue revelada por el Centro de Periodismo Investigativo en mayo.

Cuando la finca de la Guardia Nacional fue transferida por la Administración de Terrenos al BGF, esta entidad la valoró en $52 millones. Al momento de su venta a Fringe Area IV, el predio de 11.2435 cuerdas fue vendido por $24 millones.

Los desarrolladores de The Mall of San Juan, un centro comercial que inaugurará en 2015 en los predios de la desaparecida Villa Panamericana, sostienen que la compra-venta fue ilegal.

Agregaron en su demanda que la transacción conllevó otros gastos para el gobierno, como lo fue la asignación de más de $400,000 para que la Guardia Nacional desalojara los terrenos, ubicados frente al Estadio Municipal Hiram Bithorn y el Coliseo Roberto Clemente.

Además, alegan en su pleito que la inclusión de una cláusula en el contrato de compraventa que le permitía a los dueños de Plaza Las Américas cancelar la transacción si la Junta de Planificación les negaba sus intenciones para rezonificar la finca de utilidad pública a comercial, fue hecha a la medida para favorecer aún más a los compradores.

Según la demanda, estos ajustes violaron la Constitución de Puerto Rico, la Ley Orgánica del BGF y sus propios reglamentos para favorecer ilegalmente a Fringe Area IV y atentar contra el principio democrático de libre competencia.

El recurso, que fue incoado por los abogados Fermín Arraiza Navas, José Juan Nazario de la Rosa y Melba Díaz Ramírez, le imputa al BGF haberle “donado” $28 millones a los dueños de Plaza Las Américas en la transacción tras realizar tres tasaciones que fijaban el valor de los terrenos en $52 millones, $33 millones y $11 millones hasta acceder a venderlos por $24 millones.

“Al no cumplir con su propio Reglamento el BGF terminó donando cerca de 28 millones de dólares a una empresa privada, Fringe Area IV, LLC, privando a su principal competidor de la oportunidad de competir y adquirir la propiedad al precio del mercado”, lee la demanda. “La competencia legal es pilar de nuestro sistema económico, por lo que New Century tiene un derecho concreto protegido por nuestro ordenamiento jurídico”.

Entre las violaciones mencionadas en el pleito, New Century Development alega que el BGF violó su propio reglamento al obviar el requisito de que la Junta de Directores de la entidad gubernamental, un Comité de Disposición de Terrenos y un Grupo Técnico supervisaran la transacción. Además, sostuvieron que debía anunciarse públicamente el interés del gobierno de disponer de una propiedad valorada en más de $100,000, según establecido en el reglamento, particularmente en momentos en que la pasada administración atravesaba una crisis fiscal.

Los demandantes sostienen que llevan doce años litigando con los propietarios de Plaza Las Américas, con quienes compiten en la actividad mercantil y turística a través del desarrollo hotelero, de casinos y centros comerciales.

A principios de octubre, Trogolo advirtió que tomaría acciones en los tribunales si el Gobierno le negaba acceso a documentos solicitados relacionados a la millonaria transacción.

Reacciona Fringe Area VI

Por su parte, a través de la relacionista de Empresas Fonalledas, Lorraine Vissepó, un comunicado de prensa a nombre de Fringe Area VI asegura que “se trata de una demanda frívola de un competidor comercial y responderemos a la misma oportunamente en los tribunales”.

“Todas las gestiones de este proyecto han seguido estrictamente los requisitos de ley y todas las disposiciones reglamentarias aplicables. La compra de estos estos terrenos se concretó en el 2012 y se pagó la tasación comercial vigente en el mercado en ese momento, aunque la zonificación no era ni es comercial. Desde que se radicó la Consulta de Ubicación en el 2013, este competidor comercial se ha opuesto al cambio de zonificación a uso comercial de estos terrenos y a la construcción del proyecto”, dice el parte de prensa.

Además añade que el desarrollo propuesto “representa una inyección positiva y altamente necesaria para la economía del país ya que se invertirán sobre $75 millones para su construcción y se crearán más de 1,200 empleos en todas las fases del mismo. Se contempla la creación de espacios comerciales y un hotel de 250 habitaciones que complementan los usos actuales en este sector”.

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