Pueblo en la montaña no se levanta a tres meses del huracán

Barranquitas todavía mece al temporal en su cuna como si fuera uno de sus próceres. Su altura de 2,200 pies en la Cordillera Central, provocó que allí se sintieran vientos de más de 160 millas por hora desde la noche del martes 19 de septiembre hasta la mañana del jueves 21. La ruta gastronómica del municipio de la montaña, conocido como la Cuna de los Próceres, se quedó sin sabor tras el golpe del huracán María. Restaurantes para el tradicional chinchorreo como El Granero (antes Vaca Brava), La Vecindad del Chavo, Los Aviones, El Andante, Kmilas Bakery y otros que aportaban al turismo y la economía del pueblo, cerraron sus puertas luego del paso del huracán y no han podido reabrir a más de 100 días del episodio. “Nos encantaría abrir nuevamente, pero fueron demasiadas las pérdidas y no contamos con el potencial económico para reabrir”, lamentó Ivy Berríos, quien junto a su esposo administraba el restaurante familiar El Granero, que se distinguía por su estructura temática de una granja, ubicado en la comunidad Maná del barrio Barrancas.

US Army Corps of Engineers Chose Only One Company to Collect Majority of Puerto Rico’s Hurricane Debris

It happens every time Angélica Ramos leaves her home and walks towards Highway 185 in the Carruzos neighborhood: the images of junk, furniture, mattresses, pieces of wood and other debris continuing to pile up on the side of the road. Not far from there, in the area of Los Chalaos —right next to the bus stop and in front of an abandoned cockfighting stadium— the debris piles up as the days pass. Adrián López, who has lived in Los Chalaos for 30 years, says it’s the garbage since Hurricane María hit Puerto Rico on September 20. The 58-year-old López, who works as a systems analyst, says that cockroaches, mice, flies, mosquitoes and other kinds of insects are spreading all over the place. In Carolina’s Santa Cruz neighborhood, for 45-year-old Carmen Sánchez, Hurricane María destroyed a large part of her home, where she lives on the second floor.

Recogido de escombros de la mayoría del país recae en una sola compañía escogida por el Cuerpo de Ingenieros

Cada vez que Angélica Ramos sale de su casa y unos cuantos metros más abajo llega a la carretera 185 en el Barrio Carruzos de Carolina ve cómo al costado de la vía se siguen acumulando los trastos, muebles, colchones, tablas y escombros. No muy lejos de ahí, en el sector Los Chalaos al lado de la parada de guaguas, frente a una gallera abandonada, también los escombros se amontonan según pasan los días. Adrián López, quien vive cerca de la estructura desde hace unos 30 años, asegura que se trata de basura acumulada tras el paso del huracán María. El hombre de 58 años y analista de sistemas dice que desde cucarachas y ratones, hasta moscas, mosquitos y todo tipo de insectos se están propagando desde allí. En el barrio Santa Cruz del mismo municipio, Carmen Sánchez, de 45 años, perdió gran parte de la casa en la que vivía en un segundo piso debido al azote de María.

Tarde y sin recursos: la Policía hace poco por los desaparecidos de María

El “plan de trabajo” para atender estos casos lo que implicó fue una instrucción verbal emitida a personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), y a los jefes de la División de Personas Desaparecidos y de las comandancias, por el coronel Francisco Rodríguez, comisionado auxiliar en Investigaciones Criminales. Ese “plan” indicaba que los agentes investigadores visitaran los hogares de las personas desaparecidas cada dos días a ver si habían aparecido y que buscaran con intensidad, según explicó el sargento José Carlo Rosario, jefe de la División de Personas Desaparecidas. Según varias entrevistas realizadas en la realidad los agentes solo llamaron o visitaron refugios y hospitales de su zona, y el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

The Urgency of Dignified Housing for People Seeking Shelter in Puerto Rico After Hurricane María Is Real

Alberto Ramos Rivera wants his house back, but his health prevents him from removing the pieces of wood, zinc, and other accumulating debris that have kept his home unlivable for more than two months. María Sánchez was offered an apartment in a public housing complex, but restrictions on her son’s probation don’t allow her to live there. Meanwhile, Pascual Ofray prefers the streets of Salinas, instead of living in the shelter he was sent to—which is far away from the town he knows and loves. These examples reflect the complexity of a process attempting to address housing needs as a result of Hurricane María’s destruction in Puerto Rico. For some of the nearly 900 people who still live in shelters established by the government almost three months after the hurricane, efforts to identify suitable housing alternatives —even temporary ones— have been slower than expected.

La falta de acceso a la información cuesta vidas

Resulta inaceptable que los ciudadanos tengan que acudir a los tribunales a reclamar información generada con fondos públicos. Pero más inaudito es que la agencia a cargo de mejorar la salud sea el principal obstáculo para la salud pública. Ya sea por irresponsabilidad o por ocultar la mala gestión gubernamental, la limitación de información disminuye las oportunidades de las personas de estar saludables.

Puerto Rico’s Hurricane Curfew Leads to One Death and Use of Taser Against PREPA Employee

Ana L. Nieto Mercado died on Friday, September 29, because she did not receive adequate dialysis treatments. Her son, Héctor L. Vargas Nieto, said her mother was able to attend two appointments immediately after Hurricane María and get medical care, although incompletely: she needed three rounds of three-hour sessions but managed only two rounds of two-hour sessions. In addition, her third appointment scheduled for the afternoon of Monday, September 25, never materialized because the health center had already closed its offices that day to allegedly comply with the curfew established in an Executive Order signed by governor Ricardo Rosselló. Ana’s case is one of the many deaths that does not appear on the government’ official María death count list, as reported in an investigation by the Center for Investigative Journalism (CPI). Although health centers were exempt from complying with the executive order, the Fresenius dialysis centers in Mayagüez closed.