Candidatos hacen fiesta con leyes electoral y de ética, pero son avalados por sus partidos

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Zulma Rosario, directora de la Oficina de Ética Gubernamental.

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Zulma Rosario, directora de la Oficina de Ética Gubernamental.

Ochenta aspirantes políticos han sido señalados por la Oficina del Contralor Electoral por incumplir con la ley electoral, pero están listos para recibir la certificación de la Comisión Estatal de Elecciones, ya que los partidos no tomaron en cuenta los señalamientos al momento de evaluarlos.

A su vez, violaciones a la Ley de Ética por una docena de alcaldes, que incluyen querellas y multas por uso ilegal de tarjetas de crédito del municipio, nepotismo y uso político partidista de recursos públicos son algunas de las irregularidades que el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático también pasaron por alto en su escrutinio para la papeleta del 2016.

Los aspirantes, pese a que tienen o han tenido multas administrativas por la Oficina del Contralor Electoral, podrían participar en las próximas primarias, incluso aunque hayan incumplido en la radicación de informes de ingresos y gastos de sus respectivos comités de campaña; hayan radicado tardíamente los informes; o hayan omitido información sobre sus finanzas de campaña.

Este es el caso del candidato a representante del PNP por el distrito 38, Eric Correa, quien es investigado por el Departamento de Justicia desde octubre del 2014, tras ser referido por la Oficina del Contralor Electoral por presentar informes falsos durante su campaña en el 2012. Aun así, la comisión calificadora de candidatos del PNP avaló su aspiración para regresar al ruedo político.

También repite como candidato a la gobernación por el PPT, Rafael Bernabe, quien enfrenta una multa por $26,040 por dinero que debe devolver del Fondo Especial para gastos de campaña por utilizarlos indebidamente en el referéndum sobre la fianza. Este caso se encuentra en los tribunales ya que el PPT objetó el informe de auditoría.

Otro que vuelve a la papeleta es el aspirante a la alcaldía de Aguada por el PNP, Manuel Gabina Santiago, aunque fue multado por $10,850 por la OCE tras no devolver $6,175 donados ilegalmente a su campaña en el 2012 por una corporación fantasma. Esta multa se encuentra en medio de una transacción en la que Gabina Santiago intenta llegar a un acuerdo de pago por una cantidad menor.

De igual forma, el PNP aprobó al aspirante Nelson Cruz Santiago a la alcaldía de Peñuelas aunque su comité municipal en las pasadas elecciones fue señalado por no depositar $7,682 en donativos recibidos; tampoco cumplió con el requisito de radicar informes en varios periodos.

Visto bueno de partidos a políticos con violaciones en Ética

En el caso de los alcaldes de Orocovis, Yauco, Patillas, Jayuya, Maricao, Sabana Grande, Las Marías y Culebra, estos violaron la ley al contratar a familiares cercanos en sus ayuntamientos sin solicitar dispensa de la OEG. El caso más notable es el del alcalde de Maricao, Gilberto Pérez, que ha sido multado por nepotismo en dos ocasiones, por contratar ilegalmente a su hermano. Contra Pérez también existe una querella ya que mantiene a su hermano bajo contrato en el Municipio de forma ilegal.

Por su parte, Enrique “Quique” Questell, alcalde de Santa Isabel, fue multado por la OEG por utilizar ilegalmente la tarjeta de crédito del municipio para pagar restaurantes y bebidas alcohólicas. Questell tuvo que restituir $5,462.00 además de pagar una multa de $1,500.00.

El alcalde de Lajas, Marcos “Turin” Irizarry violó la ley de ética al utilizar propiedad del municipio para hacer boletines políticos y por archivar ilegalmente querellas y boletos de la policía municipal emitidos a miembros de su partido. El alcalde ordenó dejar de emitir boletos de tránsito durante periodo electoral para no afectar su imagen.

Mientras que el alcalde de Corozal, Sergio L. Torres, pagó ilegalmente con fondos públicos al Bufete Pedro Ortiz Álvarez para que lo representara en un proceso de investigación ante el Panel del Fiscal Especial Independiente relacionado a la pavimentación con fondos municipales de un camino privado que llega a su residencia. Según la Ley de ética, es ilegal pagar con fondos del municipio su representación en un caso legal privado.

Como ocurrió con la Oficina del Contralor Electoral- según confirmara el contralor Manuel Torres al Centro de Periodismo Investigativo- las comisiones calificadoras de los principales partidos nunca consultaron a la OEG sobre el cumplimiento a la ley de ética de sus aspirantes evaluados.

“Siento decirte que tampoco acudieron a la Oficina de Ética. En el año 2012 sí las comisiones evaluadoras se comunicaron con nosotros para indagar situaciones de carácter ético con diferentes candidatos o aspirantes. Nosotros le suplimos la información, incluso a una persona no se le permitió correr porque tenía un asunto ético muy serio”, aseguró Zulma Rosario, directora de la Oficina de Ética Gubernamental.

Rosario insistió en que los partidos políticos tienen una responsabilidad de escoger las personas más idóneas para representarlos en la papeleta. Favoreció que se enmiende la ley electoral para que entre los requisitos que se le exigen a los candidatos, se encuentre una certificación de cumplimiento con la OEG.

“El gran error de los partidos es que despachan todo como un chisme. La Ley de Ética es una ley penal especial. ¡Esto es serio! Yo pensaría que los partidos deberían cuidarse un poco más… todavía están a tiempo y aunque no lo exija la ley, deberían pedir una certificación de la OEG”, sostuvo.

Partidos políticos defienden proceso de evaluación de aspirantes

Los secretarios del PPD, Javier Echevarría y del PNP, José Aponte, defendieron el proceso de evaluación interna de los aspirantes a puestos políticos realizado por sus respectivas comisiones calificadoras. Estos plantearon que las mismas se hicieron de acuerdo a los requisitos de la ley electoral.

“Lo que pasa es que la propia ley electoral, no limita la participación de ninguno de ellos. Entonces, ¿por qué el partido político le va a imponer una limitación cuando la ley no se la impone? Eso sobre los que han sido multados… No es el partido político únicamente. En cuanto a la ley de ética, hay querellas y hay querellas, y hay situaciones y hay situaciones”, expresó José Aponte, secretario del PNP.

Sin embargo, las comisiones para evaluar candidatos de los partidos tienen discreción sobre los elementos que evalúan y no tienen que circunscribirse sólo a lo que diga la ley. Podrían ser más rigurosos.

Aponte opinó además que no se debe descalificar a candidatos si estos toman acciones correctivas en sus informes ante la OCE y si han pagado las multas impuestas por la Oficina de Ética. Alegó que hay ocasiones en que se multa sin tomar en cuenta particularidades de cada caso.

En el caso de Eric Correa, Aponte dijo que el PNP no puede evitar que aspire nuevamente. Aunque la OCE lo haya referido al Departamento de Justicia, la investigación no ha finalizado.

“Esa es la conclusión de un ente administrativo que lo refiere a Justicia, y Justicia no ha actuado. ¿Qué tú haces? No ha habido una determinación”, justificó Aponte.

Por su parte, el secretario del PPD, Javier Echevarría, alegó en que la comisión evaluó todos los elementos para dar el visto bueno a los aspirantes a puestos políticos y que luego del cambio reciente en la presidencia de esa colectividad, se fortaleció aún más la rigurosidad de la comisión para sacar algunos de los aspirantes públicamente cuestionados.

“Los procedimientos se siguieron al pie de la letra y de forma efectiva de parte de los componentes de esa comisión. Aspectos relativos a incumplimiento de ley, depravación moral, violaciones significativas a la ley… Todo eso fue considerado y formó parte de ese escenario de evaluación”, aseguró Echevarría.

Pero la realidad es que todos los candidatos señalados o con multas en el PPD recibieron luz verde de su partido.

Solo tres aspirantes se vieron obligados a renunciar por señalamientos de violaciones a la ley. Pedro “Chino” Díaz fue acusado por supuestamente enviar fotos sexualmente explícitas a una mujer; Fundador “Pucho” Rosario, convicto por tentativa de asesinato; y Nelson Velázquez, que renunció a un puesto en la Cámara de Representantes en medio de acusaciones de robo de materiales en su área de trabajo.

Echevarría favoreció que se enmiende la ley electoral para incluir como requisito una certificación de que los candidatos políticos no han violado la ley de ética.”Me parece que podría ser examinada para que todos los partidos añadan ese elemento en la evaluación”, dijo Echevarría.