Rafael Rodríguez Mercado: el secretario ausente

A semanas del paso de María el Secretario de Salud desapareció de las conferencias de prensas, no estuvo disponible para entrevistas y no volvió a tocar el tema de las muertes causadas por el huracán y mal estado de los hospitales. Sin embargo, una investigación del CPI reveló que Rodríguez Mercado sí está muy activo en su sala de operaciones y en las redes sociales.

El cinturón de seguridad de la Junta de Control Fiscal

En total la Junta ha gastado $75,454 en seguridad privada o federal para sus encuentros públicos desde que comenzó funciones, aunque la Policía de Puerto Rico no ha ofrecido la información sobre los costos del operativo policial local para cada reunión de la entidad. Entre julio de 2017 y abril de 2018, los agentes de la Policía de Puerto Rico asignados a la protección personal de Carrión reclamaron 4,540 horas, por las que se desembolsaron $125,397.

Más de mil puertorriqueños huyeron del caótico sistema de salud tras el huracán María

El gobierno de Puerto Rico coordinó el recibimiento y atención médica de cientos de pacientes de las islas vecinas tras el huracán Irma. A su vez, no colaboró con el traslado ni tiene un registro de los boricuas con enfermedades crónicas que quedaron desprovistos de servicios y tuvieron que irse de la Isla durante los meses que siguieron al huracán María. Tampoco solicitó al Departamento de Salud federal el traslado de pacientes a hospitales en Estados Unidos, a pesar de que existe un sistema llamado National Disaster Medical System (NDMS), que cuenta con un acuerdo con mil hospitales para recibir pacientes de zonas de desastre en los 50 estados y territorios. Mientras tanto, el sistema de salud en Puerto Rico seguía en precariedad, muriendo cerca 3,000 personas en los primeros cinco meses de la emergencia, la mayoría de ellos por problemas con servicios médicos y de salud. En cambio, el gobierno de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, impactadas tanto por Irma como María, sí solicitó ayuda del gobierno federal para el traslado de pacientes, sobre todo los de diálisis, según información ofrecida por la agencia federal.

Senadores republicanos promovieron “en voz baja” la privatización de la AEE

Los senadores republicanos Jeff Flake, de Arizona, y Mike Lee, de Utah, querían mantener en secreto su interés de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), una corporación pública del Gobierno de Puerto Rico. Casi un mes después de que el huracán María destruyera el sistema energético del país, un representante de Flake comenzó a enviar correos electrónicos a Andrew Biggs, un conservador experto en planes de retiro e integrante de la Junta de Control Fiscal (JCF), la entidad nombrada por el Gobierno federal para asegurarse de que Puerto Rico pague su deuda pública. “Las oficinas de Flake y Lee han estado impulsando en voz baja la idea de legislación para la privatización de la AEE por la cual los miembros de la JCF han abogado”, escribió Chuck Podolak, entonces asesor del senador Flake, al buzón de Biggs. “Somos novatos en el juego de la AEE y queremos saber si nos pueden dar unos minutos al teléfono para tener trasfondo acerca de qué se ha pensado para hacer esto [la privatización]”, continuaba Podolak. Estas comunicaciones con miembros de la JCF no sólo revelan la intención de ambos senadores de mover los hilos de la privatización de forma encubierta desde el teatro de poder federal, sino que demuestran la profundidad de la subordinación política del territorio puertorriqueño ante EE UU.

Los documentos que la Junta quiere ocultar

La Junta de Control Fiscal de Puerto Rico rehusó entregar un sinnúmero de comunicaciones entre la entidad y oficiales del Congreso de Estados Unidos, la Casa Blanca, el Tesoro y otras agencias del Gobierno federal, alegando que son documentos confidenciales, como parte de un pleito de acceso a la información que lleva el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) hace un año y medio. En una carta de dos páginas, con fecha del 21 de noviembre y dirigida a la representación legal del CPI, los abogados de la Junta argumentan que la divulgación de ciertos correos y documentos anejos afectaría la economía de la isla, los mercados de capital, investigaciones criminales en curso y “la habilidad de la Junta de ejercer sus poderes estatutarios”. La entidad impuesta mediante la ley PROMESA por el Gobierno de Estados Unidos solamente menciona a grandes rasgos sus justificaciones y provee descripciones generales sobre los documentos retenidos, cuya cantidad es desconocida. Tampoco nombra las personas que forman parte de las comunicaciones que permanecen fuera del dominio público. La demanda que el CPI lleva en contra de la entidad va dirigida a obtener acceso a las comunicaciones entre el ente rector, el Gobierno federal y el Gobierno de Puerto Rico.