$112 millones en la cartera azul del empresario Edwin Miranda

Fundada en 1994, el nombre de KOI tomó prominencia bajo la administración de Luis Fortuño durante la cual Edwin Miranda obtuvo $59.6 millones en contratos de publicidad. En los dos años gobernación de Ricardo Rosselló, el empresario ha facturado $52.2 millones. Además, en octubre de 2017 obtuvo un contrato de $45,973 con FEMA para manejo publicitario luego del huracán María.

Puerto Rico con amplio “menú” para las Zonas de Oportunidad

Para Manuel López Zambrana, Puerto Rico es como un restaurante que debe tener un menú que agrade a los inversionistas de Estados Unidos. Es abogado del bufete DLA Piper y como asesor del Gobierno trabajó en la legislación local de las Zonas de Oportunidad, un programa federal que ofrece una reducción de 37.5 por ciento a 20 por ciento en la tasa contributiva federal a fondos que inviertan en “comunidades de bajos ingresos”. “Lo más importante es que Puerto Rico como área de Opportunity Zone, está compitiendo con los demás estados… Tenemos que estar bien conscientes de que si queremos traer ese capital para acá, ellos van a estar mirando un menú de opciones, que tienen un filet mignon bien hecho, una langosta, y nosotros tenemos que venir con algo que sea mejor”, dijo López Zambrana durante un foro en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. La firma DLA Piper es asesora contributiva y cabildea en el Congreso a nombre del Gobierno de Puerto Rico, explicó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) Raúl Maldonado, Principal Oficial Financiero.

El Negociado de Energía declara ilegales los contratos de alquiler de paneles solares residenciales de la empresa Sunnova

Tenían razón los 436 consumidores que se habían querellado ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) en contra de Sunnova Energy Corporation, una empresa de alquiler de paneles solares residenciales. El NEPR reconoció en un informe el entramado de problemas que enfrentan los querellantes: los equipos no rindieron el servicio ni los ahorros prometidos a los consumidores. Estos habían puesto su firma en una tablet para supuestamente hacer una verificación de crédito, pero la empresa usaba la firma para estamparla en un contrato que no les había enseñado. Los clientes se enteraban luego de que, para impugnar las facturas o buscar cualquier remedio, tenían que ir a un proceso de arbitraje (fuera de los tribunales y del NEPR), y pagar gastos de abogados. Así, terminaban amarrados por 25 años a un acuerdo de compra de energía que no habían visto antes de firmarlo y del que no había escapatoria.