El Departamento de Justicia pidió este viernes al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI) que investigue a los 12 miembros del chat de Telegram entre el exgobernante Ricardo Rosselló Nevares y algunos de sus allegados.
Sin entrar en detalles sobre los hallazgos de su pesquisa, luego de una investigación que tomó casi seis meses, Justicia se limitó a decir que las acciones de los participantes del “WRF Chat” debían ser investigadas “a profundidad” por un FEI. La agencia no detalló qué encontró en su investigación ni tampoco publicó su informe preliminar de 109 páginas.
Además de Rosselló Nevares, el referido hecho por Justicia incluye al exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés; el cabildero, director de campaña de Rosselló Nevares y exrepresentante del Gobierno ante la Junta de Control Fiscal, Elías Sánchez Sifonte; el exprincipal oficial financiero (CFO), exsecretario de Hacienda y exsecretario de la Gobernación, Raúl Maldonado Gautier; el exsecretario de Estado, Luis Rivera Marín; el exasesor legal del Gobernador, Alfonso Orona Amilivia; el exCFO, exagente fiscal y exrepresentante del Gobierno ante la Junta, Christian Sobrino Vega; los relacionistas Carlos Bermúdez Urbina y Rafael Cerame D’Acosta; el publicista Edwin Miranda Reyes; el exsecretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi Cruz; y el exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas.
Otra de las personas referidas es la exsecretaria de prensa Yennifer Álvarez Jaimes, quien Justicia nombra como integrante del chat de Telegram aunque no figuró en las 889 páginas publicadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) el pasado verano. Álvarez Jaime renunció a su puesto en julio del 2018, meses antes del periodo que cubren las 889 páginas publicadas. El CPI intentó comunicarse con Álvarez Jaime para una reacción pero no pudo contactarla.
Por último, Justicia refirió a la exdirectora de la Oficina de Comunicaciones de La Fortaleza, Rossy Santiago Velázquez, aunque no detalló las razones. Santiago Velázquez tampoco pudo ser contactada.
La investigación preliminar — que no es pública — consta de 109 páginas y sobre 35 cajas de evidencia, luego de entrevistar a 45 testigos y emitir más de 60 órdenes de producción o subpoenas, según Justicia.
El CPI publicó el pasado 13 de julio 889 páginas que recogen conversaciones del chat grupal de Telegram entre Rosselló Nevares y 11 de sus allegados. Los mensajes publicados ocurrieron entre finales de noviembre de 2018 y enero de 2019. En el chat se compartía información privilegiada y confidencial con personas que no eran funcionarios y quienes participaban activamente de las conversaciones. De igual forma, se desprende del chat el trabajo político partidista que se realizaba en horas laborables y mediante el uso de recursos públicos.
También quedó al descubierto el carácter de integrantes del chat, quienes a diario realizaban comentarios misóginos, sexistas y homofóbicos, perseguían a adversarios políticos y activistas, y coordinaban la proyección política de la administración. Tras más de dos semanas de protestas en las calles pidiendo su renuncia luego de la publicación del chat, Rosselló Nevares renunció el 24 de julio y abandonó La Fortaleza el 2 de agosto.
El Panel sobre el FEI no tiene un término específico en ley para evaluar el informe recibido de Justicia y emitir una resolución sobre cómo proceder. De decidir nombrar un FEI, la entidad tendrá 90 días para hacer una investigación a fondo. De ser necesario, el Panel puede conceder una extensión de 90 días adicionales para completar la investigación.
“Hoy estamos recibiendo el informe con las recomendaciones junto con la evidencia que sustenta dichas recomendaciones. La próxima semana recibiremos el expediente del recurso pendiente ante el Tribunal de Apelaciones y el expediente completo de toda la documentación levantada durante la investigación”, confirmó al CPI la presidenta del Panel sobre el FEI, Nydia Cotto Vives. Añadió que el proceso de entrega de materiales debe culminar la próxima semana y que el proceso de evaluación del Panel para determinar si procede o no asignar un FEI, podría tomar cerca de un mes.
La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) también realiza una pesquisa en torno al chat de Telegram. El CPI preguntó a la OEG sobre el estatus de su investigación, a lo que la directora de prensa, Jennifer Rodríguez Ayala, contestó “lo que puedo expresar en este momento es que continúa activa. La investigación no ha concluido”.
Liderada por la fiscal Olga Castellón, la pesquisa de Justicia incluyó la revisión de los teléfonos celulares de la mayoría de los integrantes del chat. En el caso de Sánchez Sifonte y Miranda Reyes, han rechazado entregar sus celulares a Justicia invocando su derecho a no autoincriminarse.
La agencia radicó el pasado 30 de diciembre un recurso de reconsideración al Tribunal de Apelaciones para intentar lograr acceso a los teléfonos móviles de Sánchez Sifonte y Miranda Reyes. Esta acción legal “será transferida al Panel del FEI para que prosiga el procedimiento en bien del pueblo de Puerto Rico”, indicó Justicia en su comunicado.
Según una declaración jurada de la agente Edna Cruz Estrada como parte de la orden de allanamiento y registro del celular del exsecretario de Hacienda Maldonado Gautier, a finales de julio los investigadores no habían logrado obtener el chat directamente de los móviles tras concluir el proceso de citación de integrantes del chat.
En su comunicado, Justicia indicó que los investigadores “examinaron cuidadosamente el contenido del WRF Chat”.
Federales podrían investigar
Las autoridades federales podrían tener jurisdicción para investigar la posible comisión de delitos en el chat de Telegram por ser esta una plataforma digital que activa la cláusula de comercio interestatal. El uso de una plataforma de mensajería móvil le da jurisdicción a la Fiscalía federal, confirmaron al CPI el catedrático en Derecho Constitucional, Carlos Ramos y el exfiscal federal, Osvaldo Carlo.
“Tal fue el caso de Aníbal Acevedo Vilá. [Se trataba de] delitos electorales locales, pero se acusó federalmente por usar el correo electrónico, por lo que podría haber una jurisdicción federal. En el pasado hemos visto una Fiscalía federal muy laxa en ese tema y otras veces lo vemos más riguroso para encontrar jurisdicción federal”, indicó Ramos. Ambos abogados coincidieron en que para que se configure la jurisdicción federal, debe haber la posible comisión de un delito estatal junto a la utilización de comunicación electrónica que es la que impacta el comercio interestatal.
“Entiendo que puede existir jurisdicción federal porque hay dos elementos que utiliza la Fiscalía federal para determinar si este tipo de evento constituye un delito federal. Uno es que la comunicación tiene que viajar en los canales del comercio interestatal y esto ocurre porque estas comunicaciones aunque se generan en Puerto Rico van a servidores fuera de la jurisdicción y regresan a Puerto Rico. Eso le da el elemento de impactar el comercio interestatal. Por otro lado, tiene que existir la comisión de un delito estatal. Esa combinación es la que le brinda a los federales jurisdicción”, dijo Carlo.
El abogado sostuvo que si bien el Departamento de Justicia podría referir el expediente de la investigación preliminar a las autoridades federales, la Fiscalía federal no necesita un referido para investigar el asunto.
“Podrían referirlo, pero la Fiscalía federal no necesita de un referido. La Fiscalía federal puede actuar sin un referido porque esta tiene la autoridad de actuar sobre cualquier delito federal que se cometa”, sostuvo el exfiscal federal.
Según Ramos, de no haber un referido formal a las autoridades federales, Justicia mínimamente debería mantener comunicación con la fiscal federal sobre el proceso investigativo local para evitar la llamada doble exposición (Pueblo v. Sánchez Valle) en la que el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que un ciudadano no puede ser procesado por los mismos delitos en ambas jurisdicciones.
“Lo menos que debería haber es comunicación. Si hubiese algún delito federal idéntico a un delito estatal de acuerdo con Sánchez Valle el primero que vaya al Tribunal es el que tiene jurisdicción. Si los federales acusan primero por el chat es posible que los estatales ya no puedan acusar y viceversa”, señaló el constitucionalista.
La pasada jefa interina de la Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, había expresado el 30 de julio de 2019 durante una conferencia de prensa que las autoridades federales darían deferencia a la investigación de Justicia, no por falta de jurisdicción federal, sino porque ya la agencia local había iniciado la pesquisa.
“El chat lo está investigando el Departamento de Justicia. Siempre se le da deferencia al que comenzó la investigación a que mantenga la jurisdicción. No es que no haya jurisdicción federal es que ellos (Justicia) están investigando y nosotros, manos afuera”, había dicho en aquel entonces Rodríguez.
Al cierre de esta edición la portavoz de la Fiscal federal en Puerto Rico, Lymarie V. Llovet no había respondido al CPI si la agencia federal investiga o pondera investigar el intercambio en Telegram.
La secretaria de Justicia, Dennise N. Longo Quiñones, confirmó al CPI que de haber jurisdicción federal, la agencia podría referir el caso a las autoridades federales.
“En cualquier caso se podría hacer un referido a fiscalía federal, ya que nosotros tenemos un acuerdo de colaboración. Nuestra continua colaboración significa que, en aquella circunstancia que amerite, el Departamento de Justicia le puede referir asuntos a la fiscalía federal o sus agencias investigativas. Sin embargo, tenemos que enfatizar que, en este momento, y cómo se ha mencionado previamente, dicha investigación se está trabajando en el Departamento de Justicia bajo los términos de tiempo establecidos por la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988 de la Oficina del Panel del Fiscal Independiente, los procesos de evaluación del asunto por parte del Departamento de Justicia no han concluido”, dijo en declaraciones escritas la secretaria de Justicia.
Los 13 miembros del chat de Telegram y su participación
Ricardo Rosselló Nevares – El exgobernante fue un participante activo del chat y administrador del mismo. Coordinó trabajo político partidista e intervino constantemente en la discusión de asuntos de política pública, al igual que en las burlas a distintos sectores incluyendo personas obesas, las mujeres y los pobres. También escribió mensajes despectivos hacia periodistas y adversarios políticos como la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz, a quien llamó “HP”.
En ningún momento de la conversación Rosselló Nevares objetó las dinámicas o mensajes del chat. Tampoco dio instrucciones de detener los insultos y burlas, incluyendo el intercambio de información confidencial ni el trabajo político partidista.
Elías Sánchez Sifonte – El cabildero, director de campaña de Rosselló Nevares y exrepresentante del Gobierno ante la Junta de Control Fiscal gozó de acceso directo a La Fortaleza. A pesar de no ostentar ningún cargo público ni tener contrato con el Gobierno, Sánchez Sifonte formó parte del chat como administrador y participante activo del mismo. Allí tuvo acceso a discusiones de política pública y el intercambio de información confidencial.
Al igual que Rosario Cortés, opinó y dio instrucciones sobre asuntos de política pública. Por ejemplo, a preguntas de Sobrino sobre cuál sería el mensaje ante preguntas relacionadas al presidente Donald Trump y los fondos federales de recuperación tras María, Sánchez Sifonte contesta que utilice “los tweets del gobernador”.
Edwin Miranda Reyes – El publicista de Rosselló Nevares fue otro participante activo y administrador del chat, en el cual tramitaba trabajo político en redes sociales para resaltar la imagen política del exmandatario. Esto incluyó la creación de memes, coordinación y manipulación de sondeos y ataques en las redes sociales contra personas mediante el uso de cuentas falsas conocidas como trolls.
También fue vocal en contra de opositores políticos de Rosselló Nevares, como el fue el caso del representante Manuel Natal, sobre quien se refirió en el chat con “algo hay que hacer que escarmiente a este muchacho”.
Carlos Bermúdez Urbina – El contratista manejó gran parte de la estrategia pública y mediática de Rosselló Nevares. Del chat se desprende cómo Bermúdez Urbina, quien también representa al artista de música urbana Ozuna, coordinó entrevistas y relaciones con periodistas y medios.
También fue una constante en las burlas contra distintos sectores como la oposición política, las personas obesas y las mujeres. Los contratos de Bermúdez Urbina fueron cancelados tras la publicación del chat.
Christian Sobrino Vega – Fue el principal oficial financiero del Gobierno y representante de Rosselló Nevares ante la Junta tras la salida de Sánchez Sifonte de ese puesto. Discutió asuntos de política pública frente a terceros y compartió en el chat información del Gobierno catalogada como “confidencial”. Este fue el caso de un análisis legal hecho por el bufete de la Junta en torno a la precaria situación financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.
Sobrino Vega, quien también era administrador en el chat, realizó además comentarios alusivos a la acumulación de cadáveres en el Negociado de Ciencias Forenses, cuando manifestó que: “Ahora que estamos en ese tema, no tenemos algun cadaver para alimentar a nuestros cuervos? Claramente necesitan atención. Atención y reconocimiento por su gran labor de recoger lo que está en el piso ya. Pero así son los cuervos. Le das un ojo y quieren el otro. Muy fuerte el asunto”.
Ramon Rosario Cortés – El abogado participó activamente en el chat antes y después de abandonar el Gobierno al finalizar el 2018, impartiendo instrucciones sobre qué debía hacerse en temas de gestión pública. Asimismo sugirió acciones para perjudicar al exmonitor de la Policía, Arnaldo Claudio, debido a que “nos ha dado duro”, según manifestó en el chat.
Rosario Cortés también realizó trabajo político partidista como cuando pidió al publicista Miranda Reyes que coordinará ataques en redes y material audiovisual como un video del exprecandidato a la gobernación por el PPD, Roberto Prats en el cual “el propio candidato acepta que es un come banco”.
Raúl Maldonado Gautier – En las 889 páginas del chat que fueron obtenidas por el CPI, el exsecretario de Hacienda, exprincipal oficial financiero y exsecretario de la Gobernación participó poco en comparación al resto del grupo.
No obstante, al igual que los otros, Maldonado discutió asuntos de política pública frente a terceros y dedicó tiempo a participar de forma coordinada en la discusión pública para seguir la pauta y la narrativa de la administración Rosselló Nevares.
Alfonso Orona Amilivia – El exasesor legal de La Fortaleza dio religiosamente estadísticas sobre asesinatos antes de hacerlo público. Discutió asuntos de política pública frente a terceros y llegó a sugerir acciones para remover al exmonitor de la Policía, Arnaldo Claudio, de su puesto.
Discutió abiertamente asuntos legales del Gobierno frente a terceros, como el caso de la Reforma de la Policía en el que criticó decisiones del tribunal como el nombramiento de un comisionado especial de parte del juez federal Gustavo Gelpí, y la decisión del tribunal local a favor de la organización Espacios Abiertos en su demanda contra el Gobierno para que divulgara un informe sobre los incentivos contributivos otorgados por el Gobierno.
Máximo Rafael Cerame D’Acosta – Asesor de comunicaciones de Rosselló Nevares con su compañía RCD International Advisory, Cerame D’Acosta conoce al exmandatario desde que trabajó junto a su padre, Rosselló González, en la década del 1990.
En el chat participó activamente de la discusión de asuntos de política pública y realizó trabajo político partidista, como coordinar fotos desde la convención del PPD. Tras la publicación del chat, Rosselló Nevares anunció que canceló el contrato de Cerame D’Acosta.
Ricardo Llerandi Cruz – El exsecretario de la Gobernación de Rosselló Nevares fue uno de dos integrantes que mantuvo la administración de Vázquez Garced luego de la publicación del chat y la salida del exmandatario.
En el chat, Llerandi Cruz comentaba sobre asuntos de Gobierno y política partidista. Renunció al Gobierno el pasado 25 de octubre, luego de regresar un tiempo a su puesto original de director de la Compañía de Comercio y Exportación.
Luis Rivera Marín – El exsecretario de Estado de Rosselló Nevares participó esporádicamente de la conversación publicada. Realizó comentarios contra la comunidad LGBTTQ, periodistas y oponentes políticos. Rivera Marín renunció el mismo día que el CPI publicó 889 páginas del chat de Telegram.
Anthony Maceira Zayas – El exsecretario de Asuntos Públicos de Rosselló Nevares fue el último que abandonó el Gobierno, cuando la gobernadora Vázquez Garced pidió su renuncia el pasado 6 de noviembre. También fue el último integrante en formar parte del chat de Telegram, al ser añadido en enero, justo después de asumir el cargo de secretario de Asuntos Públicos.
Su rol en el chat incluyó compartir y discutir información de política pública y coordinar trabajo político partidista a favor de Rosselló Nevares.
Yennifer Álvarez Jaimes – La exsecretaria de prensa de Rosselló Nevares no figura en las 889 páginas del chat publicadas por el CPI. Justicia reveló la participación de Álvarez Jaime en el chat en su referido al Panel sobre el FEI. Álvarez Jaime renunció a su puesto en el Gobierno el 25 de julio de 2018 y actualmente funge como editora del semanario en inglés The Weekly Journal.
