Bajo la lupa dos integrantes de la Junta de Control Fiscal por su pasado en Banco Santander

Como miembros de la Junta de Control Fiscal, entidad creada por el Congreso de Estados Unidos con pleno control sobre las finanzas de Puerto Rico, Carlos García y José Ramón González tendrán que tomar decisiones relacionadas al pago de los bonos que ellos ayudaron a tramitar, tanto desde el BGF como desde Santander, banco que al 31 de marzo de 2016 poseía bonos del gobierno de Puerto Rico.

Fondos de cobertura compraron el 67% de los bonos chatarra de Puerto Rico en 2014

Entre estos 114 fondos de cobertura, se encuentran fondos buitre que, según define la Organización de las Naciones Unidas, son empresas que adquieren deuda en incumplimiento o en dificultades con el objetivo de lograr un alto rendimiento o retorno de inversión, y lo hacen mediante compra, cesión o alguna otra transacción, como pudieran ser sentencias judiciales.

Comunidades impugnarán Ciudadela de Cayey

El irregular proceso de permisos para construir un proyecto que incluye un hotel y centro comercial en la Ciudad de las Brumas da pie a cuestionamientos legales. Entre los proponentes de Ciudadela de Cayey figuran empresarios vinculados a otros proyectos que han estado bajo la mirilla pública, como Luis Alberto Rubí y Mark Greene Shotland, del fallido Dos Mares Resort en el Corredor Ecológico del Noreste; y Alberto De La Cruz Rionda, presidente de Coca Cola Puerto Rico Bottlers y vinculado a su vez en el caso del legislador convicto Jorge De Castro Font por sobornos políticos.

Bonistas y gobierno se enredan en laberinto de demandas

Este jueves, 3 de noviembre habrá una vista ante el juez federal Francisco Besosa donde se verá la demanda consolidada de Peaje Investment, Assured Guaranty y Altair Global que buscan que se levante la suspensión de litigios que impuso PROMESA y que se restituyan fondos que alegadamente el gobierno movió entre agencias para evitar pagos de deuda.

Proceso ilegal de permisos persigue a megaproyecto en Cayey

El Departamento de Transportación Federal retiró el endoso para la construcción de un conector en el expreso 52, que haría viable el megaproyecto Ciudadela de Cayey, por serias irregularidades en el proceso de evaluación ambiental. La construcción es impulsada hace cuatro años por los empresarios Luis Alberto Rubí, Alberto de la Cruz, Mark Greene, Juan Galanes y Kermit Ortiz, y propone erigir hotel y centro comercial en terrenos de alto valor agrícola en Cayey, con el visto bueno inicial del alcalde de la ciudad, Rolando Ortiz y la Oficina de Gerencia de Permisos. El desarrollo Ciudadela de Cayey tiene la oposición de la comunidad, así como de agencias reguladoras como el Departamento de Agricultura y la Junta de Planificación.

Ligada al PNP la cara pública de la Junta de Control Fiscal

La Junta de Control Fiscal (JCF) nombrada por el gobierno federal firmó un contrato con la empresa de consultoría en comunicaciones Forculus Strategic Communication, pero ni los miembros de la Junta ni el director ejecutivo de la empresa saben dónde se debe registrar el mismo ni lo han querido hacer público. “Precisamente ese es el problema. En estos momentos la Junta está haciendo una evaluación para determinar dónde y cómo se va a llevar a cabo el proceso de registro y divulgación de los contratos. Va a ser cuestión de días”, admitió Francisco Cimadevilla, director ejecutivo de Forculus, al Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Cimadevilla trabajó para la administración de Pedro Rosselló de 1993 al 1999, y entre 2011 y 2016 donó $11,153 al Partido Nuevo Progresista (PNP), según la Oficina del Contralor Electoral.