Durante 11 días estuvo lloviendo casi sin parar sobre los pueblos del sur y suroeste de Puerto Rico. Un golpe de agua inundó cerca de 50 residencias en las Parcelas Pole Ojea del barrio Llanos Costa, en Cabo Rojo. Esto fue en 2008. Pero el proyecto de mitigación de inundaciones para el que el Departamento de Vivienda de Estados Unidos asignó $3,093,000 mediante los fondos CDBG-DR aún no se ha completado en 2019.

Elba Ledesma, una modista que tiene su casa al lado del parque de pelota, todavía conserva las fotos que evidencian que el agua le llegaba a la cintura y cubría su carro hasta las ventanas. La líder de la comunidad, Marisol Guardarrama, recuerda que hubo personas que tuvieron que ser rescatadas en lanchas. Se ahogaron vacas, cabras y caballos, y la pestilencia por la acumulación del agua arropó a la comunidad por más de una semana.

Hubo familias que dejaron sus casas y nunca regresaron. Ninguno de los residentes que permanecen quisiera volver a pasar por esa pesadilla.

Cabo Rojo fue uno de los 25 municipios que fueron declarados Zona de desastre por el entonces presidente George W. Bush. Cerca de 630 personas en Puerto Rico tuvieron que refugiarse como consecuencia de las inundaciones que ocasionó el evento de mal tiempo, anticipo a lo que luego se convirtió en el huracán Kyle.

Como Cabo Rojo, hay otros nueve municipios que, 11 años después del desastre, aún tienen proyectos inconclusos, que incluyen puentes, adquisición de viviendas y demolición de escombros, a la espera de que el Departamento de Vivienda de Puerto Rico gestione contratos y desembolse la cantidad restante de la subvención.

De acuerdo con los informes mensuales que publica el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés), Puerto Rico recibió una subvención de $29,982,887 para atender el desastre de 2008. Para mayo de 2019, aún mantenía un balance de $7,149,226 de estos fondos, o el 24%. Por esta razón, el Gobierno de Puerto Rico ha sido catalogado por las autoridades federales como gastador lento o “slow spender”.

“Nos preocupa que siga existiendo este importante balance pendiente. De hecho, hemos clasificado al territorio como un ‘gastador lento’ en esta subvención”, expuso por escrito uno de los portavoces de HUD, Brian Sullivan.

“Ser catalogado como una entidad que gasta el dinero de forma lenta genera un proceso de asistencia técnica sustancialmente mayor por parte de HUD”, explicó en otra comunicación la especialista en asuntos públicos de HUD, Gloria Shanahan.

Desde 2018, el Departamento de la Vivienda es la agencia recipiente de los fondos CDBG y CDBG-DR. Pero, cuando originalmente se asignaron los fondos por estas inundaciones a principios de 2009, los manejó la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), hasta 2017, y luego pasaron a manos de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (Odsec), de 2017 a 2018.

Memorando del Inspector General de HUD deja ver problemas en la gestión de los fondos

 Un memorando que la Oficina del Inspector General de HUD emitió el 17 de noviembre de 2017 alertó de la falta de capacidad de Odsec para administrar fondos de recuperación de desastre CDBG. Un mes antes, el Gobierno de Puerto Rico había propuesto que Odsec administrara los nuevos fondos que se asignarían a la isla para la recuperación de los huracanes Irma y María.

Entre las razones para la lentitud en el uso de los fondos asignados en 2008, el documento menciona el cambio de personal en las agencias a cargo luego de cada período electoral, que requiere nuevo entrenamiento y asistencia técnica.

También apunta al exceso de tiempo que toma obtener permisos de construcción y edificación y las revisiones ambientales.

El secretario de Vivienda, Fernando Gil, reconoció que OCAM no tenía la capacidad de manejar la subvención con agilidad.

“Muchas veces, (la lentitud en el gasto del dinero) tiene que ver con la capacidad de la misma agencia; si son agencias muy pequeñas manejando varias cosas a la misma vez. Eso venía de OCAM, que después pasó a ser de Odsec y ahora a nosotros”, señaló.

Gil también aceptó que la transición de tareas a su agencia, mediante la Ley 162 de 2018, ha tomado tiempo y aún no se completa. Esto, a pesar de que la legislación se firmó en julio de 2018 y Vivienda debería estar listo para manejar una nueva subvención que, se estima, llegará a sumar $19,900 millones. La cifra de dinero que Puerto Rico espera de CDBG-DR por el huracán María es más de 600 veces la que recibió por el desastre que ocasionaron las lluvias de 2008.

“La transición, como tal, se vio impedida por varias razones, y todavía hay cosas y cuentas que no se han podido finiquitar, pero ya la gran mayoría está encaminado”, apuntó.

La agencia indicó que las cuentas de la Odsec pasaron al Departamento de Vivienda en diciembre de 2018. Vivienda adujo que en enero de 2019, publicó una enmienda para reasignar fondos y añadir a otros proyectos, pero que aún no la ha sometido a HUD a la espera de que el Municipio de Lajas someta su documentación.

“Se comenzó el proceso para subir toda la documentación al sistema y se espera completar esta semana”, expuso la agencia por escrito.

Las preocupaciones de HUD sobre las irregularidades fiscales en Odsec motivaron la imposición de condiciones estrictas y controles financieros sobre el uso de los nuevos fondos CDBG-DR que comenzaron a llegar a la isla como parte de la recuperación de los huracanes Irma y María.

Según expuso la agencia al aprobar el Plan de Acción enmendado para el desembolso de $8,200 millones, “este control mayor incluirá un mejor monitoreo de los gastos y otras medidas diseñadas para garantizar el uso legal y prudente de los fondos por parte de Puerto Rico”. HUD no quiso precisar las medidas y condiciones que está evaluando para otorgar estas subvenciones.

Municipios explican sus razones

El cambia y cambia de entidades en el manejo de fondos ha sido uno de los factores a los que los alcaldes atribuyen la dilación en el desembolso de dinero que ha retrasado los trabajos. Se suman también el tiempo que toman las distintas agencias federales y del Gobierno de Puerto Rico – entre estas, el Cuerpo de Ingenieros, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Calidad Ambiental y la Autoridad de Carreteras – en otorgar los permisos ambientales y de construcción que les corresponden para avanzar el proceso.

Los municipios que tienen proyectos inconclusos son Adjuntas, Arroyo, Cabo Rojo, Lajas, Maunabo, Naguabo, Patillas, Utuado, Villalba y Yauco.

“Al día de hoy, tenemos un gran problema y es que el Gobierno de Puerto Rico (el Departamento de Vivienda) no ha podido completar la fase final de los contratos de CDBG-DR y eso hace que nosotros no hayamos recibido los reembolsos de los proyectos y que no hayamos podido obligar lo que nos queda por gastar”, señaló el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz.

Foto por: Jason Rodríguez | La Perla del Sur

Luis Javier Hernández Ortiz, alcalde de Villalba

El ejecutivo municipal explicó que el recipiente de los fondos de HUD, en este caso Vivienda, establece contratos con los municipios para pasarles el dinero que necesitan para realizar las obras. “Antes se hacía con OCAM. Bajo esta administración, pasó a Odsec por un año, y luego, al Departamento de la Vivienda. Ahí fue el tranque. Como Vivienda no tenía la estructura, no se pudieron renovar muchos contratos que estaban vencidos y creó un disloque”.

El disloque del que habla Hernández ocurrió en el tiempo transcurrido entre el traspaso de responsabilidades de Odsec a Vivienda en julio de 2018 hasta finales de mayo de 2019, cuando personal de la agencia comenzó a reunirse con los alcaldes para retomar la firma de los contratos. Sin los contratos firmados, el municipio no puede hacer las subastas y pagar a los contratistas del proyecto.

En Villalba, el proyecto consiste en la adquisición de tres viviendas para la relocalización de familias afectadas por las inundaciones de 2008. El Municipio ya compró las estructuras y las transfirió a las familias. Falta el reembolso.

“El Municipio de Villalba ha tenido que ‘prestarle’ $300,000 a Vivienda para que el proyecto no se paralice, con el compromiso de que ellos, una vez renueven los contratos y resuelvan la situación interna que tienen, me reembolsen esos gastos”, expuso Hernández Ortiz.

Entretanto, en Yauco los fondos iban dirigidos al diseño de dos puentes y la reubicación de 17 familias cuyas viviendas fueron severamente afectadas por las inundaciones del 2008, explicó el alcalde Ángel Luis Torres Ortiz. Aunque los puentes fueron construidos y 15 de esas familias ya cuentan con un hogar, las restantes dos siguen a la espera de la ayuda prometida en la declaración de emergencia, 11 años atrás. Una de ellas, incluso, volvió a ser desalojada de su
casa en la barriada Galarza de Yauco previo al paso de huracán María y su vivienda fue nuevamente dañada por las inundaciones del 20 y 21 de septiembre de 2017.

El Municipio de Lajas, por su parte, tiene pendiente el reemplazo de cuatro puentes en el barrio Lajas Arriba como medida de mitigación de inundaciones. Según explicó el alcalde, Marcos Arturo Irizarry, los puentes son antiguos y tienen un cilindro en el medio que se tapa con las escorrentías, provoca que se desborde el agua y se inunde la comunidad. Fue lo que ocurrió en 2008.

“Ha habido varias situaciones para que se complete el proyecto. Se ha cambiado el diseño en varias ocasiones por cuestiones de impacto ambiental y también se atrasó con María, pero ya estamos a ley de ir a subastas. Creo que ya falta muy poco para poder completarlo, pero todo está retrasado en esa agencia (Vivienda)”, dijo Irizarry.

“Todas las expectativas dependen del Gobierno federal y del Gobierno central. Como yo no soy parte de este Gobierno, usualmente, a este tipo de proyectos no le dan la inmediata atención”, adujo.

Nueve de los 10 municipios que aún no completan sus proyectos tienen actualmente administraciones del Partido Popular Democrático (PPD).

Vivienda negó que hubiera discrimen político.

“En lo que compete a la administración de este grant por el Departamento de Vivienda, la enmienda presentada a principios de año fue aprobada por HUD, cumpliendo con el periodo de participación ciudadana; los municipios, en su mayoría, presentaron los itinerarios de proyectos y sus propuestas atemperadas a la nueva enmienda y estamos próximos a otorgar todos los contratos”, indicó la agencia por escrito.

En Naguabo, aún falta completar el proceso para la adquisición de dos viviendas seguras para familias que sufrieron por las inundaciones en el municipio en 2008. El proyecto incluye la demolición de las estructuras donde estas personas aún residen.

“Ese proyecto era de siete familias. El proceso de adquisición y compra tardó tanto que muchas familias se arrepintieron y otras se fueron a Estados Unidos. Quedaron solo dos familias, para las que no hemos culminado el proyecto”, explicó el alcalde de Naguabo, Noé Marcano Rivera.

Dijo que en el momento en que iban a comprar las viviendas, el contratista subió el precio y hubo que comenzar nuevamente el proceso de adquisición.

El alcalde de Patillas, Norberto Soto, mientras tanto, apuntó a un tranque en la firma de contratos entre Vivienda y el Municipio, consecuencia de los cambios de las agencias administradoras de los fondos CDBG-DR, y la tardanza en el desembolso de los fondos como las razones por las que aún no se han demolido ocho viviendas que se inundaron por las lluvias de 2008.

“El Gobierno, con el movimiento de oficina a oficina, lo que ha hecho es afectar a los municipios”, coincidió Soto.

“Yo firmé los contratos hace más de dos meses, pero todavía no se han desembolsado esos fondos y no hemos podido finalizar la demolición de esas viviendas”, sostuvo.

Por el tranque de los desembolsos en Cabo Rojo, en julio de 2018, el alcalde Roberto Ramírez Kurtz presentó una demanda por discrimen político contra el director ejecutivo de Odsec, Jesús Vélez Vargas. Alegaba que Vélez Vargas se negó, por discrimen político, a ordenar el desembolso de cerca de $2 millones de los fondos CDBG-DR para el proyecto de mitigación de inundaciones en Pole Ojea. El pleito se resolvió fuera de tribunales cuando Vivienda asumió la administración de los fondos.

Foto por J. Crespo | Centro de Periodismo Investigativo

Hace un año el alcalde de Cabo Rojo, Roberto Ramírez Kurtz, demandó a Odsec por no haber desembolsado los fondos para los proyectos de mitigación en Pole Ojea.

Aunque recientemente se firmaron algunos de los contratos entre Vivienda y el Municipio, el alcalde indicó que todavía espera por una firma para subastar el proyecto. “Un año después de la firma del contrato, debe estar culminado el proyecto”, dijo.

Mientras tanto, la líder comunitaria de las Parcelas Pole Ojea, asegura que vive en ansiedad cada año cuando se acerca la temporada de lluvias. Aunque nunca se ha repetido un evento de tanta precipitación – ni siquiera el huracán María –, Guardarrama teme que pueda ocurrir en cualquier momento.

Foto por J. Crespo | Centro de Periodismo Investigativo

Marisol Guardarrama, líder comunitaria de Parcelas Pole Ojea, Cabo Rojo.

“Los jóvenes de aquí se fueron después de María. La mayor parte de la comunidad es de envejecientes, y muchos son encamados. Cada vez que dicen que hay un evento atmosférico, me estresa”.

 

Omar Alfonso, de La Perla del Sur, colaboró con esta historia.

Biografía del Periodista

Periodista y educadora. Ha trabajado por los pasados 10 años en prensa escrita, radio, multimedios y de manera independiente como reportera, editora y productora. Su experiencia incluye trabajos para los diarios Primera Hora y El Nuevo Día, la agencia de noticias Inter News Service, el noticiario Hoy en las Noticias de Radio Universidad de Puerto Rico, y el diario digital NotiCel. Además, ha colaborado con Democracy Now!, el blog de activismo contra el acoso callejero Stop Street Harassment y la BBC de Londres. Posee un máster en comunicación y periodismo digital, grado conjunto de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Carlos III de Madrid, y una maestría en Orientación y Consejería de la Universidad de Puerto Rico. Ha sido alumna de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano en Cartagena, Medellín y Bogotá, Colombia. Su trabajo periodístico ha sido reconocido por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y por el Overseas Press Club, Capítulo de Puerto Rico.

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