Estudió economía en Pennsylvania State University. Comenzó su experiencia periodística en el semanario Caribbean Business donde laboró por siete años. Allí fungió como corrector y editor mientras cursaba sus estudios en derecho en la Universidad de Puerto Rico. Tras obtener su juris doctor en el 2014, comenzó a cubrir temas relacionados al manejo fiscal del gobierno de Puerto Rico, incluyendo la crisis de la deuda pública de la Isla. Por su cobertura del tema ganó en el 2016 el premio “Laura Rivera al Periodista Joven del Año” que otorga la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. En el 2018 comenzó a trabajar para el CPI, donde continúa su cobertura especializada de la deuda de Puerto Rico, la ley federal PROMESA, la junta de control fiscal y el proceso de quiebra que enfrenta la Isla.
Tras Fiona, el 75% de las 917 estaciones de bombas de agua y 227 pozos que maneja la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados carecían de un generador como sistema de respaldo, según datos entregados al Centro de Periodismo Investigativo y The Washington Post. Un análisis de ambos medios encontró que, a pesar de la disponibilidad de miles de millones en fondos de FEMA y del Departamento de Vivienda Federal desde el 2018, se ha designado menos del 1% para la compra de generadores de emergencia en la AAA.
The Office of the Commissioner of Financial Institutions (OCIF, in Spanish) lost last September its accreditation with the Conference of State Bank Supervisors (CSBS), an entity that monitors the procedures and operations of state agencies that regulate financial institutions in the United States, the CSBS confirmed to the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish). According to the OCIF, the Washington, D.C.-based organization identified deficiencies in its bank regulatory and examination program that led to the loss of accreditation. “As OCIF’s participation in CSBS’s bank accreditation program is entirely voluntary, the action has no effect on OCIF’s ability or authority to continue to perform its bank supervisory and regulatory functions, as established by law,” the main regulator of Puerto Rico’s banking industry said in a written statement. When asked by the CPI, the CSBS refused to give the reasons why the OCIF lost the accreditation it had had since 1994. The loss of accreditation comes amid the pending trial in federal court against former Gov. Wanda Vázquez Garced, who is accused of having dismissed former OCIF Commissioner George Joyner in 2020 to appoint Víctor Rodríguez Bonilla, who had allegedly been chosen for that position by the president of one of the banks regulated by the OCIF.
La desacreditación ocurre en momentos en que en el Tribunal Federal está pendiente el juicio contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, a quien se le imputa haber destituido en el 2020 al excomisionado de la OCIF George Joyner para nombrar a Víctor Rodríguez Bonilla, quien presuntamente había sido escogido para ese puesto por el presidente de uno de los bancos que regulaba la OCIF. A cambio de esa alegada interferencia en el nombramiento del funcionario, Vázquez Garced recibiría un beneficio económico para su campaña política, según la acusación.
The Fiscal Control Board turned to the United States Supreme Court this Wednesday seeking the reversal of a recent decision by the U.S. Court of Appeals for the First Circuit that orders the delivery of the information.
En un nuevo intento por evitar la divulgación de documentos al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), la Junta de Control Fiscal acudió este miércoles al Tribunal Supremo de Estados Unidos buscando que se revoque una decisión reciente del Primer Circuito del Tribunal de Apelaciones que le ordena la entrega de información. “La decisión, que sostiene que la Junta no tiene inmunidad frente a una reclamación bajo el derecho territorial, para divulgar una amplia gama de documentos internos y sensitivos, creará graves dificultades a la Junta para llevar a cabo su misión estatutaria”, lee el recurso legal presentado por Proskauer Rose, el bufete principal de la Junta.
La entidad creada bajo la ley federal PROMESA dice que la divulgación de las comunicaciones entre funcionarios del Gobierno de Puerto Rico y la Junta, entre otros documentos, “interferirá con la recuperación de Puerto Rico” y evitará la toma de “decisiones sensitivas”, por miedo a poner por escrito sus discusiones y que estas sean publicadas.
Como principal defensa, los abogados de la Junta intentan argumentar — sin éxito hasta el momento — que la entidad goza de “inmunidad soberana” bajo la Constitución de EE.UU., por lo que está exenta e inmune a reclamaciones bajo leyes estatales. Esto incluye reclamos en su contra bajo el derecho de acceso a información pública reconocido en la Constitución de Puerto Rico, como la demanda que el CPI presentó contra la Junta en junio del 2017.
Durante los pasados cinco años, el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico y el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito rechazaron los argumentos de la Junta y decidieron en su contra en este caso.
“El CPI ha solicitado los documentos cruciales para entender el proceso de formación de la Junta, fiscalizar las decisiones que ha tomado y tener detalles de su relación con el Gobierno, que hasta ahora han estado fuera del ojo público. El que hayan acudido al Tribunal Supremo de Estados Unidos es prueba contundente de que hay información ahí que el pueblo de Puerto Rico necesita y tiene derecho a conocer”, dijo Judith Berkan, abogada del CPI. En el 2018, el juez federal Jay García Gregory ordenó la entrega de los documentos solicitados, al decidir que la Junta — una entidad creada dentro del “gobierno territorial” y que se financia con dinero público del Gobierno de Puerto Rico — está sujeta al derecho constitucional de acceso a información pública.
El PRNow Summit 2022, un evento que promociona a Puerto Rico como lugar para invertir y hacer negocios entre inversionistas, tuvo un costo de más de $150,000, estimó el Gobierno.
Four judges have ordered the handing over to the Center for Investigative Journalism of the annual reports submitted by the beneficiaries of Act 22, which is now part of the Incentives Code.
