Presidencia de la UPR ha tardado un mes en tomar acción sobre violaciones reflejadas en auditoría sobre UPR Humacao

Dos meses y medio después de que la Oficina de Auditoría Interna (OAI) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) confirmara la violación de reglamentos y procesos en el campus de Humacao luego del paso del huracán María en 2017, el rector interino objeto de la pesquisa, Héctor Ríos Maury, aún continúa en la silla de la rectoría. Aunque el informe del ente adscrito a la Junta de Gobierno de la UPR tiene fecha del 21 de junio 2019, el presidente de la institución, Jorge Haddock Acevedo, justificó la inacción al sostener que su oficina recibió el documento el 9 de agosto. El análisis de la OAI — al que tuvo acceso el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) — encontró la violación de reglamentos, certificaciones y leyes aplicables a la UPR en los procesos de compras, contrataciones y supervisión de los trabajos de los contratistas desde noviembre de 2017 hasta julio de 2018. 

La auditoría interna en Humacao se dio luego de una investigación publicada por el periódico Diálogo en junio de 2018 que reveló irregularidades en la otorgación de contratos, nombramientos a donantes políticos, uso ilegal del vehículo oficial de rectoría y posibles violaciones al artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental. El informe de la OAI incluye señalamientos sobre la ausencia de más de un licitador antes de otorgar contratos y pagos a contratistas antes de firmar los acuerdos, entre otras acciones contrarias a las leyes y reglamentos de la universidad. 

Una semana después de publicar la investigación periodística, se despidió a todo el personal de Diálogo y el entonces presidente interino de la UPR, Darrel Hillman Barrera, anunció una presunta reestructuración del medio que, luego de un año, no se ha concretado. 

En un comunicado de prensa, Ríos Maury negó haber cometido faltas en los procesos aunque no proveyó pruebas que refuten la investigación del medio universitario. Se limitó a amenazar con demandar al periodista que publicó la información, Emmanuel Estrada López.

Impossible to keep track of all recovery contracts granted by the Government of Puerto Rico

Although the government published the subcontracts of the COR3 after the Centro de Periodismo Investigativo inquiries, the amendments to the contracts and the agreements made with recovery funds through the other agencies still cannot be identified. Among the top 20 companies known so far, there are two companies hired by Trump for the construction of the southern wall.

Imposible seguirle la pista a todos los contratos de recuperación otorgados por el Gobierno de Puerto Rico

Aunque el Gobierno publicó las subcontrataciones del COR3 luego de los señalamientos del CPI, las enmiendas a los contratos y los acuerdos que se dan con fondos de recuperación desde las otras agencias siguen sin poderse identificar. Entre las principales 20 compañías conocidas hasta ahora, están dos empresas contratadas por Trump para el muro.

Los poderes detrás de las empresas contratadas para la recuperación de Puerto Rico

Hay 18 con sede en Estados Unidos y dos en Puerto Rico que configuran la lista de las 20 empresas que más dinero han obtenido en contratos federales. Las agencias federales que encabezan como contratistas son el Departamento del Ejército de los Estados Unidos, a través del Cuerpo de Ingenieros y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

Cuestionan la inclusión de religiosos fundamentalistas en las noticias sobre comunidad LGBTTIQ

La integración de diversas voces en el desarrollo de una noticia que trata sobre la ampliación de derechos a grupos puede ser visto como un principio básico en el ejercicio del periodismo. Sin embargo, ¿cuán necesaria es la inclusión de opiniones de sectores que se oponen a que poblaciones históricamente discriminadas sean reivindicadas con el reconocimiento de derechos por los cuales han luchado por décadas? ¿Cuánto aportan esas voces de opositores a la calidad de la nota de prensa o el reportaje? A juicio de algunos periodistas y activistas, no existe justificación en incluir voces de religiosos fundamentalistas en la cobertura mediática sobre la ampliación de las protecciones civiles hacia personas de la comunidad LGBTTIQ. “En el asunto de derechos civiles y derechos humanos, y la decisión que hubo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos diciendo que es inconstitucional que dos personas del mismo sexo no se puedan casar, los religiosos no tienen nada que opinar.