Bonistas y gobierno se enredan en laberinto de demandas

Este jueves, 3 de noviembre habrá una vista ante el juez federal Francisco Besosa donde se verá la demanda consolidada de Peaje Investment, Assured Guaranty y Altair Global que buscan que se levante la suspensión de litigios que impuso PROMESA y que se restituyan fondos que alegadamente el gobierno movió entre agencias para evitar pagos de deuda.

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Sala del Tribunal Federal en Puerto Rico.

Foto por Denis Rivera | Centro de Periodismo Investigativo

Sala del Tribunal Federal en Puerto Rico.

Cuando las firmas de inversión compraron bonos del gobierno de Puerto Rico lo hicieron de forma individual, pero muchas terminaron formando grupos, primero para intentar negociar el pago de la deuda, y desde agosto de 2016, para demandar.

La Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación firmada en abril y que ha permitido al gobierno aplicar un periodo de gracia al pago de algunos bonos, ha suscitado una lluvia de demandas de fondos de cobertura y fondos buitre, aseguradoras, bancos y bonistas individuales que suman 19 pleitos presentados en el Tribunal Federal de San Juan, el Tribunal de Primera Instancia, y uno en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, según confirmó el Departamento de Justicia.

La mayoría de las demandas sostienen que la Ley de Moratoria viola “PROMESA”. Por eso exigen que se levante la suspensión de litigios que establece esa ley federal hasta febrero de 2017, y que se declare inconstitucional la Ley de Moratoria.

El pasado 28 de octubre, el gobierno de Puerto Rico presentó una moción donde pide al Tribunal Federal en San Juan que aplique la suspensión de litigios por cobro de deuda que establece PROMESA. La Junta de Control Fiscal (JCF), con la representación del bufete de abogados Luskin, Stern & Eisler, hizo el mismo reclamo a ese tribunal, pero su intervención fue denegada el martes por Besosa. El contrato con esta firma de abogados es el tercero que firma la JCF sin registrarlo en la Oficina del Contralor de Puerto Rico y sin hacerlo público.

Muchas de las firmas de inversión demandantes tienen bonos de varias agencias y corporaciones del Estado Libre Asociado, lo que ha resultado en conflictos entre los grupos de bonistas, algunos de los cuales se enfrentan entre ellos en corte, como en el caso del grupo de bonistas de Obligación General y el grupo de bonistas de COFINA.

Uno de los retos que enfrenta el gobierno de Puerto Rico para negociar los términos de su deuda, una tarea ahora bajo control de la Junta de Control Fiscal, es, precisamente, que hay grandes firmas de inversión que tienen bonos de diferentes agencias y corporaciones a la vez, según Richard Cooper, abogado del bufete Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, uno de los principales asesores de reestructuración del gobierno de Puerto Rico.

“Este fenómeno no es exclusivo de Puerto Rico, pero sí representa un reto particular en este contexto. Porque muchas de las distintas deudas del gobierno están interrelacionadas, y pagar altas sumas a un grupo de acreedores por los bonos que tienen de una entidad, necesariamente va a significar que el mismo grupo de acreedor va a recibir menos ganancias por los bonos que tenga de otra entidad”, planteó Cooper.

“Tener firmas de inversión grandes e influyentes con bonos de varias entidades hace muy difícil reestructurar una o dos deudas a la vez, ya que estos grandes bonistas quieren saber cómo todos sus créditos van a ser reestructurados antes de aceptar la reestructuración de una sola deuda”, dijo Cooper, quien añadió que no hay leyes que impidan o regulen que una misma firma de inversión tenga bonos de varias entidades a la vez, lo que se llama cross holders en el argot financiero.

Conflictos entre bonistas cruzados

El grupo de acreedores de bonos de Obligación General compuesto por seis fondos de cobertura acudió al Tribunal Federal de San Juan solicitando que el gobierno deje de utilizar los recaudos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) para pagar la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA); ya que el gobierno ha incumplido con pagos de bonos de Obligación General que tienen prioridad pago.

Por su parte, un grupo de bonistas de COFINA respondió a esa solicitud del grupo de acreedores de Bonos Obligación General con una moción donde sostienen que desde que se aprobó PROMESA, no se ha firmado ninguna ley o emitido orden ejecutiva que afecte el derecho de cobro de los bonistas de COFINA. Estos sostienen que los fondos que se dirigen a COFINA les fueron asignados por la legislatura hace casi una década. El grupo está compuesto por el bonista José F. Rodríguez y por 13 fondos de cobertura que en conjunto dicen poseer $2 mil millones en bonos de COFINA.

Dentro del grupo de bonistas de COFINA que se enfrenta al grupo con bonos de Obligación General, se encuentra la firma Golden Tree Asset Management, que al menos hasta el mes de mayo también poseía bonos de Obligación General. “Pensamos que es una situación interesante… los bonos de obligación (general) también son interesantes”, admitió Tananbaum en mayo, tras asegurar que estaba dispuesto a comprar más bonos de Puerto Rico a pesar del impago en el que había incurrido el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) el mismo día de la entrevista.

En la emisión de bonos chatarra que realizó el BGF en 2014, Golden Tree solicitó comprar $25 millones en bonos de Obligación General, de los que obtuvo $18 millones (72%), reveló el CPI.

El grupo de bonistas de COFINA es representado por el bufete puertorriqueño Reichard & Escalera; y por el bufete Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, con oficina en Los Angeles, California. Este último fue contratado por los bonistas de COFINA desde julio de 2015, cuando se daba la lucha en el Congreso por extender a Puerto Rico el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal.

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, una de las firmas que defendió a los fondos buitre NML Capital y Aurelius Capital en el llamado “juicio del siglo” por la deuda de Argentina, tiene contratada a la firma Politank para servicios de cabildeo en la legislatura de Puerto Rico, cuyo fundador y cabildero es Kenneth McClintock, ex secretario de Estado y ex presidente del Senado.

La experiencia argentina todavía tiene lecciones para Puerto Rico

El caso de Argentina es un ejemplo de cómo las demandas de las grandes firmas de inversión complican el panorama para un país que busca negociar su deuda y tener acceso al mercado de capital, donde los gobiernos piden préstamos para financiar sus operaciones.

El proceso de reestructuración que había comenzado Argentina en 2005 se retrasó por diez años debido a las demandas, periodo durante el cual no tuvo acceso al mercado de capital, dijo Martín Guzmán, investigador de la Escuela de Negocios de Columbia University y miembro del Center for International Governance Innovation.

“El impacto sobre la economía real fue bajo, porque Argentina tuvo la ventaja de no necesitar acceso a tales mercados durante mucho tiempo. Pero el impacto potencial de impedir finalizar una reestructuración es muy negativo”, dijo Guzmán.

“Argentina es un caso especial, la mayoría de los países que hacen sus reestructuraciones no se encuentran en situaciones como aquellas en las que se encontraba Argentina cuando comenzó con este proceso en 2004, con una economía que ya estaba en recuperación. Por ejemplo, Puerto Rico deberá llevar a cabo una reestructuración mientras la crisis sigue su curso y sin recursos fiscales suficientes para afrontar sus necesidades de políticas macroeconómicas contracíclicas, un panorama en el cual el acceso al mercado de crédito tendrá un mayor valor”, observó Guzmán.


  • Iván

    En el listado de demandantes no aparecen las cooperativas que compraron bonos chatarra del ELA … ¿ustedes conocen las razones por ello?, ya que tanto los bonistas locales, como los socios de las cooperativas, tendrán que pagar los platos rotos creados por irresponsables presidentes ejecutivos y junta de directores incapaces de cumplir con sus deberes fiduciarios, “jugando” a inversionistas, con los dineros de otros?