Las comunidades luchan por recuperarse

Las comunidades no esperaron por el gobierno cuando la destrucción y la necesidad se apoderaron de Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017 tras el huracán María. Hubo organizaciones comunitarias que fueron la primera línea de ayuda para buscar soluciones inmediatas, salvar vidas y dar la mano a los damnificados. Y hay algunas que luchan, un año después, por ser protagonistas de su recuperación. Sin embargo, estas organizaciones y sus líderes enfrentaron grandes retos, según discutieron en el panel “Las comunidades luchan para recuperarse”, durante el evento 365 días de María, organizado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) del 18 al 20 de septiembre de 2018 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. El panel fue moderado por el profesor y psicoanalista, Alfredo Carrasquillo y los participantes fueron Lucy Cruz, presidenta del G8, que agrupa las comunidades del Caño Martín Peña, Roberto Thomas, coordinador de la Iniciativa de Ecodesarrollo de la Bahía de Jobos (IDEBAJO), José Oquendo, director ejecutivo del proyecto P.E.C.E.S de Punta Santiago en Humacao Wilfredo López Montañez, líder comunitario del barrio Sonadora de Aguas Buenas y Christine Nieves, líder comunitaria del proyecto Apoyo Mutuo Mariana en Humacao.

La Jurado #10

Puerto Rico es una de solo dos jurisdicciones en todos los Estados Unidos donde la pena capital es inconstitucional a nivel local. En el 1927 se ejecutó a la última persona condenada a muerte en el sistema de justicia puertorriqueño. La constitución, ratificada en el 1952, parecía ponerle punto final al tema de la pena capital en la isla.

Los muertos de María

Cuatrocientas ochenta y siete historias de sufrimiento extremo e inhumano, con nombre y apellido, prueban que muchas de las muertes por el huracán María eran prevenibles y revelan las causas que llevaron a un alza histórica en mortalidad en Puerto Rico. Esto se desprende del único registro amplio que existe de los decesos relacionados al huracán, documentados por una investigación conjunta del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Quartz y Prensa Asociada. La otra lista que existe es la del Gobierno de Puerto Rico que aún solo incluye 64 personas fallecidas. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha minimizado desde el inicio la magnitud de la catástrofe y glorificado su nivel respuesta, dijo el jueves que el estimado de muertes del gobierno de Puerto Rico, elaborado por George Washington University (GWU), es una invención de los demócratas para hacerlo lucir mal. “3,000 personas no murieron en los dos huracanes que azotaron Puerto Rico (Irma y María).

Indefinición de servicios esenciales da paso a arbitrariedad en las decisiones del Gobierno

En el salón 228 de la Escuela Intermedia Carmen Feliciano Carreras de Río Grande, Maribella Díaz imparte su última clase del día. Su hijo, Dérek Canales, permanece sentado, dibujando junto a otros dos estudiantes. Diagnosticado con ceguera y perlesía cerebral, Dérek todavía espera por su primer día de clase en el décimo grado de la Escuela Superior Isidro Sánchez de Luquillo. A casi un mes del comienzo del año escolar, el Departamento de Educación no le ha asignado un asistente de servicio ni una maestra de educación especial. Es por esto que el adolescente acompaña a su madre al trabajo hasta tanto se resuelva la situación.

Detenidos en la legislatura proyectos para atender fallas tras el huracán María

Varias piezas legislativas que proponen cambios para corregir el manejo y el registro de las muertes relacionadas con un desastre natural están en el limbo en la Asamblea Legislativa. Las recomendaciones principales sobre este tema que hace el estudio de la Universidad George Washington, por el que el gobierno pagó $305,000, ya habían sido hechas por la legislatura.

La Junta hace movida estratégica para retener control de la investigación sobre la deuda

El investigador de la Junta tampoco emite juicio sobre cuestionamientos tales como si el Gobierno violó el límite constitucional de deuda o si transacciones específicas relacionadas a la deuda fueron fraudulentas o ilegales. Solo presenta un marco legal que pudiera aplicarse si alguna parte — incluyendo el Gobierno o la Junta — decide tomar acción por fraude o ilegalidades relacionadas a la deuda de Puerto Rico.

Gobierno promete mejor vida a confinados en cárcel privada de Mississippi

Luego de más de cuatro meses de cambios en la información sobre el rumbo final, el DCR decidió que esa cárcel de Mississippi administrada por la empresa CoreCivic, será donde se reubicarán por lo menos 1,200 confinados que participen de la primera fase del programa de traslados que propuso la administración del gobernador Ricardo Rosselló como presunta medida de ahorro. La meta es que en cinco años se trasladen a cárceles privadas de Estados Unidos 3,200 de los 9,600 confinados que componen la población penal de Puerto Rico; poco más del 30% de los reclusos que se encuentran en la isla actualmente.

Gobierno gasta más que la Junta en abogados de quiebra y consultores financieros

Aunque PROMESA empodera a la Junta como único representante de Puerto Rico — la tutora legal del Gobierno — en los casos de quiebra, la administración Rosselló Nevares cuenta con su propio batallón de abogados y consultores que participan activamente en el proceso. Esta duplicidad de trabajo por parte de los abogados y consultores de la Junta y el Gobierno le ha costado, por lo menos, $150 millones al erario en tan solo un año.