El desmantelamiento al que ha sido sometida la Agencia de Protección Ambiental (EPA) durante la administración del presidente Donald Trump ahora se manifiesta en la eliminación de regulaciones que han requerido décadas de legislación y protegido a miles de ciudadanos de los excesos de la industria del carbón.
El administrador de esa agencia Scott Pruitt propuso este jueves debilitar los estándares que se exigen a las compañías eléctricas que producen cenizas de carbón, flexibilizar restricciones a los depósitos de este material e, incluso, aplazar hasta nuevo aviso el monitoreo compulsorio de acuíferos ubicados bajo estas instalaciones en Estados Unidos, y por consecuencia, en Puerto Rico.
La desregulación podría significar entre 31 y 100 millones de dólares en ahorros para las 400 plantas que generan electricidad mediante la quema industrial de carbón.
De aprobarse la docena de cambios sugeridos, empresas como AES en Guayama podrán eludir protecciones antes requeridas por la EPA para salvaguardar recursos naturales y la salud pública. Entre ellas, restricciones recientes para el almacenaje de este desecho y exámenes de calidad a las aguas subterráneas inmediatas.
Como han documentado el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y La Perla del Sur, las cenizas de carbón contienen un cóctel tóxico de isótopos radioactivos y metales pesados como arsénico, cadmio, mercurio, cromo hexavalente y plomo. Al ser solubles, pueden contaminar cuerpos de agua y envenenar especies. Además, sus partículas pueden ser aspiradas y causar, desde enfermedades respiratorias hasta daño permanente a órganos.
Los efectos de las cenizas de AES en Guayama se han observado en la República Dominicana, donde la empresa soltó 57 mil toneladas de cenizas entre los años 2003 y 2004.
Según la organización especializada en derecho ambiental EarthJustice, solo en los Estados Unidos existen más de 1,400 vertederos de cenizas de carbón, de los cuales el 70 por ciento ubica en comunidades de bajos ingresos y minorías.
EarthJustice ya ha constatado más de 200 denuncias de contaminación y derrames en estos depósitos, “pero la EPA ahora propone desterrar las protecciones contra estos residuos”, denunció poco después del anuncio de Scott Pruitt la directora legislativa de la agrupación, Andrea Delgado.
En Puerto Rico, estas protecciones ya habían forzado a la empresa AES a implementar un plan de monitoreo de aguas subterráneas en los predios de su planta de Guayama y a divulgar públicamente los resultados.
Según describe AES en su portal web, para estas pruebas contrató a la empresa DNA Environment de Guaynabo. Esta a su vez informó que los resultados e “informes de acciones correctivas” serían divulgados en un informe anual, el 31 de enero de 2018. Pero esto no ocurrió.
Transcurrido un mes de ese término, DNA Environment ni AES Puerto Rico han publicado los hallazgos.
No obstante, en los Estados Unidos más de una veintena de centrales eléctricas sí cumplieron con el trámite y publicaron resultados reveladores.
De los primeros 14 exámenes divulgados, nueve mostraron “aumentos estadísticamente significativos” de sustancias tóxicas como arsénico en el agua subterránea cercana a estanques de cenizas de carbón, informaron medios especializados.
Estos estanques han sido identificados en los estados de Florida, Michigan, Arkansas, Georgia, Minnesota, Iowa, Nebraska y Washington. Ninguno cuenta con revestimiento sintético o “liner”.
La monumental montaña de cenizas de carbón que AES mantiene desde hace años en sus predios en Guayama tampoco está sobre cubierta alguna.
Según establece el contrato de venta de electricidad de AES a la Autoridad de Energía Eléctrica, la empresa privada no está autorizada a almacenar este desecho industrial por más de 180 días. A pesar del evidente incumplimiento, AES nunca ha sido señalada o sancionada por el Gobierno de Puerto Rico.
Solo la EPA ha multado a la compañía eléctrica por haber contaminado en más de 31 ocasiones la bahía Las Mareas y los manglares circundantes, con agua de escorrentía contaminada con cenizas de carbón.
Por estos hechos, ocurridos entre los años 2002 y 2012, AES Puerto Rico fue obligada a pagar una multa de $170 mil al gobierno de los Estados Unidos.
Bomba radioactiva
Otros exámenes efectuados en depósitos de cenizas de Estados Unidos y revelados recientemente demostraron que en 11 de 18 plantas de la compañía Duke el agua subterránea excede hasta 38 veces el nivel máximo de contaminación permitida (MCL) de radioactividad.
Desde el año 2010, el doctor en química Osvaldo Rosario López ha denunciado que las cenizas de carbón de AES y su ceniza hidratada Agremax contienen isótopos radioactivos, como se evidencia en un examen certificado por el laboratorio Test America Savannah donde se analizaron cenizas extraídas de la urbanización Parque Gabriela en Salinas.
Investigadores de la Universidad de Duke en Carolina del Norte han afirmado que la radioactividad presente en las cenizas de carbón es hasta diez veces más alta que la del carbón en su estado natural, mientras que la revista Scientific American ha recalcado que este desecho es más radioactivo que los desperdicios nucleares.
Comunidades amenazadas
“Al final de todo esto, las enmiendas a la Regla de los residuos de la quema de carbón que ahora propone la EPA terminarán debilitando la protección a los acuíferos”, advirtió la abogada en Derecho Ambiental, Ruth Santiago Quiñones.
“Justo ahora, cuando se supone que [AES Puerto Rico] esté divulgando información sobre cómo está el agua subterránea en el área donde tienen la montaña de cenizas, se nos ha puesto una barrera por parte de la administración [de Trump] y de la EPA para conseguir esa información que tanto necesitamos”, continuó.
Según expuso Santiago, de aprobarse los cambios propuestos por Pruitt, la regla federal no permitirá que se detecte y atienda a tiempo la potencial entrada de metales pesados a pozos de agua potable del área, instrumentales para las comunidades cercanas.
“En esa área definitivamente sabemos que hay un acuífero que suple a las comunidades de Guayama y que descarga en la Bahía de Jobos”, añadió.
Por su parte, Víctor Alvarado Guzmán, cofundador de la agrupación Diálogo Ambiental de Salinas, opinó que el nuevo plan de la agencia confirma “no solo que la EPA está visiblemente secuestrada por empresas carboneras, sino que para todos ellos las vidas de las personas tienen precio”.
“Estas enmiendas podrían ahorrarle a los empresarios carboneros hasta $100 millones al año, pero será a costa de aumentar el peligro de contaminación ambiental y del efecto negativo que tiene el depósito de cenizas en la salud de comunidades”, dijo Alvarado.
“Esto reabre las puertas para que AES pueda ahora utilizar las cenizas en cualquier sitio y para que la contaminación que hay en todo lugar donde se han utilizado estas cenizas tóxicas permanezca escondida. Sin que AES tenga que rendir cuentas”, puntualizó.
Como reseñó dos años atrás la serie investigativa “Bomba de tiempo: las cenizas de carbón”, entre los años 2004 y 2011 sobre dos millones de toneladas de cenizas de carbón de AES fueron convertidas en relleno para urbanizaciones y vías en los municipios de San Juan, Dorado, Caguas, Toa Alta y Juncos, además de Arroyo, Guayama, Salinas, Santa Isabel, Coamo, Ponce y Mayagüez.
Desde entonces, cerca de 400 mil toneladas han sido descartadas en vertederos de Humacao y Peñuelas, pero se desconoce con certeza dónde han terminado 1.1 millones de toneladas adicionales producidas por la empresa.
Las enmiendas propuestas este jueves por la EPA son las más recientes de una extensa lista de cambios promulgados durante el pasado año para revertir o eliminar reglamentos federales a los que se opone la industria de combustibles fósiles de los Estados Unidos.
El documento de Pruitt recomienda además dejar en manos de los estados la decisión de ser más o menos restrictivos en el manejo de las cenizas.
Al cierre de su comunicación, el administrador Pruitt aseguró que la agencia abrirá esta propuesta a un período de comentarios, que permita a ciudadanos u organizaciones opinar sobre las enmiendas. También, que planifica la celebración de una vista pública para recibir reacciones adicionales.
El período de comentarios se extenderá por 45 días a partir del momento en que sea publicado en Registro Federal.
