Periodistas del CPI toman medidas preventivas ante el coronavirus

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tomó hoy medidas preventivas para proteger la salud de su equipo de trabajo debido a que siete de sus periodistas participaron en días recientes de un entrenamiento en New Orleans al cual acudió una persona que dio positivo a una prueba de coronavirus (COVID-19) el martes, 10 de marzo. La prueba positiva de la persona afectada, que no es miembro del equipo del CPI, ha sido enviada a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) para su confirmación. “Hasta que el CDC confirme el resultado de la prueba, que puede demorar hasta una semana, se considera un presunto positivo”, informó la entidad organizadora del evento, el Investigative Reporters and Editors (IRE). A pesar de que ninguno de los periodistas del CPI que viajaron presenta síntomas de enfermedad o de coronavirus, el equipo de trabajo estará operando de forma remoto por los próximos días, que es la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud (OMS): el distanciamiento social por lo menos durante 14 días. “Desde anoche en cuanto fuimos informados del diagnóstico de esta persona, que no ha sido identificada y que estuvo en New Orleans, encaminamos las consultas de rigor a personas expertas en epidemiología para recibir su recomendación y la comunicamos a nuestro equipo hoy temprano.

Gobierno pide mantener en sobre sellado y guardado en una bóveda el informe sobre el almacén de suministros

El informe sobre el almacén en Ponce con suministros de emergencia que no fueron entregados a los damnificados por los terremotos y que realizó el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Seguridad Pública, tiene cinco páginas y once anejos, aunque su contenido continúa siendo uno de los secretos de Estado mejor guardados.  

El documento fue revisado en cámara este martes en la tarde por la jueza Lauracelis Roques Arroyo, quien determinará si el mismo será entregado en parte o en su totalidad como resultado de la demanda de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). 

Luego de una resolución emitida el viernes por el Tribunal en el caso de la ASPPRO y el CPI, el Gobierno tenía hasta este martes, a las 2:00 pm, para expresarse y justo a la 1:50 pm, presentó una moción de reconsideración acompañada de una declaración jurada del actual comisionado del NIE, Héctor López Sánchez. El Gobierno además informó el martes que la fiscal Elba Acevedo del Departamento de Justicia estaba disponible para llevar copia del informe en sobre sellado a la jueza Roques Arroyo con el objetivo de que esta lo revisara y luego lo  devolviera a la fiscal. La jueza emitió una orden requiriendo a la fiscal que compareciera a su sala antes de las 5:00 pm de ese día para entregar copia del informe. 

De las mociones se desprende que la fiscal del Departamento de Justicia entregó a la jueza el informe en el sobre sellado para su inspección. El Gobierno además, reclamó a la jueza que guardara el informe en una bóveda. La jueza ya concluyó, como parte del litigio, que el Gobierno no aportó prueba suplementaria o “justificaciones específicas” que acrediten la naturaleza privilegiada del documento en cuestión.

SEC acusa por fraude millonario a un inversionista que maneja fondos del Gobierno de Puerto Rico

Michael Williams, empresario estadounidense que reside en Puerto Rico y maneja fondos de inversión de dos agencias del gobierno, podría enfrentar juicio por jurado luego de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC en inglés) presentara una demanda en la que le acusa de fraude millonario. La SEC es una de las entidades que regula el mercado financiero en Estados Unidos. En septiembre el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) reveló el esquema que presuntamente armó Williams y anticipó que éste era investigado por la SEC y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Documentos a los que tuvo acceso el CPI muestran que Williams pudo haber utilizado dinero de las inversiones de sus clientes, como el Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA), para lucro personal y gastos operacionales de sus empresas. 

“Desde el 2013, Michael Scott Williams y Kinetic Investment Group han recaudado alrededor de $39 millones de por lo menos 30 inversionistas a través de ofertas de valores fraudulentas no registradas… Desde 2015 Williams malversó alrededor de $6.3 millones de los fondos de Kinetic Funds para financiar otros negocios y pagar por gastos personales”, indica la demanda de la SEC, presentada en el Distrito de Florida del tribunal federal. Si enfrenta juicio, Williams enfrentaría 15 cargos por violar varias disposiciones de la Ley de Valores de 1933, la Ley de Valores e Intercambios de 1934 y la Ley de Asesores de Inversión de 1940. 

La imputación incluye: el uso de medios de comunicación, correo y transporte del comercio interestatal para defraudar; obtener dinero y propiedades por medio de declaraciones falsas y omisión de datos; llevar a cabo transacciones, prácticas o dirigir negocios fraudulentos para estafar a compradores; emplear mecanismos, esquemas o artificios para defraudar en relación a la compra de valores; fungir como “asesor de inversiones” para defraudar; y enriquecimiento ilícito, entre otros posibles delitos.

PFEI identifica delitos más graves que Justicia para Elías Sánchez y Edwin Miranda

Mientras que el Departamento de Justicia recomendó investigar al abogado y cabildero Elías Sánchez Sifonte solamente bajo dos posibles delitos, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) identificó la posibilidad de ilegalidades más serias de parte del también exdirector de campaña del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares. En su investigación, Justicia solamente identificó como posibles delitos cometidos por Sánchez Sifonte imputaciones relacionadas a los artículos del Código Penal de aprovechamiento ilegal de trabajos públicos (252) y el de incumplimiento del deber (262), este último siendo uno menos grave. El PFEI enumera artículos más severos, como el de intervención indebida en las operaciones del Gobierno (254) y el de influencia indebida (261), ambos delitos conllevan cárcel de hasta ocho años, según la gravedad. Al igual que Justicia, el PFEI también vio aprovechamiento ilegal.   

Un caso similar ocurre con el publicista Edwin Miranda Reyes, a quien Justicia le identificó posibles delitos de fraude (202) e incumplimiento del deber (262), pero el PFEI añadió influencia (261) e intervención indebida (254), ambos con penas de cárcel de hasta ocho años. Tanto Justicia como el PFEI identificaron falsedad ideológica (212) — dar declaraciones falsas en un documento público — y aprovechamiento ilícito (252) como posibles delitos cometidos por Miranda Reyes.

Levantan voz de alerta debido al poder otorgado a funcionarios federales para arrestar en Puerto Rico

Los primeros 54 funcionarios de seguridad de Nueva Jersey recién llegados a Puerto Rico para pertenecer al recién creado “Cuerpo de Oficiales de Paz” que tendrá funciones de vigilancia y seguridad tras los terremotos al sur del País, fueron juramentados este domingo por el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Pedro Janer. 

Sin embargo, la creación de este “Cuerpo de Oficiales de Paz”, que le confiere autoridad a oficiales de orden público federales para hacer intervenciones y arrestos a civiles, pone en peligro las garantías que tienen los ciudadanos al amparo de la Constitución de Puerto Rico, alertó el director legal de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) en la isla, el Lcdo. Fermín Arraiza. “Una vez juramentados, comenzaron sus funciones en apoyo a los oficiales del Negociado de la Policía de Puerto Rico en la gestión de vigilancia, tránsito y seguridad”, confirmó Janer. Hasta el momento, el Gobierno no ha solicitado efectivos adicionales a este grupo de 54, añadió Janer. Estos oficiales no recibieron adiestramiento formal sobre la Reforma de la Policía, sino una orientación sobre los protocolos de intervención, y comenzaron hoy mismo a asistir a la Policía ofreciendo asistencia en el manejo del tránsito y otros aspectos de seguridad en los campamentos ubicados en Guánica, Guayanilla, Peñuelas Ponce y Yauco. 

“Se discutió con ellos la forma en que los miembros de la Policía de Puerto Rico utilizan la fuerza.