Luis Fortuño interviene por una empresa que propone suplir gas natural a la AEE

El panorama de los futuros proyectos energéticos para Puerto Rico se ha reconfigurado con dos propuestas para producir energía con gas natural.  

Por una parte, el exgobernador Luis Fortuño solicitó ser interventor en el proceso de permisos para la gasificación de la Central Aguirre, como representante de la empresa tejana SeaOne, que planifica importar y distribuir gas natural a clientes privados y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a partir de 2019. Además, la polémica propuesta del Gasoducto del Sur regresa. El punto de partida proyectado es Peñuelas, el municipio que lucha contra la disposición de cenizas de carbón en su suelo. La Comisión de Energía de Puerto Rico confirmó que la firma de inversiones Arctas Capital Group presentó ese proyecto como una alternativa en caso de que no sea viable la construcción de las instalaciones flotantes al sur de Salinas para recibir y llevar gas natural a la Central Aguirre, que propone la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Ante la Junta de Control Fiscal una petición para revelar privilegios fiscales a empresas como Monsanto

La Junta de Control Fiscal, entidad federal que negocia la bancarrota de la Isla, recibió una solicitud para que tome acción ante la necesidad de publicar  privilegios contributivos del Gobierno al sector privado, como el mantengo corporativo a Monsanto, en momentos de recortes a la Universidad de Puerto Rico, los municipios, los servicios de salud y las pensiones. Espacios Abiertos (EA), una organización que promueve la transparencia gubernamental, envió este jueves una carta y un informe a la Junta de Control Fiscal, pidiendo el registro público o presupuesto de gastos fiscales, con el detalle de todos los subsidios, incentivos, exenciones de impuestos, tasas contributivas preferenciales y otros beneficios que recibe el sector privado. La Ley “PROMESA”, aprobada por el Congreso de EE. UU. para que Puerto Rico reestructure su deuda, indica en la sección 208 (b) que los miembros de la Junta o sus empleados no podrán publicar los informes sobre subsidios, y que tendrán que cumplir con las leyes territoriales y federales en el manejo de información confidencial sobre los contribuyentes.