Pesquera and Llovet in Charge of Death Toll Recount

Three months after the passage of hurricane María and after nine stories published by the Center for Investigative Journalism (CPI), Gov. Ricardo Rosselló finally accepted that the process of accounting for the deaths caused by the disaster in Puerto Rico must be re-done and investigated “meticulously.”

The people in charge of this investigation will be the same ones who carried out the first defective accounting process: the Secretary of Public Safety, Héctor Pesquera, and the director of the Puerto Rico Demographic Registry, Wanda Llovet, according to Rosselló’s Press Secretary, Yeniffer Álvarez-Jaimes. Pesquera has defended the process and insisted that investigating the excess of deaths on the island after Maria’s landfall is not necessary. Llovet has spoken little publicly, and has not amended the accounting process that maintains the official death toll at 64, even though her preliminary numbers confirm that from Sept. 20 to Oct. 30 there were at least 985 deaths in excess on the island when compared with 2016.

Nearly 1,000 More People Died in Puerto Rico After Hurricane María

The majority of these deaths were men and women over 50 years old who died in hospitals and nursing homes from conditions such as diabetes, Alzheimer’s, kidney disease, hypertension, pneumonia and other respiratory diseases. When compared to the same time period from 2016, there was a significant increase in deaths, especially in hospitals and nursing homes.

Se disparan en casi mil las muertes tras María

Los datos confirman los hallazgos de una investigación del CPI publicada el 28 de septiembre que revelaba que en ese momento había docenas y posiblemente cientos de muertes vinculadas al huracán, contrario a la cifra oficial de muertes del gobierno que se mantuvo en 16 víctimas durante las primeras dos semanas de la emergencia.

Reacciona el gobernador a investigación sobre el conteo de las muertes relacionadas al huracán María

El gobernador Ricardo Rosselló se mostró satisfecho con la forma en que se ha manejado el proceso de contabilizar las víctimas fatales del huracán María bajo el liderato del secretario de Seguridad, Héctor Pesquera, pese a las fallas evidenciadas en varias investigaciones del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Para Rosselló no hay nada mal con el proceso que mantiene la cifra oficial de muertes ligadas a la emergencia en 55 personas, aunque un proceso de entrevistas y revisión de documentos realizado por el CPI en tres semanas arroja 47 muertes adicionales a las de la lista oficial, tras visitar solo siete municipios. La investigación publicada el miércoles sostiene que el gobierno no ha utilizado los protocolos científicos que se utilizan a nivel mundial, y que se usaban en Puerto Rico previo a este evento, para evaluar las muertes en situaciones de desastre. El fallecimiento del padre del ex alcalde de Lajas, Leovigildo Cotté, en un refugio tras quedarse sin oxígeno por la falta de electricidad fue la primera muerte vinculada al huracán revelada por el CPI el 26 de septiembre. A casi dos meses de María, esta muerte no ha sido agregada a la lista oficial de muertes.

Caos en los hospitales “operacionales”

La crisis en los hospitales de Puerto Rico como consecuencia del paso del huracán María y el impacto directo en la salud de los pacientes es, a más de dos semanas de la catástrofe, un asunto de todos los días. La falta de información, la desinformación y los datos contradictorios en torno al estado real de estas instituciones por parte del gobierno han sido una constante. El martes de la semana pasada, por ejemplo, el gobernador Ricardo Rosselló anunció como un logro que 63 de los 69 hospitales del país ya estaban “operacionales”. Nunca explicó en detalle cómo el gobierno saltó de tener 56 hospitales cerrados la semana anterior, según informó en aquel momento el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, a haberlos reabierto prácticamente todos. La gran pregunta es qué significa “operacionales”
Ese mismo día el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) visitó los hospitales Pavía y Susoni de Arecibo, y Buen Samaritano en Aguadilla y comprobó que ninguno de los tres estaba en condiciones de admitir pacientes críticos pese que estaban en esa lista de hospitales abiertos suministrada por el gobierno.