Control Board wants license to be unaccountable

As it publicly sets off a strategy to strengthen its control over the management of the Government of Puerto Rico, the Fiscal Control Board is asking a federal judge to exempt it from having to render accounts to the people of Puerto Rico with extremely dangerous arguments for transparency. The fight for the Board to be an entity to which the minimum parameters of accountability apply is being waged by the legal team of the Center for Investigative Journalism (CPI) and the Legal Clinic of the Interamerican University Law School — attorneys Judith Berkan, Steven Lausell, Luis José Torres and Annette Martínez — both in one case before the San Juan Superior Court and in another before federal Judge Jay A. García-Gregory. In addition, the prestigious Reporter’s Committee for Freedom of the Press (RCFP) entered as a friend of the court in the federal case that is the one we will outline in this op-ed. The controversy, fundamentally, is as follows: What legal standard of transparency and accountability will be applied to the Board? The positions expressed from the CPI’s point of view stress that the constitutional rank right to access to information that can be applied to any other Puerto Rico government agency applies to the Board because the PROMESA Law created the Board as an entity of the “territorial government,” not the federal government.

Junta de Control Fiscal quiere licencia para no rendir cuentas

A la vez que públicamente pone en marcha una estrategia para afianzar su control sobre la gerencia del Gobierno de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal (JCF) está pidiendo a un juez federal que le exima de tener que rendir cuentas al pueblo de Puerto Rico con argumentos extremadamente peligrosos para la transparencia. La lucha porque la Junta sea un ente al que le apliquen los mínimos parámetros de rendición de cuentas la está librando el equipo legal del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana -licenciados Judith Berkan, Steven Lausell, Luis José Torres y Annette Martínez- tanto en un caso ante el Tribunal de Primera Instancia como en otro ante el juez federal Jay A. García Gregory. Además, el prestigioso Reporter’s Committee for Freedom of the Press (RCFP) entró como amigo de la corte en el caso federal que es el que expondremos en este escrito. La controversia, en términos fundamentales, es la siguiente: ¿cuál estándar legal de transparencia y rendición de cuentas se le va a aplicar a la Junta? Las posturas expresadas desde la óptica del CPI resaltan que a la JCF le aplica el derecho de acceso a la información de rango constitucional que se puede aplicar a cualquier otra dependencia del gobierno de Puerto Rico porque la Ley PROMESA crea a la Junta como un ente del “gobierno territorial”, no del gobierno federal.

Ricardo Rosselló: “Ahora solo ofrecemos el 0.2% de todos los servicios federales; cuando deberíamos participar de al menos un 1.1%. Si el gobierno federal establece que subamos al 0.5%; esto puede significar sobre 25,000 empleos adicionales”

Veredicto: Insostenible

Las posibilidades de empleo para la clase trabajadora actual y para los estudiantes que proyectan entrar en ella ha sido históricamente una de las áreas de mayor interés para los puertorriqueños y una de las motivaciones para la emigración. El candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Ricardo Rosselló, incluyó en un comunicado de prensa sobre su propuesta “para reactivar la economía y crear empleos” la siguiente afirmación:

“Ahora solo ofrecemos el 0.2% de todos los servicios federales; cuando deberíamos participar de al menos un 1.1%. Si el gobierno federal establece que subamos al 0.5%; esto puede significar sobre 25,000 empleos adicionales”. Elías Sánchez, director de campaña de Rosselló, aclaró a Chequéalo Puerto Rico que para llegar a esta cifra, su grupo tomó el monto total del presupuesto del gobierno de los Estados Unidos asignado a contratación gubernamental en un año ($450,000 millones) y lo dividió entre la cantidad que se le asigna a Puerto Rico, para llegar a una proporción actual de “0.1%-0.2%”. “Cuando se hace un análisis a base de cantidad de dinero que se debe asignar por población, Puerto Rico debería participar en un 1.1% (por su población).