“Hace tres días que aquí no habido ni gota de agua”. A sus 75 años, Cruz Pérez Cabrera y su esposo Paulino Vega Román, de 83, sobreviven a diario a las consecuencias del racionamiento de agua en el barrio Charcas de Quebradillas.

Aunque la pareja vive a siete millas del embalse de Guajataca, uno de los más grandes de Puerto Rico, hace dos meses tiene que almacenar agua en pailas de pintura sin tapa y galones de plástico para suplir todas sus necesidades diarias.

“Es bien difícil estar cargando agua. No aguanto ya los brazos”, agregó la anciana mientras se apretaba el hombro derecho.

Las vicisitudes que sufre la pareja junto a más de 200,000 personas que se suplen del embalse de Guajataca en el noroeste de Puerto Rico — impactadas por un racionamiento de agua hace dos meses — fueron inducidas por el Gobierno, encontró una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

En noviembre de 2018, dos meses antes de que las autoridades anunciaran el racionamiento, el hidrólogo Ferdinand Quiñones, experto contratado por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para evaluar el estado de los embalses tras el paso del huracán María en 2017, advirtió que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) — que administra Guajataca— debía disminuir la cantidad de agua que descarga al río debido a la baja en lluvia que se empezó a notar a finales del 2018. En la comunicación estaba copiado el Cuerpo de Ingenieros, que realiza reparaciones en el embalse tras el huracán María.

Sin embargo, la AEE ignoró la advertencia y siguió botando casi el doble de agua de lo recomendado por Quiñones y la AAA. La situación duró hasta el 7 de febrero cuando la AEE cerró la pluma, pero ya era muy tarde. El 22 de febrero, a penas dos días antes de que comenzara el racionamiento, el flujo del descargue finalmente llegó a los 33 pies cúbicos recomendados originalmente por el experto.

El director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, dijo desconocer sobre la alerta de Quiñones y evadió contestar otras preguntas del CPI sobre la denuncia.

Sin embargo, el CPI confirmó con personas cercanas a la operación de la AAA, que pidieron anonimato porque no están autorizados a hacer expresiones públicas, que no fue hasta febrero que el gobernador Ricardo Rosselló ordenó detener el descargue después de que el director ejecutivo de la AAA, Elí Díaz, llevara a su atención el reclamo. Rosselló no concedió una entrevista sobre el tema, a pesar de que fue solicitada desde noviembre de 2018. Tampoco respondió preguntas del CPI que fueron enviadas vía correo electrónico. El CPI solicitó a la AAA copia de todos los intercambios de comunicaciones con la AEE sobre el asunto y los documentos no fueron provistos.

Ortiz negó que haya recibido alguna directriz del gobernador y se amparó en que el control de Guajataca lo lleva el Cuerpo de Ingenieros desde 2017.

Quiñones denunció que la falta de liderato con Guajataca llevó a que se indujera a un racionamiento de agua en la zona debido a “la negligencia del Cuerpo de Ingenieros y la AEE”.

“Yo dije [al Cuerpo de Ingenieros] que ese escape no se podía sostener. Ahora tienen que hacer racionamientos por el descontrol en el embalse”, expresó el hidrólogo.

Félix Aponte Ortiz, planificador e integrante de la Junta de Gobierno de la AAA, coincidió en que el gobierno tardó en tomar acción.

“Yo lo empecé a ver con preocupación en enero. Le pregunté a la vicepresidenta de operaciones de la AAA [Doriel Pagán], pues veía la merma en Guajataca. Le dije que veía que estaba lloviendo poco y que el lago en algún momento iba a tener que tomar medidas extraordinarias”, precisó.

La dinámica, que ha dejado por el momento a siete municipios sin servicio constante de agua potable, es solo lo más reciente en un patrón de dejadez, falta de previsión e inacción de parte del Gobierno de Puerto Rico ante el patrón de sequía que el cambio climático cierne sobre el Caribe, encontró el CPI.

A pesar de que Puerto Rico sufrió el impacto de huracán María en 2017, que ocasionó que los ríos arrastraran sedimentos a los embalses, casi dos años después la AAA aún no realiza los estudios correspondientes — denominados batimetrías — para saber cómo se impactaron las represas. De hecho, según el estudioso de ecosistemas acuáticos José Ortiz Zayas, hace 15 años el gobierno no hace batimetrías a todos los embalses, por lo que se desconoce la capacidad real de estas reservas. La AAA maneja el impacto del huracán en los embalses a partir de una proyección matemática realizada por Quiñones en el que estimó la cantidad de sedimentos que pudieron haber arrastrado los ríos a partir de la lluvia que trajo el huracán y los deslizamientos que estas provocaron.

Este desconocimiento supone un reto ante los cambios en lluvia que se esperan para el Caribe. En 2018, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) alertó en un informe que las zonas tropicales tendrán tiempos secos más largos y periodos de lluvia más intensos, pero más cortos. Es decir, en Puerto Rico el problema principal no es ni será la falta de lluvia, sino la variabilidad extrema con la que llegará este recurso. A esto se suma la incapacidad del gobierno para almacenar y distribuir adecuadamente el agua, según expertos entrevistados por el CPI. Datos del Servicio Nacional de Metereología revelan que la precipitación acumulada para Puerto Rico se ha mantenido constante durantes las pasadas seis décadas.

Para Félix Aponte González, integrante del Comité de Sequía que asesora al gobierno, el país se enfrenta a la necesidad de identificar formas inteligentes y sostenibles de recolección y almacenaje del agua de lluvia, así como la protección de las fuentes subterráneas.Los costosos dragados, por ejemplo, no añaden oferta sustancial a las reservas. Según los expertos, existen opciones modernas para resolver el problema de la sedimentación tales como filtrar el agua antes de que llegue a los embalses, y crear embalses fuera del cauce.

Todas estas posibilidades están sobre el escritorio del jefe de Acueductos. No obstante, este aún no tiene claro cómo atenderá el problema de los sedimentos.

“Tenemos personas que nos dicen que no deben hacerse dragados grandes, sino continuos. Otros dicen que hay que jugar con el sistema para que el sedimento salga solo. Hay elementos que tenemos que discutir, como dónde vamos a depositar el material. Estamos hablando con DRNA. Lamentablemente, ahí [en los embalses] hay mucha basura”, admitió Díaz.

A la inacción tras el paso del huracán se suma la fragmentación de responsabilidades entre diferentes agencias públicas, el mal estado de las tuberías que provoca la pérdida del 53% del agua que se produce, la extracción comercial y agrícola sin control, la contaminación de acuíferos (como es el caso del sureste con la carbonera AES) y la capacidad reducida en los embalses por la falta de mantenimiento, coincidieron varios expertos.

A este panorama se agrega ahora la incertidumbre sobre el futuro de 17 represas y embalses de generación de energía y riego que pertenecen a la AEE de cara a su inminente privatización, entre ellos, Guajataca. Ninguno de los legisladores y funcionarios entrevistados pudo decir qué ocurrirá con estas fuentes de agua potable y con su mantenimiento cuando la corporación pública pase a manos privadas.

A juicio de cinco expertos entrevistados, el gobierno maneja la conservación, reserva y distribución de agua en Puerto Rico de forma negligente.

Sin control la AAA sobre embalses

El director ejecutivo de la AAA dijo al CPI que su rol en Guajataca se limita a una relación de “cliente” de la AEE, sin injerencia en la toma de decisiones sobre el manejo de la represa.

“Oye, todo lo controlaba Energía Eléctrica. Nosotros tomamos agua de lo que está en el canal de riego. Nuestra operación comienza con unas bombas del canal del riego en diferentes puntos de ese canal que lleva a nuestras plantas”, precisó el funcionario.

Guajataca tiene dos vías para el tránsito del agua: una por medio de un aliviadero que guía el líquido al río y, la otra, a través de un canal de riego que suple a la AAA.

Durante el paso del huracán María, el embalse de Guajataca se desbordó por el aliviadero, sobrepasando la carretera PR-111 que discurre sobre la represa. Según Quiñones, ese desborde descontrolado indujo a la erosión de la parte inferior de este sistema de escape. Ante la falla, el Cuerpo de Ingenieros asumió control de la represa y ordenó el desalojo de unas 50 casas colindantes y de los residentes de los centros urbanos de Isabela y Quebradillas.

El 20 de noviembre de 2017, el Cuerpo de Ingenieros culminó la primera fase de los trabajos de reparación de la avería para evitar “cualquier amenaza de inundación”. A partir de esa fecha, la agencia federal solicitó a la AEE bajar el nivel del embalse por debajo de los 194 metros cúbicos. El Cuerpo de Ingenieros dijo en declaraciones escritas al CPI que el pedido fue para “proteger la vida de los trabajadores de la construcción” en caso de que alguna lluvia provocara una crecida desde el río Guajataca, que viaja desde Lares y pasa por el embalse.

Quiñones, quien trabajó durante 28 años para el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) sostiene que el Cuerpo de Ingenieros no calculó adecuadamente la precipitación, ya que las posibilidades de una crecida de agua entre diciembre y marzo — época tradicionalmente seca — “son casi cero”.

El sistema de monitoreo de lluvias del USGS muestra una baja significativa en las pulgadas de lluvia que recibió el río Guajataca entre agosto y diciembre de 2018. En agosto, recibió 14 pulgadas de lluvia. Sin embargo, en diciembre apenas cayó media pulgada.

La AAA asegura que lo advirtió. Según Díaz, durante “reuniones con la AEE y Cuerpo de Ingenieros, la AAA expresó su preocupación sobre la reducción de niveles, debido al periodo de baja precipitación que siempre ocurre de diciembre a mayo”.

Pese a los augurios y las advertencias de Acueductos, la AEE continuó con los mismos niveles de descarga.

“Yo sé que en un momento hubo personas que trajeron una preocupación de que se estaba botando agua… y se hablaba y se le decía al Cuerpo de Ingenieros: ‘mira, vamos a proteger los niveles de agua del embalse’”, reconoció Díaz.

¿Cómo reaccionaba el Cuerpo de Ingenieros con esas peticiones?, preguntó el CPI.

“Eso es algo que debes hablar con Energía Eléctrica, que trabaja directamente [con el Cuerpo de Ingenieros], porque el task order los ponía a ellos a manejar esa situación. Sé que pudo haber habido — no tengo bien el recuerdo — una consulta a DRNA también por el flujo de agua. Pero eso lo controlaba Energía Eléctrica”, justificó el funcionario.

Sin embargo, el director de la AEE evadió asumir responsabilidad por la decisión pese a que la agencia es la dueña de la represa. En una breve entrevista, se contradijo al decir primero que el control del embalse lo tiene el Cuerpo de Ingenieros, y luego que él actuó en consulta con dicha agencia federal.

“El Cuerpo de Ingenieros es quien tiene el control de lo que se hace allí. Algo que no se puede poner en juego es la integridad de la represa, que pudiera causar un daño de perder vida. Lo que se hizo fue con el consentimiento del Cuerpo de Ingenieros”, dijo Ortiz.

Pese a Ley de Agua, Secretaria de Recursos Naturales se lava las manos

Por su parte, la secretaria de Recursos Naturales y Ambientales, Tania Vázquez, aseguró que su agencia no tiene injerencia en las determinaciones que tome cada administrador de un embalses. Dijo que su rol se limita a hacer los estudios correspondientes sobre los ciclos hidrológicos del país y alertar al gobernador cuando haya alguna variación, como la baja en la lluvia.

“Yo no velo porque te llegue a ti el agua a tu casa. Esa no es mi jurisdicción, eso le toca a ellos [AAA]. Lo que sí dijimos en un momento es que tenían que bajar [la cantidad de agua descargada] de manera paulatina para evitar el impacto a la vida acuática de allí”, acotó.

La opinión de la funcionara es contraria al rol que le exige la Ley para la conservación, el desarrollo y el uso del recurso de agua en Puerto Rico de “proteger al país frente a las adversidades de la escasez, el mal uso, el desperdicio, y la contaminación de tan esencial recurso, así como lograr que su aprovechamiento sea compatible con las realidades físico-naturales en que el mismo se encuentra y con las necesidades sociales y económicas del país” (Artículo 2, Ley 136 de 1976).

Aún más, la Ley de Agua también faculta al DRNA a “adoptar la reglamentación que estime necesaria sobre usos y áreas de uso de los cuerpos de agua, caudal que podrá utilizarse de cada cuerpo, forestación de áreas ribereñas, de ríos, lagos, lagunas y represas, recuperación de tierras, rescate de áreas anegadas, y otros aspectos relativos a las aguas”.

Al menos nueve años de posibles racionamientos por la reparación de Guajataca

Aunque llueva en Guajataca, el problema del manejo del embalse está sujeto a los trabajos del Cuerpo de Ingenieros, que podrían extenderse hasta nueve años.

El ingeniero José Bermúdez, jefe de la división de riego, represas y embalses en la AEE, explicó que en Guajataca solo se ha cumplido la primera de tres fases de trabajos de reconstrucción. Afirmó que la segunda fase, que inició en enero de este año, debería terminar en mayo. La tercera fase, abundó el funcionario, comprendería un proceso de investigación, diseño e implementación de nuevas tecnologías en el embalse. Estimó que el proyecto concluya en 2028. Según Bermúdez, durante todo ese tiempo Guajataca operaría con un nivel de agua restringido. En ese caso, la AAA se vería forzada a mantener ajustes operacionales hasta por nueve años, exponiéndose a nuevos racionamientos de agua en tiempos de sequía.

“Las restricciones en los embalses están hechas para mantener la seguridad del embalse. La restricción de cualquier embalse va por encima de la disponibilidad de agua”, argumentó Bermúdez.

El ingeniero explicó que esa conclusión responde a un protocolo de seguridad pactado entre el Cuerpo de Ingenieros y la Unidad de Inspección de Represas, que forma parte de la división que dirige. Sin embargo, el CPI solicitó una copia de ese protocolo y los nombres de los funcionarios del Cuerpo de Ingenieros con los que se pactó esa determinación, pero Bermúdez no los proveyó.

El funcionario se amparó en que se trató de conversaciones con diversos expertos y que la decisión final se cobijó en la Ley del Programa Estatal de Inspección y Reglamentación de Presas y Embalses (Ley 133 de 1986) que da potestad al director ejecutivo de la AEE de adoptar un plan de medidas a tomar cuando “una presa o embalse de una agencia o instrumentalidad pública ofrece peligro a la vida y propiedad de los ciudadanos en el área en que se encuentre” (Art. 6 Ley 133 de 1986).

Pero, si ya se había colocado la represa por debajo de lo exigido para mantener la seguridad y no estaba lloviendo, ¿por qué se mantuvo la misma descarga? Esa es la ecuación que no cuadra para los residentes de la zona que desde el 22 de febrero han entrado a un plan de racionamiento. En ocasiones, se quedan sin agua por tres días corridos, aunque la AAA dice que debían ser solo doce horas diarias.

Para llegar al barrio Charcas de Quebradillas hay que bajar varias cuestas. El sector cuenta con 105 casas — algunas en abandono — dos iglesias y un Head Start, que cerró el año pasado.

Allí viven sobre 400 personas, que bajo el plan de racionamiento, pasan al menos 12 horas diarias sin agua. Varios residentes aseguraron que los periodos son más extensos.

Samuel Pérez Ramos, de 64 años, pelaba gandules en el balcón de la casa en la que reside con su madre Lorenza Reyes Ramos, de 84. Se le acabaron las sonrisas. “Son tres días sin agua y, cuando llega, viene sin presión por culpa de un tubo roto que lleva así hace tres meses”, explicó mientras señalaba hacia una cuesta. Pérez Ramos le atribuye el racionamiento que sufre al tubo roto, no a la sequía.

Para el quebradillano, su preocupación principal es que al regresar a “la normalidad”, la AAA les cobre “esa agua que se ha estado perdiendo” por el tubo.

Su compueblano, Félix Ramos, constructor de profesión, criticó que la falta de agua se extienda por tanto tiempo y que nadie haya explicado las razones.

A René Muñiz, otro residente del barrio Charcas, de 56 años, le preocupa la vulnerabilidad de sus vecinos.“Aquí lo más que vive son personas mayores. Y si secaron el lago para poder trabajar, aquí no ha venido nadie a explicárselo a ellos”, sostuvo el trabajador de la construcción.

Bermúdez reconoció la incomodidad del racionamiento pero reiteró que son situaciones provocadas por “el desarrollo del proyecto de Guajataca hasta su parte final”.

Para el planificador Aponte Ortiz, la nueva realidad en Guajataca responde a una mala coincidencia de sequía y problemas estructurales que se agravarán con la escasez de lluvia a lo largo del año.

Exigió una “auditoría forense externa” a la Junta de Gobierno de la AAA para entender qué provocó la falla en la represa y por qué ha tomado tanto tiempo solucionarla.

En jaque por privatización de la AEE

Aponte Ortiz prevé un cambio de cultura de almacenamiento y distribución de agua desde Guajataca. Pero el proceso en marcha de privatización de la AEE, trae a la discusión en dónde quedarán Guajataca y los otros 16 embalses y represas que administra la AEE.

Como parte de la privatización, los senadores Larry Seilhamer, del Partido Nuevo Progresista, y Eduardo Bhatia, del Partido Popular Democrático, impulsaron el marco regulatorio que guiará el proceso de venta de los activos de la corporación por medio del Proyecto del Senado 1121, que fue convertido en ley por el gobernador el 11 de abril. La más reciente versión de este proyecto sin embargo, no aborda el futuro de las represas de agua y de generación de energía que administra la AEE.

Seilhamer admitió al CPI que no había pensado en la posibilidad de venta de estos activos durante el proceso de elaboración de la medida, aunque subrayó que la venta se enfocará solo en las plantas de generación y distribución.

“Lo que pasa es que [los embalses] no están generando electricidad significativa. No los veo incluidos en lo que se va a transferir al sector privado. Tampoco estarían excluidos, porque son activos. Ahí hay un gran debate sobre si se deben pasar a la AAA”, sostuvo el legislador PNP.

Actualmente, solo nueve de las 17 represas de la AEE se dedican a la generación de energía. En conjunto, todas proveen alrededor de 11,574.2 megavatios, según el ingeniero Bermúdez. De las que generan energía, la AAA filtra agua de Caonillas en Utuado.

Una opinión similar tiene el director de la AEE, para quien Acueductos debería asumir el control de los embalses que actualmente administra Energía Eléctrica.

“Desde el 2010 yo estoy hablando de que esos embalses deberían pasar a la AAA, porque deben mantenerse fuera de manos privadas, aquellos embalses que dan agua a Puerto Rico. Eso no es negociable”, indicó Ortiz.

¿Pero Acueductos tiene la capacidad económica para asumirlos?, cuestionó el CPI.

“Es que si la AAA genera su propia energía, tendría unos ahorros que los pudieran utilizar para darle mantenimiento a estos embalses”, adujo.

Pero en Acueductos, este es un tema del que no se habla. El director de la AAA es al mismo tiempo presidente de la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica. Díaz evadió responder preguntas sobre la posible venta de embalses como parte del modelo energético que se pretende impulsar en el país.

“Prefiero no entrar en el tema para no buscarme revoluces y mantener los procesos con los bonistas. Yo me estoy cohibiendo de entrar en temas que tengan que ver con Acueductos y Energía Eléctrica. Creo que Energía Eléctrica tendrá un plan con eso [los embalses]”, sostuvo.

Bhatia, sin embargo, dijo que no ve ningún problema en que las represas de la AEE sean privatizadas. Incluso, no tiene reparos en que la AAA se convierta en cliente de una empresa privada que esté interesada en administrar alguno de estos embalses.

¿Qué pasaría en el caso de que se vendan estos embalses? ¿Acueductos pasaría a ser cliente de ese proveedor privado?, le cuestionó el CPI a Bhatia.

“Sí. Y que pague lo que tenga que pagar. Hay que limpiar las finanzas. Lo que no puede pasar es que nos sigamos subsidiando los unos a otros en una mentira que lleva a que esté quebrada la AEE y la AAA por estar funcionando de manera ineficiente”, enfatizó Bhatia.

De otra parte, el planificador Félix Aponte González miró con suspicacia ese argumento. El experto criticó que se quiera traficar con el agua desde el sector privado, toda vez que el recurso está protegido como un bien público desde 1976, cuando se aprobó la Ley de Agua.

“Hay que preguntarse si lo que se vende es la infraestructura o el recurso. El recurso debe seguir siendo un bien público”, opinó Aponte González.

La secretaria de Recursos Naturales y Ambientales se lavó las manos sobre cualquier acción que se tome con los embalses que administra la AEE durante el proceso de venta de activos de esta corporación.

“Aunque yo [el DRNA] velo la vida acuática de allí, eso es un lago que se crea de manera artificial y se utiliza para suplido de agua. Mi jurisdicción ahí es limitada. Obviamente, es agua que llega de los ríos, pero es un lago que no estaba ahí; se creó. Por eso, es responsabilidad del administrador [de la represa]”, opinó Vázquez.

Sin embargo, la Ley de Agua de 1976, enmendada en el 2006, establece que el DRNA es la entidad designada por el gobierno para administrar y proteger el recurso agua como patrimonio del pueblo puertorriqueño. El estatuto exige como política pública que el agua se distribuya de manera equitativa y justa.

Establece, además, que “las necesidades de agua adscritas al consumo doméstico, y particularmente al consumo humano, deberán ser satisfechas con prelación a cualesquiera otras y que en la adjudicación del sobrante disponible, el interés público deberá prevalecer frente a todo otro interés o reclamo”.

 

Este reportaje es parte de la serie Se seca el Caribe, resultado del trabajo de una decena de periodistas caribeños liderados por el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico. Las investigaciones fueron posibles en parte con el apoyo de Para la Naturaleza, Fundación Segarra Boerman e Hijos, y Open Society Foundations.