Alexis Correa Allende recorre en bicicleta el barrio Parcelas Suárez en Loíza. Solo despega una mano del manubrio cuando saluda a algún vecino. Va relajado sobre las dos ruedas. Hasta que llega a la calle 10 del barrio, donde una vez estuvo el Paseo del Atlántico. Desde 2012, Alexis, portavoz de la Junta Comunitaria del sector, ha visto cómo el mar destruyó el paseo dejando varias residencias mucho más cerca de las olas. Esta situación le provoca ansiedad a Alexis y a las cerca de 1,560 personas que viven en Parcelas Suárez. Más aún cuando llegan los tiempos de mareas altas.

“Desde que comencé esta lucha en 2012 por el tema de la erosión costera, vivo preocupado. Todo el mundo vive preocupado”, asegura Correa Allende, de 35 años.

Foto por Víctor Rodríguez Velázquez | Centro de Periodismo Investigativo

Alexis Correa Allende lleva seis años luchando para que se concretice un plan que mitigue la erosión costera en Loíza.

En 2018, el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) aprobó $5,170,000 en fondos para un rompeolas que mitigue la erosión costera en esta zona. Sin embargo, la construcción de este proyecto no comenzaría hasta enero de 2020, anunció el pasado martes el ente federal. Alexis explicó que esta es la tercera vez que se atrasa la fecha de inicio de construcción, que estaba pautada para iniciar en julio de 2019. Las olas siguen azotando contra las calles 10 y 11 incrementado la erosión, observó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Para llegar a Parcelas Suárez hay tres entradas desde la carretera 187 que recorre la costa de Loíza. Los tres accesos terminan en la playa. El mar es parte de la cultura que se vive en este pueblo, donde el 49.6% de su población vive bajo pobreza, según la Encuesta de Comunidad de 2016 del Negociado del Censo de Estados Unidos. Es una comunidad que celebra la herencia africana como en pocos lugares en Puerto Rico. El 35% de los residentes en Loíza se identificó como de raza negra en la encuesta, una cifra que subestima la realidad, según varias líderes comunitarias.

Parcelas Suárez también es un barrio de clase trabajadora. De gente “buena y luchadora”, como explica Modesta Irizarry, una líder comunitaria loiceña.

“Esa comunidad lleva años en una lucha para que se le brinde el servicio y las herramientas necesarias para contrarrestar la erosión costera. Es una comunidad que lleva desde 2012 luchando porque el Cuerpo de Ingenieros y el Departamento de Recursos Naturales hagan el trabajo que le corresponde hacer. Parece ilógico que si saben lo que tienen que hacer, haya que exigir tanto para que metan mano al asunto”, denunció.

Foto por Víctor Rodríguez Velázquez | Centro de Periodismo Investigativo

Para la líder comunitaria Modesta Irizarry es incomprensible que el DRNA y USACE tarden tanto en atender un problema que lleva años evidenciado.

Según Alexis, la Junta Comunitaria de Parcelas Suárez llevaba meses pidiendo al Cuerpo de Ingenieros una reunión para que explicara en qué consistirá la estructura que se construirá, cuáles áreas protegerá y cuándo iniciarán los trabajos. No fue hasta el pasado martes, 16 de julio que se dio la reunión con los loiceños. No obstante, para Alexis el proceso se dio atropellado por el poco tiempo que hubo para avisarles a todos los residentes de Parcelas Suárez.

“No fue justo. Ellos [el Cuerpo de Ingenieros] me avisaron el viernes pasado [12 de julio] solo con cuatro días para avisarle a la comunidad. La alcaldesa dijo que se repartieron promociones, pero eso no es cierto. No se repartió nada. No es justo”, denunció el líder comunitario, quien lamentó que a la reunión solo fueran alrededor de 16 personas. El municipio aclaró que no se repartió ninguna convocatoria, sino que se anunció por medio de una guagua de sonido en alta voz.

El problema para Alexis es que en ese encuentro se decidió apoyar el proyecto del Cuerpo de Ingenieros sin que estuviera la mayoría de la comunidad. Repudió, además, que el personal del Cuerpo de Ingenieros usara como argumento a favor del proyecto el riesgo que corren los fondos si no se usan de manera inmediata.

En la reunión, los participantes reclamaron la aprobación del proyecto bajo la premisa de que debían prevenir que les quiten el dinero “que con tanto sacrificio han obtenido”.

Luis Daniel Pizarro, director de la división de Manejo de Fondos Federales del municipio, cuestionó la prisa del Cuerpo de Ingenieros al requerir el aval comunitario de forma expedita y sin tiempo para evaluar otras opciones o modelos de construcción.

“A mí siempre me ha sorprendido lo transaccional que suena todo esto. Me desespera que el Gobierno federal esté dispuesto a invertir para defender propiedad, pero no vida. Creo que las prioridades están torcidas”, expresó Pizarro.

El rompeolas solo se concentrará en un área de 1,050 pies de la línea de la costa frente a una escuela pública, un centro comunitario y un parque ubicado en la calle 11. El proyecto dejó fuera la calle 10 del sector, que también se ha visto afectada y donde se ubican 15 casas donde viven alrededor de 50 personas.

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Julia Nazario, alcaldesa Loíza.

La exclusión de esa zona llevó a que la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, solicitara el año pasado un análisis al Cuerpo de Ingenieros sobre cómo el rompeolas propuesto impactará el desplazamiento del agua hacia las comunidades vecinas que también están vulnerables ante el mar.

El 15 de julio de este año, el Cuerpo de Ingenieros publicó una extensión del Informe de Viabilidad Integrada Final y la Evaluación Ambiental para recibir comentarios de la ciudadanía hasta el 14 de agosto. El documento se limita a explicar que el rompeolas propuesto recibió el aval del Programa de Manejo de Costas de Puerto Rico en 2018 y que el 2 de julio de 2019 el Cuerpo de Ingenieros presentó una solicitud de certificación de calidad de agua ante la Junta de Calidad Ambiental, con el fin de minimizar los impactos adversos a la calidad del recurso durante la construcción del rompeolas. Además, expone diversos escenarios para proteger la vida marítima en la zona y la infraestructura pública. No incluye, sin embargo, la evaluación solicitada por Nazario respecto al impacto que tendrá esta estructura en el desvío del agua hacia otros vecinos. Tampoco incluye un modelo a escala que ilustre cómo se vería el proyecto, señaló el experto en manejo de costas Pedro González.

Sheila Hint, gerente de proyecto del Cuerpo de Ingenieros, no pudo ser categórica respecto a que la estructura no impactará las zonas cercanas que se dejaran desprovistas. Explicó que los ingenieros concluyeron que el oleaje de la zona es tan dinámico que no pueden cuantificar si con el rompeolas aumentará aún más la erosión en otros lugares de la costa.

Según Hint, el Cuerpo de Ingenieros solo vela por estructuras públicas y una vez se aprueba un proyecto, este no puede ser enmendado, cambiado de lugar o extenderlo a otras zonas. Alexis no entiende por qué se quiere proteger la escuela y el centro comunitario si ambas estructuras están casi en ruinas. La portavoz del ente federal explicó que esas estructuras son la justificación para que se usen los fondos asignados en la zona. Demolerlas significaría que no habría ninguna estructura pública que amerite un trabajo del Cuerpo de Ingenieros en el lugar, dijo.

Por su parte, Alberto González, gerente de proyectos en Jacksonville para el Cuerpo de Ingenieros, instó al municipio y a la comunidad a buscar otros mecanismos para obtener más fondos para proteger el resto de la costa del barrio. Dijo que incluso el mismo ente que representa cuenta con otros tipos de asignaciones que pueden solicitar para las costas de Loíza.

Además de Parcelas Suárez, todo el litoral costero del municipio se ha visto impactado por la erosión desde antes y después del paso del huracán María en septiembre de 2017, según datos de la geomorfóloga Maritza Barreto Orta. Atender a todos los sectores afectados conllevaría una inversión millonaria, reconoce el vicealcalde de Loíza, Luis Ortiz Escobar.

Pero residentes y personal de gobierno municipal cuestionan por qué entonces se excluyó a Loíza de una nueva propuesta del Cuerpo de Ingenieros para realizar proyectos de mitigación en zonas costeras de Puerto Rico afectadas por la erosión y que supondría más dinero para obras de infraestructura costera.

Se trata del Estudio de Manejo de Riesgos Costeros por Tormentas: estudio integrado de viabilidad y Ley Nacional de Política Ambiental, cuya fase de estudio inicial se extenderá durante tres años a un costo de $3 millones.

Según Carolina Burnet, ingeniera a cargo de la planificación del estudio, el análisis se realizará en siete áreas afectadas en Rincón, San Juan, Mayagüez y Humacao. Quedaron fuera otras áreas costeras que fueron consideradas como: Vega Baja, Arecibo, Aguadilla, Aguada, Añasco, Mayagüez, Cabo Rojo, Loíza y Luquillo. Burnet explicó que los municipios escogidos fueron recomendados por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). La titular de esta agencia, Tania Vázquez, no respondió una solicitud de entrevista del CPI para conocer cuáles fueron los criterios usados para la selección.

Foto por Víctor Rodríguez Velázquez | Centro de Periodismo Investigativo

Carolina Burnet, ingeniera a cargo del estudio de USACE

En declaraciones escritas, la agencia explicó que “DRNA ha provisto acceso a información sobre dinámica costera, oceanografía, mapas de inundación. Se han visitado todos los sitios identificados para evaluación, análisis y modelaje, se ha brindado apoyo logístico y nos mantenemos en comunicación permanente con los investigadores, ingenieros y planificadores del USACE”.

Estudios recientes de Barreto Orta — quien tiene más de 25 años de experiencia evaluando las costas de Puerto Rico — muestran que Loíza es un área mucho más vulnerable a la erosión costera que los otros municipios escogidos. ¿Por qué no se incluyó a este pueblo?, cuestionó el CPI a Burnet.

“Son proyectos grandes donde el costo es alto y la infraestructura que se va a proteger debe ser acorde a esa inversión. Loíza sí tiene mucha necesidad, pero Loíza tiene baja densidad comparado con los otros municipios seleccionados”, explicó la ingeniera. La densidad a la que se refiere Burnet es de estructuras, no de población.

Yeidi Escobar, directora de planificación de Loíza, cuestionó que se dé mayor prioridad al valor de una estructura por encima del bienestar de la ciudadanía.

“El aspecto económico no es una justificación. No veo cómo es más [importante] el retorno de inversión que el riesgo de nuestros ciudadanos. No puedo justificar eso, tomando en consideración que Loíza es un lugar de tanto riesgo [costero]”, puntualizó la funcionaria.

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Escobar, directora de planificación de Loíza, no entiende porque el DRNA y USACE dan prioridad a estructuras abandonas en su plan de mitigación.

Entre los criterios para seleccionar las zonas a observar, el Cuerpo de Ingenieros evaluó los atributos económicos, ambientales y de recreación de cada área recomendada por el DRNA.

“Para un estudio de esta magnitud, que implica participación federal por 50 años, es muy importante la justificación económica, porque, por 50 años se va a implementar y mantener ese proyecto que se diseñe. Si el costo es muy elevado en los proyectos, los beneficios deben ser mayores. La forma del análisis que tenemos es en el valor de la infraestructura: edificios, establecimientos comerciales… que van a lo largo de los segmentos de playa que se están analizado”, detalló Burnet.

Puerto Rico tiene 799 millas de costas, de las cuales 30% son playas, 28% vegetación; en el 18% hay infraestructura y en el 15% hay rocas, según la profesora Barreto Orta.

En los segmentos seleccionados, de acuerdo con Burnet, existen cerca de 748 estructuras, entre viviendas y espacios comerciales. Sin embargo, la ingeniera reconoció que no cuenta con ningún estimado de cuántas personas viven en las zonas escogidas.

Reclaman inclusión social en estudios costeros federales

 La cantidad de personas afectadas por la erosión debe ser un elemento clave cuando se estudian las costas, destacó Barreto Orta. La experta añadió que es imprescindible conocer si se trata de personas que viven bajo los índices de pobreza, si residen mujeres jefas de familias, menores, ancianos, en fin, todos los elementos de vulnerabilidad social.

Por esa razón, la profesora de la Escuela de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, cuestionó que el estudio que realiza el Cuerpo de Ingenieros priorice en retornos de inversión económica a partir del valor de la infraestructura y no en las características demográficas de la población.

Aunque reconoció que los lugares escogidos por el ente federal son áreas vulnerables, cuando se analizan otras variables sociales, los datos muestran que existen municipios que están más afectados por la erosión costera y cuyos residentes están en un peligro mayor.

Foto por Víctor Rodríguez Velázquez | Centro de Periodismo Investigativo

La doctora Barreto Orta piensa que el estudio de USACE no incluye todos los municipios necesarios para conocer a profundidad el impacto de la erosión de costas en Puerto Rico.

“Si hubiera unos fondos para recuperación y me preguntaran dónde los usaría para mitigar y generar una protección para la infraestructura y las comunidades, te diría que Loíza, Arecibo, Barceloneta, Humacao, Mayagüez y Rincón”, dijo la experta.

Los análisis más recientes de Barreto Orta apuntan a que la zona de mayor peligro en caso de un evento atmosférico es la franja costera de Arecibo entre los sectores San Luis, García, Barrio Obrero y Radioville.

José Vega vive en el Barrio Obrero hace 35 años. El patio trasero de su casa da hacia la playa. Luego del huracán, ha perdido una extensión considerable de terreno. Allí, varias palmeras se tambalean hacia el vacío. “Un día de estos, durmiendo, amanecemos navegando en el mar”, bromeó en serio.

La entrada principal a Barrio Obrero en Arecibo casi se pasa por alto desde la carretera número 2. Es una cuesta central que da hasta el mar. Hacia los lados, se extienden tres calles —Ledesma, Caribe y Cruz Roja—que albergan alrededor de 100 estructuras, varias en desuso. La calle Cruz Roja es la más cercana a la playa.

Según el arecibeño, la erosión en la costa del barrio incrementó sustancialmente luego del huracán. Dijo que personal del municipio acudió al lugar entonces. Pero dos años después “no ha vuelto nadie”.

A juicio de José, su sector debería tener prioridad en los esfuerzos de protección costera ante la erosión. Pero ya tiró la toalla. “¿Para qué vamos a hacer algo, si no nos van a escuchar?”, lamentó.

Foto por Víctor Rodríguez Velázquez | Centro de Periodismo Investigativo

José Vega siente que el Gobierno ha abandonado la importante gestión de mitigar la erosión costera en Arecibo.

Para la planificadora Ivis García, el problema es que el Cuerpo de Ingenieros opera desde la lógica de largo plazo, por lo que procuran dar prioridad a la utilidad de las edificaciones. No obstante, cuestionó cómo estas visiones de futuro pueden continuar marginando a poblaciones que han sido atropelladas.

“El Gobierno o quienes están en la toma de decisiones, deben considerar, no sólo cómo se incluye la participación comunitaria, sino también cómo se repara el daño que se ha hecho a las comunidades. Loíza, por ejemplo, con una población afrocaribeña, que ha recibido muchas injusticias. Cuando se piensa en las injusticias sociales, se concluye que esas comunidades deberían recibir prioridad [para este tipo de proyectos]”, analizó la profesora de la Universidad de Utah.

Para García, la selección de Rincón, por ejemplo, denota una preferencia hacia comunidades con más poder económico.

La experta considera que las métricas sociales deben ser el criterio cuando se planifican proyectos de infraestructura. Sostuvo que actualmente disciplinas como la planificación se enfocan en buscar opciones que ayuden a reparar daños a comunidades que históricamente han sido marginadas. Por eso, invitó al Cuerpo de Ingenieros a incorporar ese cambio de perspectiva para que se den procesos que propicien la justicia ambiental en las comunidades.

Incertidumbre por la posibilidad de relocalización de personas

Ser parte de este nuevo estudio del Cuerpo de Ingenieros también tiene sus retos a juicio de varios residentes de Rincón, uno de los municipios que será parte del análisis.

El pasado 18 de junio, el Cuerpo de Ingenieros hizo una presentación del estudio ante un grupo de residentes de Rincón y Mayagüez. Esa noche, la incertidumbre por posibles relocalizaciones de personas o comunidades enteras fue una de las preocupaciones que manifestaron los vecinos.

“¿Cómo se hace la compra de propiedades? Hay gente que está preocupada, porque su familia lleva mucho tiempo en la costa. Aquí en Puerto Rico la gente es diferente si vive en la costa. [Me pregunto] qué medidas se van a tomar para prevenir la injusticia ambiental [y] que se desplace a las personas”, cuestionó Mari Mar Bonet, residente en Rincón.

Si bien el Cuerpo de Ingenieros aclaró que no se determinará cuáles proyectos se implementarán en cada zona hasta que no se finalice el análisis en el 2020, no descartan la mudanza de personas por la expropiación o compra de sus propiedades.

Milán Mora, otro portavoz del Cuerpo de Ingenieros, explicó que la relocalización de personas o comunidades se considera como alternativa cuando sale más caro construir infraestructura que proteja esas casas. No obstante, aclaró que esas movidas de personas o comunidades deben seguir las reglamentaciones de la Ley federal de Relocalización Uniformada, que exige garantizar una compensación justa para aquellos cuya propiedad fue expropiada por el Gobierno para darle un uso público.

En caso de que haya edificaciones más grandes, se evaluarían otras alternativas de mitigación o conservación.

“No podemos relocalizar una estructura grande de 20 pisos en San Juan, porque no será costo efectivo. Es más fácil proteger esa estructura antes de removerla. Pero si estamos hablando de una, dos o tres casas, que el costo es poco, comparado con el costo de poner arena o un rompeolas, [la relocalización] puede ser una de las respuestas que arroje el estudio”, explicó Mora.

La planificadora García y la profesora Barreto Orta coincidieron en que el problema cuando se habla de relocalización es que se hace sin respetar la justicia ambiental o el derecho de las comunidades a participar en la toma de decisiones que les afectan directamente.

Según las expertas, en Puerto Rico, se le informa a la comunidades una vez la decisión está tomada dejándolos fuera del proceso de análisis y determinación.

“El concepto de relocalización se ha demonizado. Pero este debe ser un curso de acción cuando las alternativas de protección no garantizan la seguridad de las comunidades. Pero, hay que entender que el proceso de relocalización tiene que ir combinado con un protocolo que deje claro que la decisión no solo la tomó el municipio y el estado, sino también la comunidad”, recomendó Barreto Orta.

De acuerdo con la encuesta de la comunidad del Negociado del Censo, en el 2017, el 44.9% de la población de Puerto Rico vive bajo el nivel de pobreza. Esa realidad resulta en que las comunidades desaventajadas estén más propensas a sufrir problemas ambientales y cuenten con menos herramientas para evitar y mitigar los impactos, según la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA).

A pesar de los planteamientos, el portavoz del Cuerpo de Ingenieros hizo hincapié en que ciertas determinaciones — como la relocalización de ciudadanos — todavía no se discuten y que se evaluarán a partir de las conclusiones del estudio. Las propuestas se presentarán al Congreso de Estados Unidos, que evaluaría el asignar otros fondos para estos proyectos. Según Mora, este proceso podría tomar hasta siete años antes de que comiencen a implementar cualquier proyecto o propuesta de relocalización en las zonas que continúan afectándose por la erosión.

 

Víctor Rodríguez Velázquez es integrante de Report for America

Biografía del Periodista

Periodista con 10 años de experiencia. Integrante de Report For America. Profesor en la Universidad del Sagrado Corazón y en la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo. Egresado del programa de maestría en comunicación de la Universidad de Puerto Rico.

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