La renunciante presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta Febo, que deja la agencia casi inoperante económicamente, con cinco sillas vacantes en la junta y la renuncia de puestos de confianza en los pasados meses, podría activar, nuevamente, la llamada revolving door o puerta giratoria entre el gobierno y la empresa privada. En una conversación con el Centro de Periodismo Investigativo a unas horas de anunciarse su salida de la agencia el próximo 31 de julio, la funcionaria dejó la puerta abierta ante la idea de trabajar para los bonistas, con los que hasta hace unos días estaba en la mesa negociando a nombre del gobierno.
Antes de estar en la presidencia del BGF, desde enero de 2013, Acosta Febo fue secretaria de Hacienda, luego de haber trabajado como abogada corporativa del bufete McConnell Valdés y como ejecutiva de finanzas para RG Financial Group. Ya había trabajado en el BFG como oficial de gerencia y presupuesto durante la administración de Sila Calderón. Antes de eso, su primera experiencia en el sector público fue como jefa del equipo de la alcaldía de San Juan de 1997 al 2000, luego de haber pasado tres meses como abogada corporativa del bufete O’Neill & Borges y un internado de verano de McConnell Valdés, firmas que trabajaron como asesoras en la emisión de $3.5 mil millones de bonos de obligación general tramitada por el BGF.
CPI: ¿Cree que pueda tener algún rol en el tema de reestructuración pero esta vez del otro lado, del lado de los bonistas?
MAF: (Silencio) No sé, es poco probable porque la verdad es que cuando uno está del lado de acá es como difícil con todo lo que uno ha pasado y con todo lo que uno cree. Yo de verdad trataré en lo que pueda ayudar a Puerto Rico lo más que pueda. Lo que sea, si es para ayudar, si es para facilitar una negociación, si es para ayudar que partes se pongan de acuerdo, yo hice eso mucho. Cuando era abogada, yo trabajé mucho precisamente en reestructuraciones de deuda, a veces representaba a bancos, que en este caso es como si fuera el gobierno, a veces representaba a los acreedores, a las personas que cogían prestado, a veces hacía después como de mediadora entre ambas partes. Uno puede ayudar de muchas formas y si en la medida en que sea para ayudar a Puerto Rico definitivamente estaría disponible, vamos a ver.
En esos cambios de estar primero en el gobierno y luego en la parte privada, ¿no le parece que ahí pudieran haber algunos conflictos de interés?
Bueno siempre pueden haber conflictos definitivamente. Yo siempre me he cuidado mucho trabajando en ambos sitios e inclusive dentro de la parte privada uno puede tener conflictos con clientes y eso uno siempre, como abogada y CPA que soy, uno tiene que protegerse de eso de ambos lados, ya sea del público o privado. Pues sí, definitivamente uno tiene que cuidarse.
¿Dónde le gustaría trabajar al fin y al cabo?
No sé, yo he tenido varias experiencias, yo soy abogada, CPA, he trabajado en finanzas, he trabajado en la parte operacional, he sido abogada de transacciones, de corporate, he sido accounting tax lawyer. He tenido varias alternativas. Vamos a ver, yo de verdad no estoy cerrada a nada, al contrario estoy abierta a considerar cosas y cosas nuevas también así que vamos a ver.
¿Cómo se afectarían las negociaciones con los bonistas en el contexto de que fue a través de usted que comenzaron esas negociaciones?
Ciertamente luego de la aprobación de PROMESA pues tenemos otras realidades y nosotros estuvimos negociando con ellos hasta hace unas semanas atrás…
El gobernador ha dicho que a quien le toca trabajar la negociación con los bonistas es a la junta de control fiscal.
Bueno sí, cualquier negociación que se acuerde, últimamente a final de cuentas tiene que ser aprobada por la junta. Si se van a retomar las negociaciones antes de que entre la junta o si van a esperar a que entre la junta es algo que obviamente tendríamos que hablar con los bonistas. Algunos de ellos me dijeron que sí querían tratar de llegar a algo antes de que llegue la junta, eso hace unas semanas atrás, todavía no se había aprobado PROMESA. Hay que ver si ellos continúan interesados o si prefieren parar todo y esperar por la junta.
¿A usted le parece que vale la pena lo que finalmente se aprobó como PROMESA y que eso va a significar realmente algún adelanto concreto para la recuperación económica a corto plazo, eso a costa de la pérdida de la poca autonomía del país y viendo el rechazo que ha tenido de algunos sectores de la ciudadanía?
Mira yo creo que sí, la respuesta es sí. PROMESA nos da la… PROMESA tiene dos temas importantes, uno que permite al gobierno reestructurar toda su deuda. Aun si nos hubieran dado el capítulo 9, aun si la quiebra criolla la hubiesen encontrado constitucional, esos dos solamente nos permitía reestructurar las corporaciones públicas, no nos permitía reestructurar los GO’s (Bonos de Obligación General) ni la deuda garantizada, ni COFINA. PROMESA nos permite reestructurar toda la deuda, lo que llamaban en un momento el súper Chapter 9.
Por otro lado PROMESA nos da un stay (suspensión) de litigios. Eso nosotros no lo tenemos y estamos negociando de buena fe sin protección de litigio. Por otro lado PROMESA trae una cosa que se llama el collective action claw, que es el que obliga a todo el mundo a sentarse en la mesa a negociar. Yo creo que le da a Puerto Rico las herramientas para poder reestructurar su deuda. Oye sí, a un costo, es una junta fuerte, pero yo de verdad me enfoco en la parte de reestructuración, que podamos tener un nivel de deuda sostenible y Puerto Rico se pueda mover adelante. La idea es tener una cantidad de deuda que Puerto Rico pueda pagar y pueda invertir en desarrollo económico. Pero parece que todos estamos de acuerdo en que la junta no es lo que queríamos, pero sabes qué, en un Congreso donde no se aprueba nada, que no hay ningún consenso entre demócratas y republicanos, pues esto fue lo mejor que se pudo obtener.
Con la aprobación de PROMESA y la creación la Autoridad de Asesoría Financiera, que es un nuevo agente fiscal, ¿qué pertinencia tendría entonces el BGF?
Bueno el Banco cubre las dos cosas, el Banco es agente fiscal, que es que aprueba transacciones básicamente, y es banco, tiene préstamos, tiene depósitos, tiene las dos funciones en una. Ahora el Banco está funcionando como banco y puede seguir siendo una entidad financiera por ejemplo para los municipios, los municipios en el día de hoy casi no tienen acceso a la banca privada y son sin embargo un crédito bien bueno porque los municipios pues cobran las contribuciones como el CRIM. Obviamente el Banco no está en condiciones para dar estos préstamos billonarios como se dieron en el pasado por error pero el banco pudiera ayudar más adelante cuando hayamos podido reestructurar la deuda.
Que la tiene que definir el gobernador
Bueno sí, el gobernador del país es quien tiene que definirla obviamente, pero también que estar avalada por la legislatura y sabemos que hay muchos legisladores que… muchos legisladores achacan al Banco 72 billones (72 mil millones) de deuda, que ya no son 72 son 68 ahora, pero la realidad es que la mayoría de esa deuda toda tiene legislación. O sea, el Banco como agente fiscal sí ayudó a emitir la deuda, pero la mayoría de esa deuda cuenta con leyes que se aprobaron, es una realidad. El Banco no es el único responsable de la deuda que hay en Puerto Rico, hay muchas partes que son las partes responsables.
Ya usted dijo que su renuncia no tiene que ver con la pesquisa de la SEC. ¿De alguna forma, aun renunciando, usted seguiría en algún sentido vulnerable a cualquier señalamiento de esa investigación?
Esta pesquisa empezó en diciembre de 2014 y no es una pesquisa, ellos pidieron información sobre unas emisiones y todo lo que han pedido se ha dado. O sea, yo no estoy a cargo de dar las cosas, hay un grupo de personas que recopilan la información y la envían y la pesquisa seguirá. Dos administraciones atrás se hicieron los Pension Obligaton Bond’s (POB), también la SEC hizo una pesquisa y duró como tres años y al final no pasó nada. Esto son cosas que pasan y se cooperará. El hecho de que uno salga o esté en el gobierno no hace diferencia, esa pesquisa de los POB duró como tres años y funcionarios que estuvieron fuera pues siguieron cooperando, eso no cambia nada. Y si eso fuera parte de la razón (de la renuncia), no me hubiese ido ahora, me hubiese ido en diciembre de 2014.
