Puerta giratoria de grupo de empresas vecinas logra millones en municipios rojiazules

Río Grande y Ponce lideran con $2.3 millones cada cual la lista de municipios que más dinero han puesto en contratos con las empresas familiares de la calle Paraná #1686, López Vega CPA y Municipal Consultants Group, que comparten oficinas y socios. Una mirada a cómo han operado estos contratistas pinta un cuadro de manejo irresponsable de fondos públicos, faltas éticas y favoritismo, toda una economía que depende de la intervención político partidista penepé y popular y que no es fiscalizada oportunamente.

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Foto por: gregorywass via Visual Hunt / CC BY-NC-SA

Apenas se conocieron los resultados de las elecciones del 2008, los primos Alcides López Miranda y Alfredo López Vega lograron asientos en el comité de transición de la recién electa alcaldesa de Ponce, María Mayita Meléndez, obteniendo información privilegiada del Municipio al que luego le cotizarían para darle asesoramiento en finanzas y auditoría, servicios educativos, “de orientaciones” y técnicos.

Hermanos Luis y José Mercado Canales

Foto de Facebook

Hermanos Luis y José Mercado Canales

Con la nueva administración municipal penepé, los socios de las compañías López Vega CPA y Municipal Consultants Group sumaban a Ponce en su lista de 23 municipios rojiazules y 13 agencias de gobierno que contrataban sus servicios. Las empresas comparten oficina, cuatro socios, que son además familia y secretarias en la calle Paraná #1686 en San Juan, reveló el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Alcides López Miranda y Alfredo López Vega son primos, mientras que los otros dos socios de estas empresas, Luis Mercado Canales y José Mercado Canales, son hermanos, confirmaron varias fuentes.

Las compañías han recibido $2,310,015 en contratos de Ponce entre marzo de 2009 –apenas tres meses luego de juramentar Mayita Meléndez– y abril de 2016. Los últimos contratos de Municipal Consultants Group terminaron el 30 de junio de 2013. Además, el ayuntamiento contrató a Municipal Consultants para realizar gestiones de cobro de ingresos municipales de patentes y contribuciones.

En muy poco tiempo, las intervenciones de las firmas de Alcides López y su primo Alfredo López en Ponce, levantaron suspicacia entre funcionarios de la Ciudad Señorial. De acuerdo a varias fuentes del CPI, la alcaldesa mantuvo contratada a la firma de contadores públicos de Ponce Silvagnoli-Guzman CPA para terminar la primera auditoría del año fiscal que compartía con la anterior administración municipal de Francisco Zayas Seijo. Luego los sacó para contratar a López Vega CPA.

Ángel Alfredo López Vega y Alcides López Miranda, primos y socios de negocios

Foto de Facebook

Ángel Alfredo López Vega y Alcides López Miranda, primos y socios

Al principio, los contratos de asesoría pasaron sin mayores problemas, hasta que comenzaron a hacer las auditorías. Entonces, se regó como pólvora que Alcides y Alfredo eran primos hermanos, asesoraban al municipio y que trabajaban en las mismas oficinas en San Juan, además de haber estado en el comité de transición de Mayita.

En el 2010, Municipal Consultants Group, Inc. y la firma López-Vega CPA PSC estuvieron bajo la mirilla al denunciarse el conflicto de intereses en las funciones que realizaban como asesores financieros en el Municipio de Ponce. Municipal Consultants Group, asesoraba al Departamento de Finanzas del ayuntamiento en la elaboración del presupuesto y luego la López -Vega, CPA auditaba las finanzas municipales.

Ese mismo año una resolución de investigación que objetaba la naturaleza de las funciones y alegaba violaciones éticas por la relación entre los socios de ambas compañías fue radicada por el Dr. Luis M. Irizarry Pabón, portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Legislatura Municipal.

En aquel momento, la delegación del PPD en la Legislatura Municipal de Ponce solicitó a ese cuerpo y a la Oficina del Contralor que investigara el potencial conflicto de interés por la contratación de ambas firmas, una de contabilidad y a otra de auditoría, que pertenecen al mismo grupo de contadores públicos.

Los cuestionamientos públicos no se hicieron esperar, pero la administración municipal no dio paso a la investigación, que calificó como frívola.

La alcaldesa Mayita Meléndez no accedió a ser entrevistada por el CPI luego de múltiples intentos.

Se le escaparon a la Oficina del Contralor

Irizarry Pabón también radicó en 2010 una querella a estas compañías ante la Oficina del Contralor en la cual relataba a la contralora Yesmín Valdivieso el conflicto de intereses en los contratos de López Vega y López Miranda con el Municipio de Ponce. No hacía referencia a las relaciones familiares entre los cuatro socios de estas empresas que pudo corroborar el CPI.

La misiva de Irizarry explicaba que ambas compañías comparten socios y oficinas, y los conflictos éticos de los servicios que rinden al Municipio. Casi seis años después, la Oficina del Contralor, comunicó por escrito al CPI que “la querella del Dr. Luis M. Irizarry Pabón se examinó en la auditoría de Ponce y la misma resultó sin fundamentos. Nuestros auditores no encontraron evidencia que sostuviera lo que indica el querellante”.

Aunque los certificados de incorporación de ambas entidades ante el Departamento de Estado demuestran que las compañías tienen socios en común, la contralora Yesmín Valdivieso insistió en que los auditores encontraron que la composición de las juntas de ambas entidades era diferente.

La contralora, Yesmín Valdivieso

Foto por Juan Costa

La contralora, Yesmín Valdivieso

“Según lo que encontraron mis auditores, eran personas diferentes… No fuimos más allá a ver si eran primos. Dice [el informe] que la composición de la junta y sus miembros no eran los mismos”, indicó la funcionaria en referencia a la explicación que ofrecen sus auditores.

No obstante, los servicios que han ofrecido estas compañías en Ponce han sido objeto de señalamientos de la Oficina del Contralor. En su informe de auditoría M-15-15 del 9 de diciembre de 2014, la contralora cuestiona que el Municipio haya firmado contratos externos para el cobro de contribuciones sobre propiedad inmueble cuando estas tareas pudieron ser realizadas por los empleados municipales a un costo menor. “La situación comentada es contraria a los artículos 3.009(r), 6.005(c) y 8.005 de la Ley 81-1991”, indica el informe. No hubo ningún referido al Departamento de Justicia.

“La Directora de Finanzas se apartó de las disposiciones citadas y no protegió adecuadamente los intereses del Municipio”, añade. “Las gestiones de cobro realizadas por el consultor [Municipal Consultants Group] se limitaron a las contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble notificadas por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) al Municipio… Se delegaron funciones de recaudaciones inherentes al Director de Finanzas a un consultor privado”, establece.

También guisaban con los rojos

Cuando al alcalde popular de Río Grande Eduard Rivera Correa los agentes federales le pusieron las esposas en julio de 2014 junto al abogado vinculado al PPD Alejandro Carrasco Castillo, otros siete municipios que tenían contratos por $3 millones con el letrado temieron. Las acusaciones fueron por un esquema de corrupción en el que se pedía dinero a suplidores para actividades políticas. Todavía está por verse cuál será su condena o si coopera con las autoridades federales, pues desde 2014 se declaró no culpable, fue dejado en libertad bajo fianza y todavía está en espera de juicio. Carrasco además había sido asesor del alcalde de Barceloneta, también convicto, Sol Luis Fontanes. Declinó hablar con el CPI, a través de su abogada, Lydia Lizarribar.

 

Tras el cambio de administración por el arresto del alcalde de Río Grande Eduard Rivera Correa, el actual alcalde Ángel “Bori” González mantiene contratos por $119,545 con ambas compañías. González, quien había sido jefe del Departamento de Obras Públicas Municipal bajo la administración de Rivera Correa, anticipó al CPI que rehusaba hablar de su exjefe.

Insistió en que heredó los contratos que mantiene con López Vega CPA y Municipal Consultants todavía un año y medio después de inaugurarse en su silla, y aseguró que nadie le ha hecho señalamientos sobre los mismos.

“Si han habido cambios han sido muy pocos, entendiendo de que el trabajo pues se tenía que continuar, y de esa misma forma lo he continuado haciendo. Desconozco si hay una compañía que está envuelta en el caso, de verdad que en el momento lo desconozco, y si no se me ha hecho ninguna advertencia sobre eso…”, justificó González.

Yabucoa también contrata a las tres compañías de la calle Paraná

Alejandro Carrasco Castillo fue quien llevó de la mano a sus vecinos del #1686 de la calle Paraná al municipio de Yabucoa, luego que el candidato popular Rafael Surillo –con quien le unen estrechos lazos de amistad, ganara la alcaldía en las pasadas elecciones. El vínculo entre ambos se remonta a la década de los ’90, cuando entre el 1997- 2000, Surillo fungió como vicealcalde de Yabucoa, durante la incumbencia de  Ángel Luis Ramos Alverio. Surillo decidió aspirar como alcalde de Yabucoa en 2012. Carrasco participó activamente durante su campaña política y en el proceso de transición.

Como en el caso de Ponce, uno de los socios de las empresas de la calle Paraná, Luis I. Mercado Canales, participó en el comité de transición de Yabucoa.

Pulse para ver el esquema de la calle Paraná #1686

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Visualización por Laura Moscoso

Hecho con: vis.occrp.org

 

En las reuniones del proceso de transición participó también informalmente Pedro A. Crespo Ortiz, también empleado de estas compañías en ese momento. Aunque no figuraba en el comité, Crespo asistía regularmente a las reuniones en las que se discutía la situación financiera del municipio, según confirmaron varias fuentes, que aseguran además que él era el encargado de las auditorías que realizaban estas firmas al ayuntamiento de Juncos. Crespo es hermano del director del Cuerpo de Bomberos, Ángel Crespo, cuya agencia también mantiene contratos desde el 2013 hasta el presente con López Vega CPA.

Rafael Surillo

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Rafael Surillo

Al juramentar Surillo en Yabucoa, contrató a Alejandro Carrasco para aspectos legales del Municipio y a Municipal Consultants y López Vega para servicios de contabilidad y/o auditorias; servicios para “single audit” y servicios de auditoría Ley 273. Pedro A. Crespo Ortiz dejó de trabajar en la calle Paraná y se convirtió entonces en Director de Finanzas de Yabucoa.

Luego de su arresto, Carrasco le heredó a su hijastro, Ernesto Carlo Rivera Sánchez, el contrato con el municipio de Yabucoa. Con muy poca experiencia como abogado, Rivera Sánchez fue contratado en agosto de 2014 para ofrecer servicios legales en el ayuntamiento hasta junio del 2015 por $118,250.

En Yabucoa, la Oficina del Contralor encontró en el periodo fiscal del 2013 al 2015 “desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación relacionadas con la administración del presupuesto; déficits presupuestarios en el Fondo Operacional; y falta de consignación de fondos para cubrir déficits corrientes”. Ese municipio, que ha despedido empleados municipales y ha hecho reducciones de jornada, ha tenido $430,296 con las empresas de la calle Paraná.

En el informe de auditoría publicado el 18 de abril de 2016, la agencia cuestiona la confiabilidad de  la auditoría realizada por López Vega ya que la firma de contadores públicos autorizados no emitió una opinión sobre los estados financieros del Municipio para el año fiscal 2012-13 debido a que el municipio carece de controles internos para asegurar la veracidad de la información financiera.

La firma no pudo confirmar los balances de las cuentas por cobrar y por pagar, y de los préstamos entre fondos, ni pudo obtener evidencia para sustentar la razonabilidad de los estimados de presupuesto e ingresos actuales. Tampoco pudo verificar si los balances de activos de capital se informaron de forma completa.

Dice el informe: “Las situaciones comentadas denotan que el Alcalde y el Director de Finanzas se apartaron de las disposiciones citadas y no administraron eficientemente las finanzas ni protegieron al Municipio”.

Muy activos en otros comités de transición

Además de Ponce y Yabucoa, los socios de estas compañías han participado de comités de transición en otros municipios, como es el caso de Guayama, con la elección de Eduardo Cintrón Suárez en el 2012. En esta ocasión, el equipo financiero que analizó la situación fiscal durante la transición fue encabezado por Alcides López, con la ayuda de Alfredo López y Luis Mercado. Al igual que en Ponce y Yabucoa, luego de participar en el comité de transición, obtuvieron contratos para asesorar financieramente a la nueva administración municipal.

 

Esta historia contó con la colaboración de Waldo Covas.

  • Gilbert Viera

    Es necesario eliminar Todos los Alcaldes, son la fuente del robo del dinero Estatal y Federal. Son los que se apoderan ilegalmente de todos los contratos con sus corporaciones fraudulentas de familiares y amigos del alma. Se fu-tutean el dinero del pueblo entre unos pocos afectando la economía y las familias puertorriqueñas. Utilizan a sus empleados lambe joyete para falsificar documentos y cometer perjurios en los tribunales. Le ofrecen contratos a los familiares, amigos del alma, chillos y chillas de los jueces y así sobornarlos para salirse con la suya y mucho mas. Cuando el contratista es micro no se cansan de amenazar, extorsionar, sabotear, chantajear y al final se quedan con el dinero incumpliendo los contrato pues en el tribunal tienen el caso controlado con la corrupción. Soy un contratista victima de lo antes mencionado y desempleado por cusa del fraude del municipio de Cidra