Señalan vista para que gobierno responda al tribunal por los documentos que sometió a la Junta

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Foto suministrada por La Fortaleza

El 19 de marzo el gobierno debe responder en vista judicial por qué no ha respondido a la petición de información del CPI.

El Tribunal de Primera Instancia denegó hoy la solicitud con la que el Departamento de Justicia insistía en desestimar el caso que presentó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) contra el gobierno para tener acceso a los documentos que la administración ha entregado a la Junta de Control Fiscal y que no se han hecho públicos.

La resolución emitida por la jueza Lauracelis Roques Arroyo en el caso del CPI v. Rosselló Nevares, señala además una vista para el 19 de marzo de 2018, a las 2:00 p.m. en la que el gobierno tendrá que responder por qué no ha provisto la información, que se presume pública.

La jueza Roques Arroyo le aclaró al gobierno que existe un mecanismo para que la controversia no llegue a la vista. “Tome nota la parte demandada que una certificación específica en cuanto a los documentos provistos a la parte demandante y si éstos en efecto existen, podría efectivamente tornar académico el remedio solicitado”, subrayó.

La demanda contra el gobernador Ricardo Rosselló, incluye entre sus peticiones los documentos, informes, cartas, correos electrónicos y cualquier otra información o material intercambiado entre La Fortaleza y la Junta de Control Fiscal, como por ejemplo: informes semanales de flujo de efectivo (incluyendo el servicio de la deuda); datos mensuales de las cuentas de banco y estados de cuenta de todas las principales cuentas bancarias; informes mensuales de cumplimiento con el presupuesto actual aprobado; informe mensual de los ingresos; informe mensual de nómina por agencia; informes mensuales de los fondos federales recibidos y desembolsados; informe mensual de las obligaciones de deuda y cuáles han sido pagadas; informe trimestral de productividad y desempeño de cada agencia; así como cualquier otro documento intercambiado hasta el 3 de mayo de 2017 entre La Fortaleza y la Junta de Control Fiscal en cumplimiento con la Ley ‘PROMESA’, o entre el gobierno y sus dependencias y la Junta.

El caso, que se radicó en junio del 2017, tendría ahora su día en corte si el gobierno no entrega los documentos solicitados antes del 19 de marzo o prueba que estos documentos no fueron sometidos a la Junta.

Caso federal contra la Junta de Control Fiscal sigue en pie

Por otra parte, un caso similar que lleva el CPI contra la Junta de Control Fiscal en el Tribunal Federal está en manos del juez Jay García Gregory, luego de superar los intentos de la Junta por consolidarlo bajo el Título III. Los documentos que se solicitan en esta demanda son similares a los del caso contra la administración Rosselló, aunque además se piden las minutas de las reuniones internas de la Junta y sus comités, así como los documentos de divulgación financiera de los integrantes de la Junta antes de ser nombrados a dicha entidad y que fueron parte de su proceso de evaluación por el Departamento del Tesoro federal.

En este caso, que es actualmente el único contra la Junta fuera del proceso de bancarrota, la organización periodística radicó una moción la pasada semana en la que pide a García Gregory que señale una vista para atender la controversia.

“Esta acción fue presentada hace ocho meses, el 1 de junio de 2017. Está en juego el derecho del Centro de Periodismo de garantizar el acceso a documentos que por ley y regulación están en posesión del demandado, la Junta de Supervisión Fiscal. La solicitud de acceso a la información del CPI es en apoyo a su rol de hacer investigación de asuntos de importancia crítica para el pueblo de Puerto Rico y para promover la transparencia en el gobierno, de modo que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas”, lee la moción.

“Sin una decisión sobre la Moción de Desestimación, y sin una vista, la Junta continúa prohibiendo el acceso a los documentos. Desafortunadamente, cada día que este tribunal espera es un día más que la Junta está ganando en este caso. Los derechos reclamados por el CPI son demasiado importantes para ser decididos, en efecto, por defecto, en un momento en que ya no puedan contribuir a los procesos democráticos tan urgentes en Puerto Rico. Por lo tanto, el CPI solicita una pronta decisión sobre la Moción de Desestimación, renueva su solicitud de que se niegue la misma, y que se celebre una vista lo antes posible”, concluye el documento dirigido a García Gregory.

El prestigioso Reporter’s Committee for Freedom of the Press entró como amigo de la corte en este caso en octubre.

La representación legal del CPI en estos casos está a cargo de los licenciados Rafael Rivera, Judith Berkan, Steven Lausell, Luis José Torres y Annette Martínez, de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.