Veredicto: Insostenible
Al reiterar la importancia de que se realice una auditoría de la deuda de Puerto Rico, el candidato independiente a la gobernación, Manuel Cidre, dijo que el equipo económico del gobernador Alejandro García Padilla había dicho hace unos meses que el 40% de la deuda estaba en manos de acreedores puertorriqueños, cuando en realidad son solo el 10%.
El portavoz de Cidre, Iván Rivera, indicó que el candidato hizo referencia a expresiones generales que funcionarios y diversos grupos hicieron en los pasados meses en las que colocaban a los bonistas locales como tenedores de gran parte de la deuda del gobierno y que se había mencionado 40%. Reconoció que el dato no está contenido en ningún informe o expresión oficial del Gobierno.
Chequéalo Puerto Rico solo encontró expresiones de economistas o fuentes periodísticas que estimaban esa participación, algunos en 40% y, otros, en cifras aproximadas al 20%.
Lo que sí se pudo corroborar es el nuevo dato de que los bonistas locales tienen el 10% de la deuda del País, que, según Rivera, Cidre obtuvo del Plan Fiscal que el gobernador presentó a la Junta de Control Fiscal.
Chequéalo Puerto Rico verificó que en efecto el documento indica que la deuda contraída por el gobierno con bonistas puertorriqueños es de aproximadamente $6,000 millones. Esa cifra es un 9% respecto a la deuda total de $70,000 millones.
La economista Marcia Rivera destacó que el comentario es importante en el contexto de la necesidad que tiene el País de calibrar la deuda pública.
“Esa información revela una práctica de poca transparencia en temas que son absolutamente fundamentales para establecer las prioridades de un país. Revela que Melba (Acosta, entonces presidenta del Banco Gubernamental de Fomento) pagaba la deuda, a pesar de que todo el mundo decía que era impagable”.
Mientras que su homólogo, Argeo Quiñones, sostuvo que “las expresiones de Cidre obedecen a un reclamo generalizado de transparencia en todo este proceso que ha estado carente de la misma, incluyendo la dilación de dos años en la presentación del informe financiero auditado del gobierno. Esto reitera la crítica por la falta de transparencia en esta coyuntura crucial”.
