Caos en los hospitales “operacionales”

La crisis en los hospitales de Puerto Rico como consecuencia del paso del huracán María y el impacto directo en la salud de los pacientes es, a más de dos semanas de la catástrofe, un asunto de todos los días. La falta de información, la desinformación y los datos contradictorios en torno al estado real de estas instituciones por parte del gobierno han sido una constante. El martes de la semana pasada, por ejemplo, el gobernador Ricardo Rosselló anunció como un logro que 63 de los 69 hospitales del país ya estaban “operacionales”. Nunca explicó en detalle cómo el gobierno saltó de tener 56 hospitales cerrados la semana anterior, según informó en aquel momento el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, a haberlos reabierto prácticamente todos. La gran pregunta es qué significa “operacionales”
Ese mismo día el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) visitó los hospitales Pavía y Susoni de Arecibo, y Buen Samaritano en Aguadilla y comprobó que ninguno de los tres estaba en condiciones de admitir pacientes críticos pese que estaban en esa lista de hospitales abiertos suministrada por el gobierno.

María’s Dead in Puerto Rico are Underreported

Leovigildo Cotté died in the midst of desperation over not getting the oxygen needed to keep him alive in the only shelter that exists in the town of Lajas, which has been without electricity since the passing of Hurricane María a week ago. Not even his connections with the government saved him. “The generator never arrived,” said sadly the current Mayor of Lajas, Marcos Turín Irizarry, who said he looked for oxygen for Cotté, father of the former mayor of that same town, “turning every stone,” but could not find it. Cotté is one of the unaccounted victims of the Category 5 hurricane that devastated all of Puerto Rico last week, with its sustained winds and gusts of up to 200 miles per hour. On Wednesday, the Government of Puerto Rico, still held that the official number of deaths as a result of the catastrophe was 16, but the Center for Investigative Journalism (CPI, for its initials in Spanish) has confirmed that there are dozens and could be hundreds in the final count.

Cuando las investigaciones tienen consecuencias

El periodismo de investigación conlleva muchos sacrificios, pero tiene muchas satisfacciones. Sabes que estás trabajando en historias que importan y que tienen el potencial de cambiar las cosas. Con la verdad y la adjudicación de responsabilidades por los abusos contra el pueblo como norte, te dedicas a buscar aquello que los poderosos tratan de ocultar para robar y hacer daño a los más vulnerables. Sin embargo, la frustración recae en que frecuentemente las investigaciones periodísticas no tienen consecuencias de parte de las autoridades. El pasado viernes en la noche fue la excepción.

Ricardo Rosselló: “Nosotros gastamos entre $300 y $400 millones en externalizar contratos de tecnología”

VEREDICTO: FALSO

El candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Ricardo Rosselló, afirmó el pasado 22 de agosto en entrevista con El Nuevo Día que el gobierno de Puerto Rico gasta de $300 millones a $400 millones en contratos externos de tecnología que serían mejor invertidos en su propuesta de crear la nueva dependencia gubernamental, la Puerto Rico Technology Innovation, que “recopilará y conectará” a todas las agencias públicas. La iniciativa sería costeada con el ahorro que el gobierno generaría al eliminar dichos contratos. El gasto en contratos externos fue tomado por Rosselló y su equipo de la fuente oficial sobre el tema de los contratos, el registro de contratos públicos de la Oficina de Asuntos del Contralor de Puerto Rico, según informó el director de campaña del candidato Elías Sánchez. En efecto, las tablas que usaron como base para el cómputo, provistas por Sánchez, surgen directamente de la fuente primaria, la Oficina del Contralor, según fue confirmado, y suman $326 millones en contratos para el año fiscal 2015-2016. Pero de las propias tablas se desprende que utilizaron para el cómputo algunas categorías de contratos que no son propiamente de tecnología, como servicios de clasificación y almacenaje de documentos, servicios de facturación médica para los hospitales y clínicas del gobierno, servicios de procesamiento de pagos, y fotocopiadoras.