El que hace la ley hace la trampa: sin garras fiscalización de las campañas políticas

Manuel Torres, Contralor Electoral. Foto por Juan Carlos Álvarez.

Manuel Torres, Contralor Electoral. Foto por Juan Carlos Álvarez.

A casi un año de las próximas elecciones, el Centro de Periodismo Investigativo encontró que un 73% de los candidatos auditados por la Oficina del Contralor Electoral y sus respectivos comités incumplieron con sus responsabilidades de reporte de gastos e ingresos de campaña.

Sin embargo, la mayoría de estos correrá impunemente en los comicios del 2016 porque las violaciones no tienen consecuencias tras los últimos cambios a la Ley para la Fiscalización de las Campañas Políticas en Puerto Rico (Ley 222), que incluyen la eliminación de delitos electorales.

De los 112 candidatos auditados y sus respectivos comités, la mayoría dejó de reportar ingresos, gastos, y cuentas por pagar en sus informes; no detalló, ni registró donativos mayores de $200 recibidos como requiere la ley; o se vio obligado a devolver donativos en exceso a lo permitido por ley, reveló la investigación del Centro de Periodismo Investigativo. El 78% de los 513 candidatos que estuvieron en la contienda ni siquiera fueron auditados porque, según el contralor electoral Manuel Torres, esto no es viable con los recursos existentes.

Un análisis a las auditorías realizadas por la Oficina del Contralor Electoral del ciclo electoral pasado destapa que sobre 500 informes tuvieron que ser enmendados para incluir cientos de miles de dólares de dinero de campaña que nunca se registró. Además, hay una serie de transacciones que en el pasado ordenamiento eran delitos y que ahora no lo son, por lo que se dificulta imponer sanciones a los políticos que no manejan correctamente el dinero recaudado.

Se trata de un patrón que no conlleva consecuencias para los políticos más allá de alguna multa porque al final la ley no penaliza a los violadores.

“Toda infracción a la ley que no esté tipificada como delito constituirá una falta administrativa que será impuesta por la Oficina del Contralor”, dice la ley; proveyendo además, múltiples oportunidades a los candidatos para explicar sus fallas y enmendar los informes de ingresos y gastos.

“Esta ley aunque da más poderes al Contralor, le hace más difícil la tarea de auditar. Al eliminar la mayoría de los delitos, el Contralor, en la práctica, confronta problemas cuando encuentra fallas en la auditoría. No tiene más remedio que imponer una multa sobre situaciones que hubieran sido graves en la pasada ley electoral”, afirmó al CPI Luis F. Mendoza Rodríguez, pasado Auditor Electoral.

Precisamente, Mendoza se opuso a los cambios a la ley durante el proceso de vistas públicas de la Comisión Especial de Reforma Gubernamental anticipando que la propuesta de ley no daba garras para la fiscalización de los donativos políticos al eliminarse los delitos vinculados a actuaciones ilegales de los candidatos, tales como violaciones al ordenamiento electoral; contribuciones prohibidas; petición o recibo ilegal de contribuciones; gastos ilegales de campañas; ofrecimientos de puesto,entre otros. Se eliminó además el artículo que tipificaba como delito pedir o recibir donativos mayores a los límites de la ley. Este delito antes no prescribía, pero ahora no es considerado delito.

El proceso de auditoría fue realizado en orden aleatorio mediante sorteo de la lista de las 130 candidaturas, es decir, las posiciones a cargos públicos que figuran en las papeletas. En el proceso se auditan a los candidatos de los partidos políticos que aspiraron a esta. La OCE alcanzó a auditar las primeras 30 candidaturas de ese listado; además de los comités centrales de los seis partidos políticos y sus candidatos a la gobernación. En el caso de las alcaldías, se auditó al candidato y a los comités municipales de los partidos políticos. No se auditaron los candidatos a senadores y representantes por acumulación.

De acuerdo al Dr. Luis Raúl Cámara, Catedrático en Ciencias Políticas de la UPR, no se puede hacer una extrapolación de estos resultados (categorías de candidaturas auditadas y reportadas) al universo de categorías de candidaturas porque aunque la muestra es aleatoria, la manera en que se crearon las categorías las hace imposibles de comparar.

“Por ejemplo, las alcaldías—que son un mismo puesto—se tratan de manera distinta a los senadores por acumulación. Hay 78 alcaldías y por lo tanto 78 categorías de alcaldías. Sin embargo, hay 11 senadores por acumulación que pueden ser elegidos, pero solo una categoría de senadores por acumulación donde están todos los candidatos. Al haber categorías de diferentes tamaños no se pueden comparar unas con otras para poder extrapolar los resultados”, concluyó Cámara.

En total, se impusieron 26 multas ascendentes a $381,861.41. El 87% de esta cantidad corresponde al PNP y su pasado candidato a la gobernación, Luis Fortuño. Como producto de este proceso, los políticos auditados tuvieron que enmendar informes para incluir más de medio millón de dólares en ingresos o gastos no informados. Los candidatos señalados tendrán que devolver $182,736.83 de donativos recibidos ilegalmente. Sin embargo, ni un solo caso de estos fue referido al Departamento de Justicia para investigación, admitió la Oficina del Contralor Electoral, ya que la ley despacha el asunto permitiendo enmendar el informe para incluir el dinero previamente omitido.

De acuerdo a los reglamentos de procedimientos adjudicativos e imposición de multas, primero se emite un Aviso de Orientación, con un término de 20 días para corregir “deficiencias”. De así hacerlo, “se dará por terminado el asunto”. El candidato podría ser citado a la OCE y tendrá 10 días adicionales para corregir los señalamientos. Si no comparece o la contestación no satisface al auditor, se envía una Notificación de Orden de Mostrar Causa con 20 días más “para que acredite su cumplimiento o exprese las razones para su incumplimiento”. Entonces se procede a expedir una Notificación de Multa Administrativa que le concede otro término para allanarse o pedir reconsideración. Este proceso es confidencial hasta tanto haya una resolución del contralor.

“La ley sí les da a (a los candidatos) la oportunidad de enmendar el informe. La ley no lo dispone pero la oficina se encuentra revisando el reglamento de multas para atemperarlo a la ley. Vamos a incluir una infracción por dejar de informar. Eso no estuvo en el reglamento inicial. No obstante la persona siempre puede levantar la defensa de que ese dinero le llegó tarde o se confundió (al no incluirlo). Eso es algo que tiene que evaluar la oficina y darle credibilidad o no”, explicó Cristina Córdova, directora de la División de Asuntos Legales de la OCE.

De acuerdo a la abogada, es un debido proceso de ley que parte de la premisa de que puede haber errores, tanto en el manejo de las finanzas de campaña como de interpretación en el proceso de auditoría por lo que se le da la oportunidad al candidato a explicar y presentar evidencia.

¿Cómo y cuándo se penaliza al que con intención y no por omisión quiere defraudar?

“Se han rendido informes falsos y eso sí la ley nos faculta a referir al Departamento de Justicia cuando nosotros entendemos que se rindió un informe falso y se tuvo la intención de defraudar, de mentir y de proyectar algo que no era real. Ese fue el caso del representante PNP Eric Correa. Hay cosas que simplemente no se pueden corregir. Cuando se oculta información ahí vemos la intención y se refiere a justicia que es el que procesa el delito”, dijo Córdova.

Sin embargo, el caso del entonces representante PNP por Carolina no surge como parte de una auditoría realizada por la OCE, sino a raíz de una querella radicada por el hoy senador PPD Javier Aponte Dalmau. O sea que no hay un solo caso que haya sido detectado y referido por la oficina como resultado de las auditorías a las elecciones generales que le exige la ley.

“Permitir donativos en efectivo en las campañas políticas hace más difícil que nuestra oficina o cualquier oficina pueda fiscalizarlos. Desde principios de año nosotros estamos usando mecanismos como las redes sociales y hacer visitas a los pueblos para corroborar”, sostuvo Manuel Torres, Contralor Electoral.

Pese a los resultados de las auditorías, el funcionario asegura que el cumplimiento de los candidatos ha mejorado durante su gestión. Explicó que su oficina comenzó a solicitar las cuentas de banco de los candidatos y sus comités para verificar que los depósitos de efectivo y cheques coincidan con lo informado. Aseguró que la radicación electrónica y otros adelantos han detenido la cultura de incumplimiento que imperaba en los políticos. Desde su creación en el 2012, la OCE ha tenido un presupuesto anual que va de los $3.2 a los $4.8 millones para su operación.

Según Torres, en el pasado, la ineficiencia en la fiscalización les permitía estar por la libre ya que no existía un mecanismo de corroboración y seguimiento. Aseguró que candidatos entraron a la Legislatura y salieron de allí sin haber radicado un solo informe. De hecho, dijo que los auditores no sabían quién radicaba informes y quién no.

No obstante, su predecesor Mendoza aseguró que con tan solo 19 auditores y un presupuesto que en su último año no alcanzó los $800,000 anuales, logró revisar todos los informes radicados, dejó encaminada la mecanización del proceso de radicación de éstos, y refirió al Departamento de Justicia y a otras entidades hallazgos de auditorías en las campañas de los candidatos a la gobernación de las elecciones del 2008. A su salida del puesto, los referidos de los principales candidatos a la gobernación estaban ante un oficial examinador para adjudicar los hallazgos. Sostuvo que estos procesos quedaron inconclusos ya que el Contralor Electoral no les dio seguimiento aunque la ley se lo permitía.

Lluvia de dinero sin reportar en campañas 2012

Los más graves señalamientos en el proceso de auditoría del pasado ciclo electoral corresponden a Partido Nuevo Progresista y su candidato a la gobernación Luis Fortuño. Según la resolución emitida por la OCE, se excedieron por $99,020 del límite de $10 millones de gastos de campaña; utilizaron $10,176 del Fondo Especial para pagar deudas contraídas antes del 1ro de julio; y no devolvieron el sobrante de $17,805 de los fondos de la consulta de estatus. Además, radicaron tardíamente 55 informes.

“Al comparar los informes radicados contra estados bancarios, cheques emitidos y facturas provistas se encontró que el PNP dejó de informar $294,421.63 en cuatro cuentas de gastos por pagar”, dice el documento con fecha del 14 de octubre de 2014.

Según el informe de auditoría, “el total de la multa administrativa suma $333,811.41. Los donativos a devolver ascienden a $111,157.36. El total del dinero a ser devuelto al Departamento de Hacienda asciende a $90,309”. El proceso de auditoría fue objetado en diciembre de 2014 por el PNP y luego llevado en julio de 2015 mediante un recurso de revisión judicial al Tribunal de Apelaciones, donde se encuentra ante un oficial examinador externo a la OCE, por lo que la multa no ha sido pagada.

En el caso del Partido Popular Democrático y su candidato a la gobernación, Alejandro García Padilla, estos se vieron obligados a enmendar informes para aclarar ingresos por $131,343.81: $3,164.04 en desembolsos y $8,877.57 en cuentas por pagar no informadas. Además, la colectividad tuvo que identificar cerca de $100,000 en donativos mayores de $200. El PPD tuvo que devolver al Departamento de Hacienda $59,926.74 de donativos que no pudo identificar. A diferencia del PNP, no se les impusieron multas ya que, según la auditoría, el financiamiento de la campaña del PPD se realizó sustancialmente de acuerdo con la ley y normas aplicables.

Otro que fue señalado fue el candidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador, Rafael Bernabe. El PPT tendrá que devolver cerca de $26,000 del Fondo Especial para gastos de campaña por utilizarlos indebidamente en el referéndum sobre la fianza. El PPT objetó el informe de auditoría y también se encuentra en proceso de apelación ante un oficial examinador externo a la OCE.

En el caso de los candidatos a alcalde auditados, las mayores multas recayeron en el comité municipal del PNP en Quebradillas y su candidato a la alcaldía, Orlando Abrams Quijano, quien tendrá que pagar $12,300 en multas administrativas por no radicar informes en año electoral; y en el candidato a alcaldía de Aguada por el PNP, Manuel Gabina Santiago, a quien se le impuso una multa de $10,850 por no devolver $6,175 donados ilegalmente por una corporación no registrada.

Avalancha de informes enmendados

Llama la atención que se permitió enmendar los informes radicados para identificar donativos por decenas de miles de dólares no identificados, o incluso para incluir actividades de recaudación de fondos que nunca se reportaron.

Este fue el caso del ex representante del Distrito 5 por el PNP, Jorge Suárez Navarro, quien enmendó informes para incluir una actividad que no había reportado; para incluir gastos por $21,000 no reportados; y para identificar a 26 donantes de más de $200 que tampoco había desglosado. La auditoría señala que recibió donativos de $13,638 en efectivo y los utilizó para pagar en efectivo pautas de anuncios en un medio. Las violaciones de Navarro, según el reglamento de la OCE conllevarían multas de $1,000 y de $500 hasta $1,000. Pero como el político enmendó los informes para incluir la información previamente obviada, no se le impuso multa.

Otro que no informó actividades de recaudación de fondos fue el candidato a representante del Distrito 13 por el PPD, Hiram Águila Olmedo. Además, utilizó efectivo para pagar cuentas por $2,545. Se le impuso una multa de $2,500.

Panorama para 2016

A meses de entrar en el nuevo ciclo electoral, un marco legal débil y no punitivo plantea interrogantes sobre la transparencia de las recaudaciones políticas. De acuerdo al abogado y otrora comisionado electoral del PPD, Eudaldo Báez Galib, el problema estriba en el sistema electoral que obliga al político a levantar grandes cantidades de dinero para poder ganar.

“Una elección no se gana recogiendo dinero con una latita. Ese dinero se busca en otro lado; viene de una gente que ya son institucionales, que ya pertenecen al proceso. Los inversores políticos son personas que están acostumbradas a que te dan las cantidades de dinero que necesitas, siempre y cuando le respondas a ellos por el favor que te hicieron. Le dan a todos los partidos pues la cosa es garantizarse que cuando llegue el momento de la contratación sean beneficiados”, aseguró el ex senador.

“No importa lo que se haga, siempre habrá un margen de corrupción porque siempre está el dinero cash que entra a los bolsillos y que se gasta sin recibo. El que lleva una caja de zapatos con $10,000 o un maletín con $40,000. Hay personas que gastan millones en ayudar a una gente”, dijo.

El político retirado señaló además la trampa que hay en el dinero en efectivo que pasa bajo el radar en las campañas políticas, principalmente a través de los donativos anónimos. La ley permite recibir donativos anónimos de hasta $200 en las campañas políticas. En la práctica, se utiliza para “lavar” el dinero en exceso que algún contribuyente haya dado, afirmó Báez Galib.

Según el representante por el Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos, una opción para lograr más transparencia en las recaudaciones políticas sería eliminar los donativos anónimos e identificar cada centavo que entre a las campañas. Sin embargo, la aprobación de una medida como esa es cuesta arriba, dijo el representante. De acuerdo a Báez Galib, una enmienda como esa iría en contra de los intereses de los políticos que hacen las reglas del juego electoral en las que después participan.

Bajo el marco legal existente, concluyó Vega Ramos, el país dependerá en las próximas elecciones de la honestidad y verticalidad en el manejo e informe de las recaudaciones de los que entren al ruedo político.