Justicia archiva querellas contra Contralora por falta de jurisdicción y ausencia de prueba de delito

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Metro PR

Yesmín Valdivieso, Contralora de Puerto Rico.

Yesmín Valdivieso, Contralora de Puerto Rico.

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El Departamento de Justicia archivó y cerró sin tomar acciones dos querellas contra la contralora Yesmín M. Valdivieso Galib por falta de jurisdicción y por falta de prueba de que se hubiera cometido delito en Puerto Rico en relación a un beneficio reclamado en Florida y una denuncia de que aparecía inscrita como electora simultáneamente en ambas jurisdicciones.

Las denuncias, que en un principio fueron anónimas, se relacionaban a la reclamación del matrimonio de Valdivieso Galib y su exesposo Virgilio Vega Bonilla para acogerse a una exención de contribuciones sobre una propiedad en el Condado de Broward en Florida por la cual la pareja tuvo que pagar una penalidad de $11,885.71, luego que las autoridades floridianas determinaran que era inmerecida.

La querella investigada por el Departamento de Justicia contenía entre sus principales denuncias una alegación de fraude y alegaba que el matrimonio reclamó un derecho en Florida mientras residía en Puerto Rico. Otra denuncia le imputaba a la pareja estar inscritos como electores simultáneamente en ambas jurisdicciones.

El Secretario de Justicia César Miranda dijo al Centro de Periodismo Investigativo que la investigación del fiscal Alberto Valcárcel Ruíz, director de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor, concluyó que su agencia carece de jurisdicción sobre asuntos ocurridos en Florida.

Agregó que los hechos imputados en la denuncia no tuvieron resultados en Puerto Rico ni conllevaron preparación o ejecución para cometer delito en otra jurisdicción estadounidense.

En cuanto al segundo aspecto de la denuncia, Miranda indicó que la pesquisa no halló evidencia de que ningún miembro de la pareja ejerció el voto en un mismo evento electoral en ambas jurisdicciones.

El Secretario afirmó que Valdivieso Galib ejerció su voto en Florida antes de ser confirmada como Contralora y votó en Puerto Rico a partir del año 2012, mientras que Vega Bonilla siempre ha votado en la Isla y nunca en los Estados Unidos, a pesar de ambos estar inscritos simultáneamente en ambas jurisdicciones.

Agregó que, aún cuando lo hubieran hecho, los términos de prescripción habrían concluido, lo cual también estipuló el estado de Florida.

Miranda compartió con el CPI la carta de cierre y archivo de la querella enviada al subcontralor Natanael Arroyo Cruz, quien refirió el asunto de manera oficial desde la Oficina del Contralor al Departamento de Justicia. Sin embargo, el funcionario objetó compartir el memorando interno y otros documentos relacionados a la investigación, aduciendo a que contenían información íntima de la familia de Valdivieso Galib, Vega Bonilla y otros de sus miembros.

Por otra parte, el Secretario de Justicia indicó que la renuencia de Valcárcel Ruíz a referir su informe a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente se debe a que el asunto cae fuera del ámbito de los funcionarios enumerados en el Artículo 4 de la Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. Dicho estatuto establece una lista de doce categorías cuyos casos tienen que se referidos al PFEI, entre las que figuran el Gobernador y sus asesores y ayudantes, jefes y subjefes de agencias y los miembros de la Asamblea Legislativa, entre otros cargos.

Miranda explicó que según esta ley, la Oficina del Contralor, al igual que la Oficina del Procurador del Ciudadano y la Comisión de Derechos Civiles, son entidades excluidas del referido al PFEI y sobre las cuales el Departamento de Justicia y la Comisión de Ética de la Legislatura tendrían jurisdicción exclusiva.

A raíz del reportaje del CPI el pasado 19 de noviembre, Valdivieso Galib difundió una “aclaración” mediante la oficina de prensa de la Oficina del Contralor sobre varios aspectos contenidos en el artículo para el cual se le entrevistó en al menos dos ocasiones y que ella describió como “supuestos beneficios inmerecidos por ella y su esposo”.

La comunicación oficial describió a los querellantes como personas que tuvieron la intención de convertir un trámite equivalente a la certificación de deuda del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales en una controversia sensacionalista que la obligó a exponer públicamente asuntos tristes, personales y familiares.

Indica que ella y su entonces esposo se mudaron a Florida en el 1998 para procurar mejor atención para un hijo con autismo severo.

Valdivieso Galib insistió en que todas las querellas sobre fraude contributivo y electoral quedaron en nada, a pesar de que tuvo que pagar los $11,885.71 de multa.

DOCUMENTO: Memorando del Departamento de Justicia