Veredicto: Verdadero, pero…
En el debate de los candidatos a la gobernación celebrado por el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) el miércoles 12 de octubre, la candidata independiente Alexandra Lúgaro sostuvo que el despido de empleados, el cierre de escuelas y la venta de activos naturales bajo la Junta de Control Fiscal está sujeta a un procedimiento que “tiene que seguir una serie de regulaciones y una serie de pasos” y que el gobierno de Puerto Rico “hace las cosas como tiene que hacer” no se va a llegar a esas acciones.
Dijo Alexandra Lúgaro: “Es bien importante destacar que la legislación que crea la Junta de Control Fiscal antes de cerrar escuelas, antes de despedir empleados, antes de vender activos naturales, tiene que seguir una serie de regulaciones y una serie de pasos. Yo primero voy a trabajar arduamente para que esos pasos se den, para que eso no llegue. Eso es lo más importante. Si el gobierno hace las cosas como tiene que hacer, eso no va a llegar.”
El Artículo II, Sección 201 de la Ley PROMESA ciertamente establece un procedimiento regulatorio para la aprobación de los planes fiscales que proveerían para cualquier acción y/o control de presupuesto y gastos en todas las dependencias del gobierno – lo que podría conllevar cierres, despidos y ventas. El Gobernador debe someter estos planes fiscales que pueden ser aprobados o rechazados por la Junta. De ser rechazados, se le devolverían al Gobernador para que los revise de acuerdo a las instrucciones específicas de la Junta. De ser rechazados nuevamente, la Junta podrá diseñar y desarrollar los planes y someterlos al Gobernador y la Legislatura para su ejecución.
Decir que si el gobierno hace “lo que tiene que hacer” los cierres, despidos, y venta de bienes no van a llegar equivale a implicar:
1. Que el gobierno convence y/o complace la Junta
2. Que el gobierno tiene la última palabra
“PROMESA efectivamente permite que inicialmente el gobierno de Puerto Rico elabore el Plan Fiscal de cinco años. Sin embargo, la Junta dirá si éste cumple con los parámetros y objetivos de PROMESA. Si el gobierno no atiende los ajustes o cambios que “sugiere” la Junta (como por ejemplo vender activos del gobierno), la ley permite que la Junta pueda imponerse por encima de la Asamblea Legislativa y el Gobernador. Afirmar que ‘la Junta tiene que seguir ciertas regulaciones’ antes que imponerse es parcialmente correcto aclarando que ello no depende en última instancia del deseo, parecer o buena voluntad del gobierno de Puerto Rico”, indicó a Chequéalo Puerto Rico el catedrático en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Carlos Ramos.
En el Artículo 2 Sección 201(d)(2) de la Ley PROMESA se indica que la Junta tiene el poder de desarrollar un Plan Fiscal por su cuenta pero para ello tiene que ocurrir que el Gobernador “falle en someter a la Junta un Plan que la Junta determine a su entera discresión que satisface los requisitos” de esa ley. Queda claro que la última voluntad y la última palabra sobre los planes fiscales la tiene siempre la Junta.
