La EPA adopta nuevas reglas a la medida de la carbonera AES Puerto Rico

Imprimir Más

Imagen de la planta de AES en Guayama, Puerto Rico

Foto por La Perla del Sur

A pedidos de la carbonera AES Puerto Rico y la Utility Solid Waste Activities Group (USWAG), el nuevo administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Andrew Wheeler, autorizó que los estados y territorios puedan suspender los monitoreos de agua subterránea que se realizan en vertederos y estanques de cenizas, y ordenó que se eleven los niveles permitidos de plomo, cobalto, litio y molibdeno en esos acuíferos.

La primera reforma de Wheeler entrará en vigor en un mes y tendrá el efecto de ocultar información crítica a las comunidades cercanas, además de permitir que quienes producen este desecho no tengan que responder por la contaminación causada.

La USWAG es un influyente conglomerado de compañías eléctricas de Estados Unidos que interviene junto a sus cabilderos en asuntos de política pública sobre desperdicios sólidos y peligrosos. AES Corporation, empresa matriz de la carbonera de Guayama, también es miembro de esa asociación.

Wheeler agregó que los reclamos formulados el año pasado por la USWAG y AES Puerto Rico ameritaban ser atendidos “por el interés público” y aceptados por la agencia federal, porque su implementación resultará en economías netas de hasta $31.4 millones anuales para dueños y operadores de centrales eléctricas de carbón.

Además, porque “garantizan la protección de la salud humana y el medio ambiente”, alegó el funcionario federal en un comunicado de prensa oficial. No obstante, en ninguna línea del mismo, ni en las 82 páginas del nuevo decreto de la EPA se precisa cómo lograrán ese objetivo.

Los cambios se anuncian justo cuando una nueva avalancha de resultados de laboratorio confirma que en casi todas las regiones de la EPA depósitos de cenizas están liberando radiación y elementos tóxicos al subsuelo. Los primeros hallazgos trascendieron el pasado mes de marzo.

Orden riesgosa

En la directriz, Wheeler también ordena que se extienda hasta octubre de 2020 la vida de los estanques de cenizas con fugas contaminantes – que debían cerrar en abril de 2019 – y autorizó que funcionarios estatales puedan certificar que los depósitos existentes cumplen con estándares ambientales “adecuados”, en lugar de ingenieros profesionales certificados como establecía el reglamento original.

En Puerto Rico, la EPA podrá delegar este poder a la Junta de Calidad Ambiental (JCA), agencia que ha tratado con guantes de seda a la carbonera AES.

La entidad ordenó sin éxito en septiembre de 2017 que la empresa AES cubriera las 400 mil toneladas de cenizas de carbón amontonadas a la intemperie en su sede industrial de Guayama, tras la presión pública por el potencial impacto de los huracanes Irma y María.

La JCA también avaló entre los años 2004 y 2011 que sobre 2 millones de toneladas de cenizas se descartaran en 12 municipios de la isla, sin una barrera o material que evitara el traspaso de sus contaminantes al suelo o cuerpos de agua. Entre los más peligrosos resaltan metales pesados como arsénico, cromo hexavalente, cadmio y mercurio.

De ser ingeridos, estos tóxicos aumentan el riesgo de cáncer, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, además de infligir daño cerebral permanente a infantes, ha reiterado la organización Physicians for Social Responsibility en investigaciones sobre el tema.

Estudios pagados por AES Puerto Rico han demostrado que su montaña de cenizas está liberando algunos de estos elementos al agua subterránea y que esa contaminación se desplaza a otros lugares. 

Una “carga económica”

Entre los reclamos que AES levantó para que la EPA desmantelara la norma vigente para el manejo de cenizas, su representante legal Samuel B. Boxerman hizo hincapié en la “carga económica” que estas regulaciones constituyen para la empresa.

“Estas cargas incluyen el monitoreo del agua subterránea y los requisitos de medidas correctivas”, recalcó el abogado en un pedido enviado a la agencia el 31 de mayo de 2017.

Para esa fecha, en la Legislatura de Puerto Rico entraba a su etapa crítica la discusión del Proyecto del Senado 81 que pretendió sin éxito prohibir el manejo y disposición de cenizas de carbón en el país.

En su carta, Boxerman también solicitó a la EPA que no declare como vertedero las 400 mil toneladas de cenizas que AES mantiene apiladas en el barrio Jobos de Guayama. “El reglamento nos impone cargas costosas, innecesarias y arbitrarias en el almacenamiento ‘in situ’, porque define una ‘pila de residuos de la combustión de carbón (RCC)’ como un ‘vertedero RCC’ y, por lo tanto, está sujeta a requisitos reglamentarios onerosos”.

Asimismo, reclama que la agencia “tome medidas inmediatas” para posponer el requerimiento de medidas preventivas de seguridad y, por consiguiente, la publicación de sus resultados. “Una extensión garantizaría que la comunidad (de centrales eléctricas de carbón) no gaste recursos limitados en elementos de la Regla RCC”, añadió.

En su pedido a la EPA, sin embargo, Boxerman omite que solo en el 2017 la corporación AES reportó un ingreso neto consolidado de $2,489 millones.

Del mismo modo, Boxerman no menciona que los monitoreos de agua subterránea realizados en las sedes industriales de AES en Puerto Rico y los Estados Unidos ya han dejado al descubierto una profunda contaminación de suelos y acuíferos con radiación y metales pesados.

En Guayama, por ejemplo, la segunda ronda de pruebas hechas por la compañía DNA Environmental ratificó “aumentos estadísticamente significativos” en todos los renglones bajo estudio, dato que confirmó a La Perla del Sur y al Centro de Periodismo Investigativo Carmen Guerrero Pérez, directora de la División de Protección Ambiental de la EPA en el Caribe. Entre los elementos que DNA examinó figuraron boro, cloruro y sólidos disueltos.

Entretanto, en plantas de AES ubicadas en los estados de Indiana y Oklahoma, los hallazgos de contaminación fueron aún más preocupantes. Solo en el subsuelo de la central de carbón IPL Harding Street en Indianápolis se detectaron niveles de arsénico 45 veces más altos que el máximo permitido por la Ley de Agua Potable Segura (SDWA, en inglés).

Harding Street colinda con el río White y ubica en una zona densamente poblada de esa ciudad. La población de Indianápolis alcanzó los 860 mil habitantes en el 2017.

“Décadas de inacción regulatoria han dejado a Indiana con un legado tóxico de cenizas de carbón tan grave, que en el agua subterránea de 15 lugares ubicados junto a los ríos White, Wabash, Kankakee, Ohio y el lago Michigan se han detectado niveles peligrosos de arsénico, plomo, boro y radiación, entre otros contaminantes”, explicó en entrevista telefónica Tim Maloney, director senior del Hoosier Environmental Council.

“Eso incluye las tres plantas de AES en Indiana, en donde se han excedido las normas federales de agua potable y las guías de salud”, continuó. “Revertir los estándares federales que la EPA adoptó en 2015 es una negligencia de la agencia y resultará en que esta contaminación se quedará en el lugar, por muchos años más”, añadió Maloney.

Juego peligroso

Dos expertos en el análisis de las cenizas de carbón advirtieron que si la EPA altera las reglas para permitir niveles más altos de plomo y molibdeno en acuíferos, pondrá en peligro la salud de millones de personas que, sin saberlo, podrían ingerir agua de pozos contaminados con este residuo tóxico.

“El (nuevo) estándar de 100 partes por billón para molibdeno es 2.5 veces más alto que el nivel de salud recomendado por la propia EPA“, detalló Lisa Evans, abogada con más de 25 años de experiencia en litigios ambientales y asesora de EarthJustice, una organización de derecho ambiental con larga trayectoria en Estados Unidos.

“Y más preocupante aún es que la EPA estableció el nivel de plomo en 15 partes por billón, que es tres veces menos protector que el estándar de 5 partes por billón establecido por la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA) para el agua embotellada, y 15 veces más alto que el nivel de 1 parte por billón recomendado en el 2016 por la Academia Estadounidense de Pediatría”.

“La EPA debió haber adoptado los estándares más altos de protección a la salud, pero perdió la oportunidad de establecer parámetros cónsonos con la Ciencia y que realmente protejan a las personas”, agregó Evans.

El doctor en química Osvaldo Rosario López fue más lejos, al establecer que la suma de estas sustancias tiene un “efecto multiplicador” que eleva dramáticamente los riesgos y peligros.

“Ya está probado científicamente que la exposición a mezclas de sustancias dañinas nos expone a mayores riesgos y eso es algo que la EPA no consideró al cambiar los límites máximos de contaminantes en agua. Eso sin contar que el plomo y molibdeno son sustancias muy dañinas y cancerígenas, por sí solas”, destacó.

“Los límites previos son el resultado de muchos años de estudio, de mucha data corroborada por diferentes fuentes e investigadores”, continuó. “Pero estamos viendo cómo quieren modificar los estándares para adaptarse a ellos (carboneras). Y qué curiosidad que ocurre en este momento, cuando ya se está viendo que la contaminación de estas cenizas está llegando a los acuíferos”, comentó el también asesor científico de la FDA.

“Reescriben la ley para acomodarse a su situación. Eso es lo que están haciendo, algo descarado”, sentenció Rosario López. “En lugar de una agencia estar velando por la salud del pueblo, optan por modificar las leyes para que un violador quede en cumplimiento con ellas”.

De cabildero del carbón a líder de la EPA

Wheeler fue juramentado como administrador adjunto de la EPA el pasado mes de abril y elevado al cargo de administrador interino el 9 de julio, tras la renuncia de su predecesor, Edward Scott Pruitt.

Entre los años 1995 y 2009, fue uno de los principales asesores del senador republicano Jim Inhofe, un confeso opositor a la tesis del cambio climático con quien impulsó legislación para derrocar regulaciones federales sobre emisiones de gases de efecto invernadero.

En el 2009, Wheeler se unió al bufete de abogados Faegre Baker Daniels para cabildear a favor de Murray Energy, una de las más grandes mineras de carbón en los Estados Unidos y empresa propiedad del prominente contribuyente del presidente Donald Trump, Robert E. Murray.

Por tareas de cabildeo, Murray pagó al bufete $300 mil o más anualmente entre el 2009 y 2017, según registros del Center for Responsive Politics. Incluso, a dos meses de Trump asumir el cargo, Wheeler organizó para Murray una reunión con el secretario del Departamento de Energía de los Estados Unidos, Rick Perry, en donde le presentaron ​​un “plan de acción” para que las agencias federales favorezcan sistemáticamente a la industria del carbón.

Como reseñara el periódico The New York Times, Murray y sus cabilderos hicieron el mismo pedido al vicepresidente Mike Pence en marzo de 2017, y desde entonces Casa Blanca y las agencias federales han cumplido con la mayoría de sus 16 solicitudes.

“Trabajé para una compañía de carbón y no me avergüenza en absoluto el trabajo que hice para ellos”, comentó Wheeler en su mensaje de llegada ante empleados de la EPA, según fue difundido por la cadena C-Span.

Más cambios en camino

La EPA ha anunciado que presentará una segunda ronda de cambios al Reglamento para el Manejo de Residuos de la Combustión de Carbón (CCR Rule en inglés) en o antes de septiembre de 2018 y que los mismos se implementarán, a más tardar, en diciembre de 2019.

Entre otros asuntos, la agencia federal adelantó que reevaluará si una pila de cenizas de carbón debe considerarse un relleno sanitario o un depósito de material para uso beneficioso, asunto que AES Puerto Rico y su abogado Samuel Boxerman reclamaron por escrito a la EPA el año pasado.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *