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275 firmas de inversión se lanzaron sobre la deuda chatarra de Puerto Rico

No les importó que las tres principales casas acreditadoras habían calificado los bonos como chatarra o que muchos economistas y analistas financieros predecían, desde años antes, que Puerto Rico iba camino al precipicio económico y fiscal. En conjunto, las empresas ordenaron más de $16 mil millones de la oferta que solo constaba de $3.5 mil millones, y que se vendió a 93 centavos el dólar, con intereses de 8.73%. Unas firmas lograron comprar $120 millones en bonos mientras otras que hicieron sus órdenes se quedaron sin nada.

El Lcdo. Osvaldo Burgos junto a Carla Minet, directora del CPI, Laura Moscoso, Joel Cintron Arbasetti, periodistas, y Omaya Sosa Pascual, co-fundadora de CPI, durante la vista del caso sobre acceso a la información relacionado con la identidad de los bonistas de la deuda de Puerto Rico.

Gobierno entrega documentos de los bonistas tras un año en el tribunal

De una primera revisión de los documentos sobresale que fueron 275 las firmas de inversión que compraron deuda de la emisión de $3.5 mil millones de Bonos de Obligación General del año 2014, la mayor emisión de bonos chatarra en la historia del mercado de bonos municipales. Entre las empresas, se encuentran fondos de cobertura, fondos buitre y fondos mutuos.

James Millstein

James Millstein habla sobre la oposición a PROMESA

James “Jim” Millstein, el principal asesor en reestructuración del gobierno, presidente de la firma Millstein & Co. y quien trabajó en el borrador de PROMESA, reconoce que la Junta de Control Fiscal puede tomar decisiones que serán rechazadas por algunos sectores.

Richard Cooper y Jim Millstein durante la presentación de ‘The ABCs of PROMESA’

PROMESA: un experimento que crea más dudas que certezas

Una de las partes centrales de la Ley, el título VI, que establece las reglas para una negociación voluntaria de la deuda, no garantiza que se logrará un acuerdo entre los bonistas y el gobierno. Si no hay acuerdo a través del título VI, entonces el título III de la misma ley estipula que Puerto Rico entraría en un proceso de quiebra en un tribunal del distrito federal. Varios expertos que han estudiado la ley PROMESA anticipan que será el título III y no el VI el que regirá la solución final entre Puerto Rico y sus acreedores.