Partidos dan luz verde a aspirantes investigados por presuntas violaciones ley electoral

En momentos en que se cuestiona el buen juicio de algunos partidos en los procesos de avalar a sus candidatos, el Centro de Periodismo Investigativo encontró que no se atienden las violaciones o posibles violaciones a la ley electoral durante la evaluación.

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Semáforo.

yoshitomo1014 via VisualHunt : CC BY copy

Semáforo.

Aunque que son investigados por presuntas violaciones a la ley electoral, una docena de aspirantes a puestos electivos podrían figurar en la papeleta de la contienda electoral que se aproxima.

Y es que las comisiones evaluadoras del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP) dieron luz verde para buscar los endosos necesarios para oficializar sus candidaturas sin considerar en su evaluación las querellas radicadas ante la Oficina del Contralor Electoral.

El contralor electoral, Manuel Torres confirmó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que le cursó cartas a las presidentas de las comisiones evaluadoras de candidatos del PPD, Liza Ortiz, así como a su homóloga en la comisión del PNP, Lucy Arce, poniendo a su disposición toda información, querella o investigación en manos de su oficina sobre posibles aspirantes, pero nunca recibió respuesta.

“Los partidos tienen una obligación de evaluar sus candidatos… Le escribimos a las dos presidentas de los comités, a los dos secretarios y los comisionados electorales, poniéndonos a disposición de ellos para suplir cualquier  información que necesitaran sobre la viabilidad de los candidatos, en el cumplimiento con la Ley de Financiamiento de Campañas. Porque uno de los elementos que los partidos pueden utilizar para descalificar un candidato es no haber cumplido con esta. Hasta ahora no hemos recibido contestación ni nos han solicitado información”, aseguró el contralor electoral.

Para el contralor, los partidos políticos deberían tomar en cuenta el cumplimiento o no sus candidatos a la ley de financiamiento. Aunque un partido no puede descalificar a un aspirante por el hecho de tener una querella ante su oficina, insistió en que la querella sí debería ser un elemento en su evaluación.

Entre las querellas sin adjudicar presentadas ante el contralor electoral se encuentran, Yamil Serrano Tirado, aspirante a alcalde en Utuado por el PNP; Jonathan Tossas, aspirante a alcalde en Utuado por el PNP; José Alberto Banchs, aspirante del PNP por el distrito 24; Meldwin Rivera Rodríguez, aspirante a la alcaldía de Santa Isabel por el PNP; José “Jeroncito” Muñiz La Salle, aspirante a alcalde por PNP en Quebradillas; Héctor Rodríguez Rodríguez, aspirante PNP a la alcaldía de Guayanilla; Carlos A. Rodríguez Rivera, aspirante PNP a la alcaldía de Luquillo; Jorge López Santiago, aspirante a representante al PNP por el distrito 39 de Carolina; Elmer Vega, aspirante a representante por el Distrito 14 por el PNP; Raúl Méndez Candelaria, aspirante a alcalde popular en Gurabo; Rafael Surillo, incumbente y aspirante por el PPD a la alcaldía en Yabucoa.

Además de las querellas no adjudicadas, hay otra información que las comisiones evaluadoras de los partidos parecen pasar por alto: las querellas que sí han sido adjudicadas, así como las auditorías y los candidatos que fueron multados en el pasado ciclo electoral.

Una de las querellas que ya se adjudicó por el contralor electoral indica que el recién avalado candidato a la alcaldía de Adjuntas por el PPD, Víctor Torres, tendrá que pagar multas a la OCE por no radicar sus informes como requiere la ley.

A consecuencia de una investigación publicada por el CPI sobre la falta de garras de la Ley para el Financiamiento de Campañas, la Oficina del Contralor ha recomendado enmiendas para evitar que los candidatos y comités que se encuentran en proceso de auditoría puedan enmendar sus informes para registrar dinero no reportado.

MT

Juan Carlos Álvarez

Manuel Torres, Contralor Electoral.

“Por eso estamos recomendando que en medio de los procesos de auditoría haya unos elementos  -que vienen de tu investigación- que no se puedan corregir; que los ingresos y gastos que no informaste no puedas venir a informarlo en el proceso… Nosotros tenemos que darle oportunidad de corregir elementos pero hay elementos que no se pueden corregir. Como hemos hablado ya, en los últimos seis meses con el CPI,  hay que cerrar esos espacios que la ley tiene”, aseguró.

Miles de dólares bajo el radar en campaña popular a la alcaldía en Yabucoa

Uno de los casos más llamativos entre los políticos con querellas es el del alcalde de Yabucoa, Rafael Surillo, quien logró la aprobación del comité del Partido Popular Democrático para aspirar a un segundo término pese a que es investigado por la Oficina del Contralor por presuntamente no registrar miles de dólares en su pasada campaña política.

Según la querella, radicada en mayo de 2015, el comité del entonces aspirante a la alcaldía de Yabucoa impuso una cuota mensual de $300.00 para cada una de las 18 unidades electorales desde muy temprano en el 2011. Los líderes de barrio entregaban personalmente este dinero, que llamaron “compromisos”, a Surillo o a la tesorera del comité de campaña, Wanda I. Castro. Esta aportación nunca fue incluida en los informes de ingresos y gastos sometidos a la Oficina del Contralor Electoral, indica la querella.

Hace referencia a actividades de recaudación, tales como “Corrida 4×4”, “Banquete en el Cocal”, “Viernes Popular”, y la celebración del cumpleaños del entonces candidato en el que se vendieron sobre 500 boletos a $10.00, además de comida y bebida, que fue donada pero no se informó en los registros oficiales al contralor electoral.

Se alega además que en las facilidades del Comité Municipal había una “tiendita”, que en los últimos seis meses de campaña operaba diariamente vendiendo comida, bebidas, banderas populares, camisetas y boletos de actividades.Los recaudos de “la tiendita” nunca fueron reportados en los informes oficiales.

Aunque no se detalla en la querella, personas que participaron en la campaña de Surillo confirmaron al CPI, en entrevistas por separado, que las actividades de recaudación de fondos comenzaron desde el 2010, pero no fueron registradas en los informes ante el contralor.

“Se hicieron dos encendidos navideños, dos actividades de cumpleaños. En marzo del 2011 hubo una actividad con el entonces candidato a la gobernación, Alejandro García Padilla. En verano del 2012, se celebró el inicio de campaña. Además, hubo varias actividades de recaudación de fondos en residencias. En todas las actividades, el 90% de las cosas eran donadas. Fueron miles de dólares que no fueron reportados”, aseguró una fuente allegada a la campaña de Surillo.

De acuerdo al registro de la Oficina del Contralor Electoral, el comité de Surillo reportó ingresos de $89,483.41 en la pasada campaña, cantidad menor que los $120,000 recibidos durante el 2011 y 2012 solamente por concepto de los llamados “compromisos” de las 18 unidades electorales.

“Esta querella es probablemente la más complicada por la cantidad de alegaciones que contiene. Está bien fundamentada. Menciona eventos particulares. Tiene los elementos constitutivos necesarios para investigar y fue referida a la división de auditoría”, sostuvo el contralor Manuel Torres.

El funcionario señaló que la investigación se encuentra en el proceso de citar testigos y requerimientos de información para corroborar algunas de las alegaciones.

PPD cierra filas con incumbente

La Comisión Evaluadora de Candidatos del PPD conocía de la existencia de la querella, pero descalificó al único aspirante a retar al alcalde Rafael Surillo en primarias. La escueta resolución emitida por el organismo señala que Norberto Andújar fue descalificado por hacer “serias imputaciones contra el alcalde y en detrimento del PPD”.

“Yo les hice llegar copia de la querella el 16 de diciembre (de 2015). Yo le había informado directamente a la junta calificadora que unos ciudadanos habían radicado una querella. También hablé con el entonces secretario general del PPD, Jorge Colberg”, explicó al CPI Norberto Andújar, quien alega fue descalificado luego de un proceso irregular.

Andújar radicó una demanda contra el PPD y su actual presidente David Bernier en el Tribunal de San Juan (Caso KPE 2016-0207), la cual se atenderá el lunes 1ro de febrero a la 1:30 pm en la sala del juez Ángel R. Pagán, en el Tribunal Superior de San Juan.

En la demanda, el aspirante alega que la Comisión Evaluadora de Candidatos del PPD violó su derecho a un debido proceso de ley al no ser debidamente citado a la vista administrativa en la que se dilucidó una querella radicada en su contra. Sostiene que la comisión tampoco le ofreció oportunidad de presentar evidencia para refutar las alegaciones en su contra.

Según se desprende del documento legal, aunque cumple con todos los requisitos de ley, el aspirante fue descalificado por decirle “canalla” al incumbente en un programa radial.  La querella fue radicada por Luis G. Rivera, ayudante especial del incumbente que intentaba retar en primarias.

Alcalde alega que está preparado para responder los señalamientos

El alcalde de Yabucoa, Rafael Surillo, rechazó haya dejado de reportar dinero recaudado durante su pasada campaña electoral. Según este, las supuestas irregularidades señaladas en la querella radicada en su contra en la Oficina del Contralor Electoral, son producto de personas que intentan mancillar su reputación y la de sus allegados.

Rafael Surillo, alcalde de Yabucoa.

NotiCel

Rafael Surillo, alcalde de Yabucoa.

“Eso es totalmente falso. Estamos preparados para responder a cualquier investigación del contralor electoral. Son cuestionamientos que surgen de algunas personas con mala intención que quieren sembrar dudas respecto a la integridad de nosotros. Estamos preparados para responder a los señalamientos de la querella presentada”, sostuvo.

Según el alcalde, aunque existían unas cuotas para cada unidad electoral, no se logró recaudar todo el dinero proyectado ya que no todas las unidades cumplieron con los llamados “compromisos”. Se distanció además, del proceso de descalificación de su contrincante, aunque admitió que el ciudadano que radicó la querella está en la nómina de su municipio.