Los contratos “full service” de la calle Paraná

Compañías que comparten oficinas y socios han obtenido más de $19 millones en contratos con agencias y municipios bajo las administraciones de los gobernadores Acevedo Vilá, Fortuño y García Padilla. Juegan al “pitcher” y el “catcher” pues mientras unas ofrecen asesoría financiera, las otras auditan, dan asesoría tecnológica para cobro del IVU o servicios legales, y todo desemboca en las oficinas de la calle Paraná.

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Oficinas de López Vega, CPA y Municipal Consultants Group en la calle Paraná en San Juan

Foto por Juan Costa

Oficinas de López Vega, CPA y Municipal Consultants Group en la calle Paraná en San Juan

En el #1686 de la calle Paraná en San Juan, coinciden puerta con puerta varias empresas.

La compañía López Vega, CPA, que ha tenido entre sus clientes a 23 municipios y 13 agencias de gobierno y ha logrado contratos por más de $6 millones entre 2005 y 2016, comparte oficina con Municipal Consultants Group, que ha logrado $12.6 millones en contratos con cuatro agencias y 26 municipios rojos y azules.

Los dueños de Municipal Consultants son Alcides López Miranda, Ángel Alfredo López Vega y Luis I. Mercado Canales. Los dueños de López Vega, CPA son Ángel Alfredo López Vega y José Mercado Canales. Si nota alguna coincidencia es porque estas dos empresas no solo comparten oficinas y secretaria, sino a varios de sus socios, así como lazos familiares. Alcides y Ángel Alfredo son primos y en ocasiones uno fiscaliza al otro.

De acuerdo a los documentos radicados en el Departamento de Estado, Ángel Alfredo López Vega es el socio e incorporador de Municipal Consultants Group, Inc. y también figura como presidente y tesorero de López Vega, CPA. En algunos documentos oficiales, figura solo como Alfredo López Vega, pero el lugar de residencia que presenta es exactamente el mismo de Ángel Alfredo: la urbanización Los Paseos en San Juan.

Además de compartir clientes del gobierno, como la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), estas empresas coinciden en sus contratos con municipios. Cayey, Cidra, Dorado, Guánica, Guayama, Juncos, Ponce, Río Grande, Toa Alta, Trujillo Alto y Yabucoa son los municipios para los cuales MunicIpal Consultants hace asesoría financiera y de contabilidad, auditoría y consultoría administrativa, y que López Vega, CPA da servicios de contabilidad y auditoría.

Pero además, un tercer inquilino cita el #1686 de la calle Paraná como su sede: Municipal Technology Advisors. Esta empresa es una subsidiaria de Municipal Consultants y es liderada por los mismos dueños: Alcides López y Luis I. Mercado. Ofrece consultoría, productos y servicios tecnológicos al sector público, implementación de sistemas contables, integración de sistemas, desarrollo de aplicaciones y gerencia de proyectos. Por ejemplo, vende un programa a los municipios para alegadamente detectar la evasión contributiva del IVU municipal. En su página web, Municipal Technology Advisors, muestra que ésta o sus compañías matrices han ofrecido sus servicios a más de una veintena de municipios así como a agencias gubernamentales tales como el Banco Gubernamental de Fomento, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Administración de Sistemas de Retiro, la Corporación del Fondo del Seguro de Estado y el Departamento de Educación, entre otros. Sin embargo, el CPI constató que la compañía solo ha tenido contratos con el municipio de Cataño por $255,600, el último, vigente hasta el 30 de junio de 2016.

 

Al hacer un análisis de las finanzas de los municipios en los que han sido contratadas las tres empresas destacan los problemas fiscales, déficits presupuestarios y señalamientos en recientes auditorías realizadas por la Oficina del Contralor. Tal es el caso en Yabucoa, Río Grande, Luquillo, Ponce y Vega Baja, señalados en los informes del Contralor por deficiencias fiscales, déficit millonarios y por no preparar informes fiscales, entre otros.

Según datos del Índice Municipal de Salud Fiscal de Puerto Rico, publicado por el Centro de Investigación y Política Pública (CIPP) en abrepr.org, los municipios con el peor desempeño financiero son Yabucoa, Ponce y Juncos. De acuerdo al estudio, estos municipios tienen deudas significativas a largo plazo, balances negativos y un pobre desempeño fiscal. También tienen en común a sus asesores en contabilidad y consultoría administrativa: Municipal Consultants o López Vega CPA. Más de la mitad de los 25 municipios con peor índice, 14, mantienen contratos con estas compañías.

Actualmente, la deuda pública municipal asciende a $4,114 millones según la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), cifra que representa el dinero que los ayuntamientos han tomado prestado, tanto para financiar obras y mejoras permanentes como para sufragar costos operacionales ordinarios.

Según OCAM, 41 municipios cerraron el año fiscal 2013-2014 con déficits. De los 20 municipios con los peores déficits, la mitad mantienen contratos con Municipal Consultants y López Vega, CPA; entre los que se destacan Ponce ($38.8 millones), Juncos ($8.7 millones), Yabucoa ($7.3 millones), Trujillo Alto ($5.9 millones), Barceloneta ($4.7 millones) y Guayama ($4.6 millones).

Los principales socios de estas firmas mantienen lazos con incumbentes del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP). Por ejemplo, figuran como donantes en las campañas políticas de candidatos de los dos principales partidos. Aunque residen en San Juan, López Miranda, López Vega y Mercado Canales, figuran en el registro de la Oficina del Contralor Electoral con aportaciones económicas a las campañas políticas de los alcaldes de los municipios con los que mantienen contratos, como Yabucoa, Ponce, Juncos, Río Grande, Dorado y Cataño. También le han dado al PPD, a Luis Fortuño. Los donativos registrados están dentro del margen permitido por la ley electoral.

Las empresas no concedieron entrevista al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) para reaccionar a los hallazgos de esta investigación, incluyendo el conflicto de intereses entre ambas empresas y sus millonarios contratos.

Evidente conflicto ético

Las compañías comparten sus oficinas en una estructura física modesta, una casa de urbanización consolidada con otra y convertida en oficina, que a simple vista aparenta una pequeña operación. Sin embargo, con esta infraestructura física y humana mínima, Municipal Consultants Group, la firma López Vega CPA y Municipal Technology Advisors ofrecen una especie de “full service” o servicio completo, y han obtenido $19 millones en contratos con agencias de gobierno y municipios durante los últimos 12 años. En algunos municipios, López Vega asesora sobre finanzas y también realiza single audits, constató el CPI. En otros, Municipal Consultants asesora mientras su vecino López Vega audita.

El esquema de la calle Paraná #1686

Hecho con vis.occrp.org.

Visualización por Laura Moscoso

Hecho con vis.occrp.org.

De acuerdo a las disposiciones éticas que rigen la profesión de los contadores públicos autorizados, si una compañía ofrece asesoría financiera contable, en la práctica se convierte en parte del equipo gerencial del municipio o agencia, ya que su labor incide en la toma de decisiones financieras de ese ente gubernamental, aseguró la presidenta del Colegio de CPA, Zulmarie Urrutia.

“Aunque subcontratado, está asesorando en la manera de tomar decisiones y ejecutar… son funciones gerenciales. Si hay un interés directo o indirecto que pueda nublar mi objetividad al momento de evaluar los números y estados financieros de una entidad, me debo inhibir”, añadió Urrutia.

La relación entre ambas compañías y el hecho de que compartan socios violenta uno de los principios rectores para poder auditar, que es la independencia, por lo que el CPA debería inhibirse de realizar ese trabajo.

“(En el Colegio de CPA) nosotros somos bastante conservadores. Nos inclinaríamos a pensar que sí (existe un conflicto de intereses en las funciones que realizan ambas firmas) porque los entes jurídicos son figuras de papel. Son figuras creadas por ley, pero las personas que están detrás son personas naturales, con ombligo, que tienen cerebro y sus relaciones personales. Si comparten ambas, eso levantaría bandera sobre la objetividad y la posibilidad de conflicto”, sostuvo Urrutia.

“Son las mismas personas que están fungiendo como asesores gerenciales de esta entidad y también están haciendo la auditoría; entiendo que es una apariencia de conflicto que debería subsanarse. En ese caso entendería que sí que es una falta ética y habría que traer el caso documentado al comité de ética del Colegio de CPA y a la Junta Examinadora de Contabilidad adscrita al Departamento de Estado”, puntualizó.

El Gobernador pidió investigación que misteriosamente se esfumó

Parecería una contradicción que la administración del gobernador Alejandro García Padilla haya beneficiado con contratos de asesoría y consultoría financiera a este grupo de compañías relacionadas entre sí, pues durante la pasada administración él y otros senadores y representantes del PPD cuestionaron la intervención de estas mismas empresas en el manejo de las finanzas municipales de Ponce, bajo dominio del PNP.

El gobernador Alejandro García Padilla

Foto por La Fortaleza

El gobernador Alejandro García Padilla

Las denuncias sobre los contratos de las firmas de López Vega y López Miranda con el Municipio de Ponce llegaron desde la Legislatura Municipal hasta El Capitolio. El representante Víctor Vasallo, el entonces senador García Padilla y el aún senador Eder Ortiz radicaron resoluciones para investigar el alegado conflicto de intereses y la relación entre ambas firmas. La Resolución del Senado 1668 fue radicada el 15 de octubre de 2010. Tuvo su primera y única lectura en la sesión del 18 de octubre, ya que sin explicación fue retirada el 10 de noviembre de 2010 por su autor y eventual gobernador García Padilla, sin consignar explicaciones. El también ex comisionado electoral del PPD Eder Ortiz, quien ha sido señalado por influencias indebidas en la concesión de contratos de gobierno en otros casos, no contestó llamadas del CPI para explicar el retiro de la medida.

A la resolución de investigación radicada ante la Legislatura Municipal de Ponce no se le dio paso.

Para aquella fecha, Municipal Consultants Group mantenía contratos con otros 19 municipios del país además de Ponce, entre los que figuraban varios del PPD, tales como Barceloneta, Cayey, Río Grande y Dorado, entre otros.

Municipal Consultants Group obtuvo $7.3 millones en contratos con municipios entre el 2004 y 2012 y $500,000 adicionales en la Comisión de Servicio Público, la Corporación del Puerto de las Américas y la OCAM.

Un cuarto vecino en la calle Paraná

Oficinas de Alejandro Carrasco en la calle Paraná #1684

Foto por Juan Costa

Oficinas de Alejandro Carrasco en la calle Paraná #1684

El edificio que comparten en la calle Paraná las firmas de contabilidad, auditoría y tecnología está interconectado por un pasillo interior con las oficinas en el #1684 del abogado Alejandro Carrasco, quien fue arrestado junto al alcalde de Río Grande, Eduard Rivera, por actos de corrupción. Carrasco ha tenido contratos por $1.6 millones con otros municipios populares como Yabucoa, Trujillo Alto, Luquillo, Barceloneta y Juncos, los cuales a su vez mantienen contratos con Municipal Consultants y López Vega CPA. Carrasco fue además abogado del senador PPD Jorge Suárez, así como asesor de ética en la oficina del legislador.

Señalamiento federal a auditoría de Lopez Vega

En septiembre del 2015, la Oficina del Inspector General del Departamento del Trabajo de EE.UU. señaló a la firma López Vega, CPA, por deficiencias en el estado financiero (single audit) realizado a la Administración de Desarrollo Laboral de Puerto Rico para el año fiscal 2012-2013. De acuerdo al informe, la firma de contadores no incluyó estipendios desembolsados “impropiamente” a participantes de fondos WIA como pagos en el renglón de gastos o “costos cuestionables”. La agencia federal concluyó que la firma debió haber informado la suma de $16,800 como costos cuestionados por lo que ordenó rehacer el informe de auditoría.

Guardan silencio

El CPI intentó obtener una explicación de los directivos de las compañías en cuanto a la cantidad de contratos y los servicios que ofrecen.

Aunque inicialmente el CPA Ángel A. López Vega se comprometió a conceder una entrevista, la misma fue cancelada sin explicación a tan solo horas del encuentro. López Vega sería el único representante autorizado para hablar por ambas compañías.

Ante la cancelación de la entrevista, se solicitó conversar con algún otro oficial de algunas de las entidades, pero la recepcionista aseguró que el CPA era la persona autorizada para hablar a nombre de ambas corporaciones y que su única instrucción es que “ellos se comunicarían” con el CPI, sin precisar la fecha. La comunicación nunca se produjo.

  • Javier

    Wow, de las mejores piezas de periodismo que he visto en mucho tiempo. Objetivo y el mensaje es claro. Los felicito

  • comentaor

    Por ahí es que se va el dinero. No hace falta tal rescate financiero. Están robándose el dinero para pagar la deuda.

  • mari

    Que barbaridad. Son los mismos, son los mismos. Con ambos partidos. Y la fiscalía federal? Que entre a investigar esto, pero de ambos partidos, no de uno nada más. Quien detendrá este despilfarro? Da asco.