Periodista investigativo con 20 años de experiencia y abogado. Ha trabajado en radio, Internet, televisión y formó parte de los equipos fundadores de El Nuevo Día Interactivo, el diario Primera Hora, la emisora Red 96, y el diario digital NotiCel. Sus trabajos, particularmente corrupción pública y tribunales, le han merecido el reconocimiento de las organizaciones periodísticas puertorriqueñas. Al presente, se desempeña como director de Contenido de NotiCel y como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Fue presidente de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico.
La Junta paralizó la entrega de documentos en un intento por desentenderse de la orden del juez federal, por lo que el CPI hizo una segunda reclamación de documentos que cubría del 1 de mayo de 2018 en adelante.
The fight for access to information in Puerto Rico says farewell to 2018 with important court victories, but we welcome 2019 with a red flag about how the execution of public affairs that affect us today, and will affect us for decades to come, is taking place under a shroud of darkness worse than the one we had before Hurricane María struck. The intention of being transparent about public affairs was one of the things that the hurricane blew away and which has not been recovered. That said, we anticipate the need — as it happened in 2018 — for more individuals and organizations to turn to the courts to exercise their constitutional right to access to information. One example that the government is counting on secrecy on public affairs now that decisions are being made regarding the hundreds of millions of dollars in recovery funds, the debt adjustment plans and the privatization of assets such as the power system, is contained in two legislative bills moving forward on the issue of transparency: Senate Bill 236 (about open data) and House Bill 1095 (about transparency.)
In both cases, the Transparency Network, a work group that comprises, among others, the Center for Investigative Journalism (CPI, by its initials in Spanish,) Open Spaces, Sin Comillas and GFR Media, presented amendments so the measures would not represent a step back or even a violation of current constitutional rights to access. However, after the suggestions were accepted and presented by House Speaker Carlos “Johnny” Méndez, all it took was one call from La Fortaleza to tear the amendments apart and return the bill to its dangerous original state.
La intención de ser transparente sobre los asuntos públicos fue una de las cosas que el huracán se llevó y no se ha recuperado. Por eso, anticipamos la necesidad de que, como sucedió en 2018, cada vez más individuos y organizaciones tendrán que recurrir a ejercer en los tribunales su derecho constitucional al acceso a la información.
COMMENTARY | A new judicial decision orders to establish deadlines for the production of the documents requested by Investigative Journalism Center.
Las veces que la Junta de Control Fiscal (JCF) ha intentado que los tribunales apoyen su visión de que la ley PROMESA que la creó le dotó de poderes expansivos, ha chocado con paredes judiciales. El más reciente freno puesto por un tribunal es bien significativo porque salió ganando el derecho que tienen los ciudadanos bajo la Constitución de Puerto Rico de fiscalizar a su gobierno y exigir la rendición de cuentas, incluyendo a la JCF. La victoria judicial se registró en un caso del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) contra la Junta que estaba pendiente ante el juez federal Jay A. García Gregory, quien a fines de la semana pasada emitió una orden a favor del CPI para que la Junta entregue una serie de documentos. Durante casi un año, en el que ya la Junta había sido derrotada en su pretensión de que la solicitud fuera considerada dentro del caso de quiebras del Gobierno de Puerto Rico, el CPI ha estado luchando judicialmente para obtener acceso a nueve distintos informes que se supone sean sometidos con regularidad semanal, mensual o trimestral por el gobierno a la Junta. Además, se solicitan documentos, informes, cartas, correos electrónicos y cualquier otra información o material intercambiado entre el Gobierno y sus agencias, y la Junta y también entre el gobierno federal y la Junta.
As it publicly sets off a strategy to strengthen its control over the management of the Government of Puerto Rico, the Fiscal Control Board is asking a federal judge to exempt it from having to render accounts to the people of Puerto Rico with extremely dangerous arguments for transparency. The fight for the Board to be an entity to which the minimum parameters of accountability apply is being waged by the legal team of the Center for Investigative Journalism (CPI) and the Legal Clinic of the Interamerican University Law School — attorneys Judith Berkan, Steven Lausell, Luis José Torres and Annette Martínez — both in one case before the San Juan Superior Court and in another before federal Judge Jay A. García-Gregory. In addition, the prestigious Reporter’s Committee for Freedom of the Press (RCFP) entered as a friend of the court in the federal case that is the one we will outline in this op-ed. The controversy, fundamentally, is as follows: What legal standard of transparency and accountability will be applied to the Board? The positions expressed from the CPI’s point of view stress that the constitutional rank right to access to information that can be applied to any other Puerto Rico government agency applies to the Board because the PROMESA Law created the Board as an entity of the “territorial government,” not the federal government.
A la vez que públicamente pone en marcha una estrategia para afianzar su control sobre la gerencia del Gobierno de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal (JCF) está pidiendo a un juez federal que le exima de tener que rendir cuentas al pueblo de Puerto Rico con argumentos extremadamente peligrosos para la transparencia. La lucha porque la Junta sea un ente al que le apliquen los mínimos parámetros de rendición de cuentas la está librando el equipo legal del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana -licenciados Judith Berkan, Steven Lausell, Luis José Torres y Annette Martínez- tanto en un caso ante el Tribunal de Primera Instancia como en otro ante el juez federal Jay A. García Gregory. Además, el prestigioso Reporter’s Committee for Freedom of the Press (RCFP) entró como amigo de la corte en el caso federal que es el que expondremos en este escrito. La controversia, en términos fundamentales, es la siguiente: ¿cuál estándar legal de transparencia y rendición de cuentas se le va a aplicar a la Junta? Las posturas expresadas desde la óptica del CPI resaltan que a la JCF le aplica el derecho de acceso a la información de rango constitucional que se puede aplicar a cualquier otra dependencia del gobierno de Puerto Rico porque la Ley PROMESA crea a la Junta como un ente del “gobierno territorial”, no del gobierno federal.
Veredicto: Insostenible
Las posibilidades de empleo para la clase trabajadora actual y para los estudiantes que proyectan entrar en ella ha sido históricamente una de las áreas de mayor interés para los puertorriqueños y una de las motivaciones para la emigración. El candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Ricardo Rosselló, incluyó en un comunicado de prensa sobre su propuesta “para reactivar la economía y crear empleos” la siguiente afirmación:
“Ahora solo ofrecemos el 0.2% de todos los servicios federales; cuando deberíamos participar de al menos un 1.1%. Si el gobierno federal establece que subamos al 0.5%; esto puede significar sobre 25,000 empleos adicionales”. Elías Sánchez, director de campaña de Rosselló, aclaró a Chequéalo Puerto Rico que para llegar a esta cifra, su grupo tomó el monto total del presupuesto del gobierno de los Estados Unidos asignado a contratación gubernamental en un año ($450,000 millones) y lo dividió entre la cantidad que se le asigna a Puerto Rico, para llegar a una proporción actual de “0.1%-0.2%”. “Cuando se hace un análisis a base de cantidad de dinero que se debe asignar por población, Puerto Rico debería participar en un 1.1% (por su población).
