Contralora de Puerto Rico y su exesposo pagan más de $11mil por reclamar beneficios inmerecidos en Florida

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Yesmín Valdivieso, Contralora de Puerto Rico.

Dennis A. Jones/Metro.pr

Yesmín Valdivieso, Contralora de Puerto Rico.

La contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso Galib y su exesposo Virgilio Vega Bonilla pagaron una multa de $11,885.71 tras la radicación de una querella anónima ante la Oficina del Tasador de la Propiedad del Condado de Broward del estado de Florida y su División de Fraude a la Exención de Impuestos a la Propiedad.

La querella por fraude fue sometida el 5 de junio de 2014 por un ciudadano ante la Tasadora de la Propiedad del Condado de Broward, Lori N. Parrish, y el director de la División de Fraude, Ron Cacciatore.

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) corroboró que la denuncia anónima también fue enviada al Departamento de Justicia de Puerto Rico, la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), la Oficina de Ética Gubernamental, la Comisión Conjunta de la Legislatura sobre Informes Especiales del Contralor, la Fiscalía Federal de Puerto Rico, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y al Colegio de Contadores Públicos Autorizados.

Sin embargo, excepto por la Oficina del Contralor y el Departamento de Justicia, los portavoces de las otras dependencias alegaron que nunca recibieron la denuncia o la descartaron por considerar que carecen de jurisdicción para atenderla.

Foto de www.ocpr.gov.pr

Subcontralor Natanael Arroyo Cruz.

Al enterarse sobre la denuncia anónima, Valdivieso Galib dijo que consultó telefónicamente con el Departamento de Justicia y la OEG. Sin embargo, en otra entrevista previa había mencionado que se inhibió y refirió el asunto al subcontralor Natanael Arroyo Cruz. El funcionario, quien no estuvo disponible para el CPI, refirió el asunto al Departamento de Justicia en septiembre del año pasado y la investigación preliminar concluyó a finales de septiembre de 2015, pero aún no se ha rendido el informe sobre la misma según indicó Gingger Enid Correa Angulo, subdirectora de la Oficina de Prensa del Departamento de Justicia. La investigación estuvo a cargo del fiscal Alberto Valcárcel Ruíz, director de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor y el informe recomendando su archivo o refiriéndola a la OPFEI para investigación permanece hace dos meses sin ser sometido al Secretario de Justicia para su evaluación y aprobación, confirmó la portavoz.

Tras evaluar la querella del ciudadano, las autoridades floridianas validaron la misma y le impusieron penalidades, intereses y costos al matrimonio de Valdivieso Galib y Vega Bonilla el 8 de agosto de 2014, los cuales fueron pagados el 30 de noviembre de 2014. Aunque la penalidad fue impuesta el año pasado, fue retroactiva al año contributivo 2011. Las penalidades se refieren al pago de las contribuciones sobre la propiedad reclamadas inmerecidamente, los intereses al 50 por ciento de éste monto y los costos a un 15 por ciento adicional correspondiente a cada año en que se obtuvo el beneficio.

El matrimonio pagó las penalidades y otros gastos relacionados correspondientes a $4,622.93 para el 2013, $3,952.59 para el 2012 y $3,310.19 para el 2011.

La querella de fraude se refiere a una propiedad que el matrimonio de Valdivieso Galib y Vega Bonilla adquirió en octubre de 2000 en el número 1943 de Landing Way en el pueblo de Weston, Florida, por un valor de $240,000 y para el cual formalizaron una hipoteca con el Banco Doral de Puerto Rico por $216,000.

La propiedad, ubicada cerca y al oeste de Fort Lauderdale, que colinda con reservas naturales, al noroeste de Pompano Beach y Boca Ratón, fue vendida el pasado 24 de abril por $435,000, según los expedientes.En enero de 2001, el matrimonio solicitó la exención de impuestos a la propiedad disponible en el estado de Florida bajo la llamada Acta de las Granjas o Homestead Act, una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en el año 1862.

La ley exige que los beneficiarios del estatuto, que es descrito por el mismo condado como una compleja fórmula de exención sobre la propiedad, sean residentes de la misma o tengan la intención de establecerla como su domicilio y no hayan reclamado el privilegio en otro pueblo, condado o estado.

Para las violaciones a la ley se establece como penalidad el pago de los impuestos eximidos más el 15 por ciento de interés anual y la mitad de la tributación beneficiada. Además, se permite el embargo preventivo de dicha propiedad o cualquiera otra que posea en el estado.

Residencia en Puerto Rico los descalifica

La querella alega que Valdivieso Galib y Vega Bonilla son residentes de Puerto Rico desde por lo menos el año 2008, por lo que estaban descalificados de reclamar la exención.

Desde dicha fecha, Valdivieso Galib alegó ser residente de la Isla en los documentos de incorporación radicados en el Departamento de Estado como administradora de Weston Consulting, LLC, y agente residente de la empresa, la cual ubicaba en el número 122 de la calle Hija del Caribe en la urbanización El Vedado en Hato Rey, San Juan, Puerto Rico.

Su cónyuge, figuraba como presidente, tesorero y agente residente de Virgilio Vega III, CPA, PSC, ubicado en la misma dirección de Weston Consulting en Hato Rey desde el año 2004.

El cargo de la Oficina del Contralor exige que su director sea residente de la Isla y Valdivieso fue nombrada en el año 2010.

Evalúan el caso por violación ética

La profesión de Valdivieso Galib y Vega Bonilla se rige por las normas y reglamentos del Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Su Comité de Ética acoge querellas firmadas contra sus miembros, aunque existe una excepción para recibirlas de manera anónima y sus procedimientos son confidenciales. Las sanciones se limitan a recomendaciones, orientaciones y la obligación de tomar entre ocho y 40 horas de educación continuada.

Por otra parte, el reglamento obliga al Colegio a divulgar públicamente las decisiones de la Junta de Contabilidad, una entidad autónoma adscrita al Departamento de Estado, con autoridad legal para, por ejemplo, ordenar la cancelación de sus licencias y referirlos a agencias para acciones civiles o criminales. Los casos de mayor envergadura, el Colegio los refiere a la Junta de Contabilidad. Los integrantes de esta Junta fueron nombrados por el gobernador Alejandro García Padilla.

La investigación sobre la querella de posible violación ética contra Valdivieso Galib y Vega Bonilla está pendiente ante la Junta de Contabilidad, confirmó Edwin Ramos Rodríguez, abogado y contador público autorizado, además de secretario del organismo.

Ramos Rodríguez explicó que la Junta remitió la querella al CCPA y, cuando el Colegio notificó que se había inhibido de intervenir en la denuncia, la Junta asumió jurisdicción en la controversia, validando a la entidad que agrupa a los profesionales como un querellante.

Ramos Rodríguez añadió que la Junta evalúa si hubo un caso de fraude por parte de Valdivieso Galib al hacer una falsa representación por reclamar un derecho inmerecido en Florida mientras era residente de Puerto Rico y por el cuidado que debe mantener un CPA para protegerse de una falta ética. Ramos Rodríguez explicó que la investigación está pendiente debido a que la Junta espera por la entrega de documentos oficiales de las agencias pertinentes en Florida. Agregó que la Junta también refirió la denuncia a través del Departamento de Estado al Secretario de Justicia de Puerto Rico y el asunto está pendiente de discusión en la reunión mensual del organismo rector autónomo.

Reacciona la contralora

Valdivieso Galib reaccionó sorprendida de que el CPI tuviera interés en su reclamo indebido de beneficios contributivos en Florida y enfatizó que se trata de un asunto que fue atendido.

“Yo no he hecho nada malo”, expresó en una entrevista adicional con el CPI, al ser confrontada con la posibilidad de que el asunto pueda conducir a su renuncia u otras acciones de la Legislatura. “Yo he hecho mi trabajo y las investigaciones y auditorías lo confirman. Yo no he hecho nada incorrecto. Yo seguiré haciendo mi trabajo”.

Expresó en entrevista telefónica que ella y su exesposo acordaron pagar la deuda con el Condado de Broward a partes iguales el año pasado y la propiedad fue vendida en abril de 2015. Aseguró que los abogados contratados por Vega Bonilla le advirtieron que impugnar las sanciones les costaría más, por lo que optaron por cumplir con saldar la deuda.

Alegó que todas las entidades gubernamentales descartaron la denuncia y los medios de comunicación rehusaron publicarla.

Enfatizó que antes de que el querellante remitiera la denuncia, ella se enteró de sus intenciones y notificó la controversia al Secretario de Justicia y a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental, y que cuando la denuncia llegó a la Oficina del Contralor, el trámite fue atendido por el Subcontralor porque ella se inhibió.

La funcionaria describió el asunto como un trámite administrativo ordinario, el cual comparó con una declaración de deuda del Departamento de Hacienda que se atiende responsablemente pagándola.

Explicó que ella y su entonces esposo adquirieron la propiedad en el año 1998 y comenzaron a vivirla en el 2000, cuando solicitaron la exención parcial de las contribuciones sobre la propiedad. Añadió que el beneficio se otorga prospectivamente y no requiere su renovación anual. Nunca explicó porqué ella y su cónyuge continuaron aprovechándolo al regresar a vivir en Puerto Rico.

Valdivieso Galib indicó que en el año 2010 regresó a vivir en la Isla tras haber vivido durante doce años en Florida.

Dudas sobre su jurisdicción de las entidades fiscalizadoras

Las únicas dos entidades que actuaron ante la denuncia anónima de fraude remitida por el ciudadano han sido la propia Oficina del Contralor y el Departamento de Justicia.

Jennifer Rodríguez Ayala, oficial de prensa de la Oficina de Ética Gubernamental, confirmó que la querella anónima también fue recibida por dicha dependencia pero que la agencia, tras una evaluación inicial, se declaró sin jurisdicción para investigar el asunto por tratarse de una funcionaria que responde al poder legislativo.

Rodríguez Ayala explicó que los poderes de la OEG se limitan a la rama ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico.

Zulma R. Rosario Vega, directora ejecutiva de la OEG, adujo a que era imposible localizar la querella, pero sí recordó que la recibió hace dos años, así como el nombre y apellidos del remitente.

Aunque nunca la procesó por falta de jurisdicción, dijo que tampoco la remitió a ninguna otra entidad porque el correo electrónico anónimo advirtió que la había referido a todas las agencias pertinentes.

Rosario Vega agregó que, aunque hubiera tenido jurisdicción, la controversia trataba de un trámite administrativo resuelto, parecido a cuando el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales o el Departamento de Hacienda emiten un aviso de deuda contra un ciudadano ordinario, por lo que consideró innecesario tomar cualquier acción adicional.

Por su parte, Luis de la Cruz, oficial de prensa de la Oficina del Panel del FEI, informó que el asunto nunca fue referido a dicha dependencia. De la Cruz explicó que el Panel del FEI, que dirige Nydia Cotto Vives, sólo interviene por referidos del Departamento de Justicia, la OEG, la Oficina del Contralor y la Legislatura de Puerto Rico. Agregó que cuando el Departamento de Justicia rinda su informe, entonces debe ser notificado a la Oficina del Panel del FEI para una evaluación adicional.

Rosario Vega, Valdivieso Galib y Cotto Vives fueron designadas y confirmadas bajo la administración del gobernador por el Partido Nuevo Progresista Luis G. Fortuño Burset entre los años 2009 y 2010.

Pedro Ortiz, director ejecutivo de la Comisión Conjunta de Informes Especiales del Contralor de la Legislatura de Puerto Rico que preside el representante Popular Nelson Torres Yordán, explicó que la misma carece de jurisdicción sobre el asunto e indicó que tampoco tiene querella alguna pendiente de evaluación.

Ortiz refirió la consulta del CPI a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, ambos del Partido Popular Democrático, quienes tendrían jurisdicción en un posible caso de residenciamiento sugerido por el propio funcionario, quien no encontró ningún precedente sobre una situación similar y tampoco pudo explicar dónde reside la supervisión de la Oficina del Contralor en un caso hipotético de que la incumbente incurra en algún tipo de fraude o alegada conducta corrupta.

Más de un mes después de que el CPI solicitara una consulta al presidente del Senado Eduardo Bhatia Gautier y al presidente de la Cámara Jaime Perelló Borrás, ambos expresaron que sus asesores continuaban evaluando el caso y carecían de una explicación sobre si tenían jurisdicción sobre el asunto por ser de carácter novel y sin precedentes.

La Fiscalía Federal y el FBI, uno de sus brazos investigativos, han procesado en el pasado a más de 20 alcaldes y legisladores de los dos principales partidos políticos de la Isla, y a contratistas por sobornos y otros casos de fraude, así como al entonces gobernador popular Aníbal Acevedo Vilá durante su incumbencia, aunque éste fue absuelto por un jurado. Ambas entidades federales tienen la encomienda de investigar la corrupción pública y fraude económico y electoral.

Lymarie Llovet, portavoz de la Fiscal Federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez, indicó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no tenía nada pendiente respecto a este caso. Sin embargo, a pesar de reiteradas solicitudes, Llovet nunca respondió a las preguntas de si los Distritos de Puerto Rico o de Florida o la División de Integridad Pública u otra dependencia del Departamento de Justicia Federal tendrían injerencia en los casos de fraude sobre exenciones sobre la propiedad en el Condado de Broward con tangencia en Puerto Rico.

Ante la falta de respuesta de la Fiscalía Federal, el CPI contactó a Carlos Osorio, portavoz del FBI en Puerto Rico, quien indicó que dicha agencia tampoco tenía alguna denuncia sobre ambos asuntos y que desconocía si la dependencia tendría jurisdicción al respecto, aunque alertó que es nuevo en el cargo y estaba ajeno a la información que hubiera podido tener su predecesor.

  • LA Estudiante Excelente

    NO ES TRIGO LIMPIO LA DOÑA YAZMIN VALDIVIESO…….CON JURISDICCION O NO…..RECLAMAR BENEFICIOS FRAUDULENTOS O ILEGALES (YA NO ERAN RESIDENTES DE FLORIDA) EN CONTRIBUCIONES DE LO QUE SEA ES DELITO………..LO SABE CUALQUIERA………HASTA LOS NIÑOS DE CUNA………..MUCHO MAS UNA CONTRALORA. LA MUJER DEL CESAR NO SOLO TIENE QUE SER PURA, SINO TAMBIEN DEMOSTRARLO. HAY QUE SACARLA YA.

    • Juan del Pueblo

      Puede el CPI adjuntar documentos del Condado de Broward sobre el posible fraude de la Contralora al pedir descuento por impuestos de la propiedad cuando no tenia derecho al estar viviendo en Puerto Rico. Esto es algo increible. Como puede ella hacer auditorias e investigaciones de fraude o irregularidades si ella no tiene las manos limpias.

      • Juan del Pueblo

        Y que hizo Natanael sobre la querella de su jefa. Me imagino que solo se limito a refrir la querella y a Dios que reparta suerte. No podemos olvidar que la Contralora es la jefa de Natanael. Yo me imagino el miedo de Natanael y quizas se olvido que al ser el un “Certified Fraud Examiner”, el tiene unas responsibilidades eticas a seguir.

    • Emanuel Alomar Roman

      Cierto fuera con esa ladrona

  • Luis E. Rivera

    A la verdad que aqui no hay verguenza. Este pais esta podrido.

    • Iván

      CIERTAMENTE, y desde hace bastante tiempo.

  • Iván

    ¡Vaya, vaya, vaya! Dos distinguidos CPA’s sumamente listillos, truqueando con sus haberes: ¿Cuántos mas estarán haciendo lo mismo o cosas peores?, pues se comenta por lo bajo, que hasta “maquillan” estados financieros …

  • Patricio

    Una gran vergüenza que la Gran Fiscalizadora fue multada por fraude.

  • Rito Rios

    ¿Dónde está en gran jurado Federal que no ha dicho nada de este caso?
    Esto es corrupcio Rosa Emilia.

  • Pedro Ordein

    Este Weston Consulting estaba involucrado en algo más que leí hace par de meses. No estoy seguro si tenía que ver con inversiones. Si alguien sabe algo favor de compartir.

  • Metadonico

    Aquí no hay en quién confiar. Si es cierto está muy mal hecho y es un fraude. Pero ella tiene toda la razón cuando pide que se investigue a Cármen Yulín por sus acciones claramente inconstitucionales de apoyar con fondos públicos a los manifestantes en contra de la junta. ¿ Se podrá encontrar en PR un funcionario público honesto, honrado y de conducta intachable ?

  • Javier Emilio

    Y esta politiquera, es la que tienen buscando por dónde hacer daño a funcionarios del gobierno, que no son de su ideología politica. Que vergüenza y que descaro, por Dios!!!

  • Alvin A. Almodóvar

    Hace unas 3 horas, Jorge Meléndez escribió, y CITO: “Periodismo puerco y arrastra’o al servicio del partido más corrupto e incompetente que haya tenido la isla, prensa basura”.

    Hace unas 3 horas, Luis E. Candelario escribió, y CITO: “Pero pregunto responsablemente. ¿Hubo fondos públicos envueltos? Si no los hay, ¿qué importancia o daño para P.R. tiene la noticia? Ninguno, CASO CERRADO”.

    Hace unas 3 horas, Axel Pedraza escribió, y CITO: “Es sólo para hacer daño como a Tommy. No hay nada que pudieran vincularlos, pues sacan eso”.

    Hace unas 3 horas, Alan Marshall escribió, y CTIO: “Wao, como ella no juega a la colonia y al chanchullo de estos charlatanes, ahora lo más seguro le piden la renuncia. El Partido Popular de verdad que se cree que este país es de ellos y que están por encima de la ley”.

    Hace unas 3 horas, Douglas González escribió, y CITO: “Ahora voy a mencionar algunos de estos corruptos, como WAPA, WKAQ, Primera Hora, El Nuevo Día, Telemundo y muchos más, y muchos periodistas son un grupo de antiamericanos anti estadidad y anti PNP y son un grupo mediático. Corruptos”.

    Hace unas 2 horas, Abner Negrón escribió, y CITO: “Seguro porque le tocaron a la pasionaria de PR, la comunista Carmen Julia Cruz, son escoria periodística , eso es lo que esta produciendo la escuela de periodismo de la UPR”.

    Hace unos 42 minutos, Angel Manuel Torres Rosario escribió, y CITO: “Prensa mediocre”.