Denuncian que el proyecto de “Ley de Transparencia” es un engaño

En una de sus últimas acciones como gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló podría aprobar un proyecto de ley para hacer más difícil el acceso a la información pública a los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. “El gobernador tiene ante sí, un Proyecto de ley que en el estilo que ha caracterizado su gobernación, dice que hace una cosa cuando en verdad hace otra”, así catalogó Cecille Blondet, Directora de Espacios Abiertos, el P de la C 1095 que aprobó la Asamblea Legislativa el último día de la sesión ordinaria en junio, a última hora, con prisa, tras bastidores, sin aviso y que ayer fue enviado para la firma del Gobernador. Espacios Abiertos, la Red de Transparencia y los gremios periodísticos han señalado en múltiples ocasiones que el Proyecto de ley “para adoptar la Ley de Transparencia y procedimiento expedito para el acceso a la información pública” no cumple con los principios básicos de acceso a la información reconocidos internacionalmente y que el proyecto de administración —que presentó Rosselló y que fue aprobado por la mayoría del PNP aún con el total rechazo de las minorías, en clara votación partidista dirigida desde La Fortaleza— en vez de acercar al país a la transparencia y rendición de cuentas, pone más obstáculos a éstas, pues entre otras cosas, no promueve la publicación proactiva de información pública, alarga los términos para contestar las solicitudes de información y aumenta de 5 a 12 las excepciones o justificaciones que puede utilizar el gobierno para no dar la información, etc. Una situación similar de desconexión entre el propósito y el contenido de la medida la presenta el P del S 236 que propone una Ley de Datos Abiertos. Recientemente, y previo al escándalo generado por el chat que ha desencadenado en el anuncio de renuncia del Gobernador, los gremios periodísticos en una carta abierta a éste le solicitaron que vetara ambos proyectos.

Periodistas reciben becas para realizar investigaciones periodísticas en colaboración con el CPI

Periodistas del semanario Caribbean Business, los diarios NotiCel y Metro, y la revista Buena Vida fueron seleccionados para recibir becas de $2,000 para realizar investigaciones periodísticas en colaboración con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Los reportajes abordarán temas de seguridad alimentaria, desarrollo económico, salud y salud mental. De esta forma, el Instituto de Formación Periodística del CPI continúa expandiendo su oferta de desarrollo profesional para periodistas de Puerto Rico y el Caribe, en esta ocasión, con el apoyo de las organizaciones Internews, NetHope y el Center for Disaster Philanthropy. Los ganadores de la beca fueron Yanira Hernández (Caribbean Business), Tatiana Díaz y Adriana de Jesús Salamán (NotiCel), Aiola Virella y Ronald Avila (Metro) y Sandra López (Buena Vida). Del 30 de mayo al 1 de junio, el Instituto realizó la jornada de talleres Periodismo de datos sobre la recuperación, en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

Organizations File Lawsuit Against U.S. Department Of Treasury For Withholding Information Related To The Fiscal Control Board

A lawsuit was filed today in the New York District Court to demand information about the files related to the process of appointing the members of the Fiscal Control Board, specifically the documents related to ethical conflicts and the financial disclosures that were required, as well as other details of the creation of the entity by the PROMESA federal Act. The lawsuit was filed by the Center for Investigative Journalism, LatinoJustice PRLDEF and the Center for Constitutional Rights against the U.S. Department of Treasury under the Freedom of Information Act (“FOIA”.)

Plaintiffs filed their original request for information in 2017, stating the Department of Treasury breached its legal obligation by not responding timely to the FOIA request, despite having admitted that it has located the documents. The lawsuit outlines 15 types of requests that include criteria used to evaluate the members of the control board, which agencies intervened, the documents submitted by each candidate for the board, how the agency or other agencies established criteria and evaluated potential conflicts of interest, and any relevant information concerning the professional and personal background of each candidate that was used in their assessment, among others. “Having access to these documents takes on new relevance when the re-nomination of current candidates is before the consideration of Congress and when the expiration of their term approaches in August. In addition, a federal appeals court has said that the way in which the current members were appointed was unconstitutional, which makes our request and demand to understand how the vetting process for candidates was managed by Treasury more pertinent,” said Carla Minet, Executive Director of the Center for Investigative Journalism (CPI, for its initials in Spanish.)

The Treasury’s delay in producing the documents adds to the refusal by the Fiscal Control Board to the petition for some of the same materials about its members, such as the financial disclosure reports.