Gobierno reclama confidencialidad sobre gastos del comité político de Rosselló Nevares

A pesar de advertencias de irregularidades hechas desde el interior del comité de campaña y de las deficiencias referidas tras una auditoría del Contralor Electoral sobre pagos hechos durante el Verano de 2019, el Departamento de Justicia despachó como un asunto administrativo los hallazgos y lleva más de dos años en otra investigación que no ha dado resultados ni incluye a funcionarios públicos.

¿Qué dijeron los incondicionales de Rosselló Nevares al FBI?

El 29 de julio de 2019, en medio de los eventos del Verano del 2019, en un café de Guaynabo, tres agentes del FBI entrevistaron a Raymond Cruz Hernández, entonces administrador del comité político de Ricardo Rosselló Nevares. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI), en alianza con la Unidad Investigativa de Las Noticias de TeleOnce y Metro Puerto Rico, tuvo acceso al informe que consigna lo que Cruz Hernández narró allí, según el FBI, y que no había sido revelado hasta ahora. 

Cruz Hernández relató que entre el 11 y el 14 de julio de 2019, cuando todavía trabajaba como ayudante especial en La Fortaleza, Rosselló Nevares discutió con él cuál sería la estrategia para atender la crisis que asomaba tras la publicación del chat de Telegram. Según Cruz Hernández, en ese momento también estuvo el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, y Carlos Mercader, quien había sido director de la Oficina de Asuntos Federales (PRFAA en inglés) hasta abril del 2019. Según Cruz Hernández, Mercader sugirió contratar a una compañía estadounidense para manejar mediáticamente la crisis del chat de Telegram. La compañía, cuyo nombre en ese momento Cruz Hernández dijo desconocer, cobraría $300,000 por este trabajo.

What Did Rosselló’s Unconditional Supporters Say to the FBI?

On July 29, 2019, during the events of the Summer of ‘19, in a cafe in Guaynabo, three FBI agents interviewed Raymond Cruz Hernández, at the time administrator of Ricardo Rosselló Nevares’s political committee. The Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish), in alliance with Las Noticias de TeleOnce’s Investigative Unit and Metro Puerto Rico, had access to the report that states what Cruz Hernández said then, according to the FBI, and that had not been revealed until now. Cruz Hernández said that between July 11 and 14, 2019, when he was still working as a special aide in the government house, La Fortaleza, Rosselló Nevares discussed with him the strategy to address the crisis that was emerging after the publication of the Telegram chat. Cruz Hernández said that back then, Chief of Staff Ricardo Llerandi, Secretary of Public Affairs, Anthony Maceira, and Carlos Mercader, who had been director of the Puerto Rico Federal Affairs Administration (PRFAA) until April 2019, were also present. According to Cruz Hernández, Mercader suggested hiring a stateside firm to handle the Telegram chat crisis through the media.

Maceira y Sixto George: enemigos en el tribunal que actúan como amigos en la mesa

Entre la música de fondo, el ruido de los comensales y el tintineo que producían al chocar sus dos vasos de whisky Macallan a las rocas, el productor Sixto Jorge Díaz Colón, a quien se le conoce en los medios como Sixto George, narra en el restaurante Musa, en Santurce, al entonces secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony Maceira, la estrategia mediática que propone. Repite el playbook que, alega, ya había usado antes para favorecer a la administración de Luis Fortuño. Maceira graba la conversación sin advertirle a Díaz Colón. La grabación, hecha por iniciativa propia, según Maceira, fue utilizada parcialmente en el juicio contra el productor. La defensa de Sixto George hizo pública la transcripción de esta reunión en una moción al tribunal en la que el productor pide que se le permita divulgar evidencia y se opone a la petición de la Fiscalía de que la prueba del caso sea destruída.

Puerto Rico Was Promised Billions for Safe Water. Taps Are Still Running Dry.

An analysis by CPI and The Post found that despite ample federal funding, less than 1 percent of the FEMA and U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) money slated for the island’s public water utility corporation since 2018 has been set aside to buy generators for water pumps. Local officials instead relied on a patchwork supply of emergency units but failed to get many in place ahead of the storm and supply them with enough diesel.