Un pueblo quebrado, una quiebra costosa

La quiebra de Puerto Rico le ha costado al pueblo más de $225 millones en un año, solamente en abogados y consultores financieros. Se proyecta que el gasto ascenderá a $1,200 millones durante los próximos seis años, incluyendo los gastos de la Junta de Control Fiscal. Empujé líneas como estas, con sus variaciones, como apuesta para comenzar una serie de historias que indagara en la facturación en servicios profesionales dentro del proceso de bancarrota que enfrenta la isla. No tuve éxito. Cuando se habla de cientos de millones de dólares, cifras por sí solas no alcanzan a explicar la magnitud del asunto.

Los muertos hablan

El pasado 20 de septiembre, cuando cedieron los vientos de María y salí por el portón de mi casa supe que nada sería igual en Puerto Rico. En ese momento milagrosamente me entró un texto de la colega Frances Robles, del New York Times, dónde me preguntaba cuál era la historia más importante y, aunque aún no entendía bien el nivel de la devastación que había dejado atrás el huracán en menos de 12 horas, alcancé a decirle en ese último suspiro de señal, que no sabía, pero que esto era lo peor que había visto yo en mis 45 años de vida. 48 horas más tarde, ya estaba clara en lo que estaba pasando. La devastación de este huracán era de una magnitud abismalmente distinta a los anteriores en nuestra historia moderna. Como bien saben todos los que están aquí, la isla completa quedó sin electricidad, sin telefonía, sin internet, sin supermercados, sin acceso en las carreteras, sin combustible, y sin medios de comunicación.

Desenfocados los proyectos críticos de Promesa

Construir infraestructura pública para un Puerto Rico en quiebra y rematado por dos huracanes parece una buena idea ante la necesidad de obras urgentes, la falta de empleos y la exigencia de fortalecer la economía. Pero los “proyectos críticos” que se deben aprobar por vía rápida, según lo ordena la ley federal PROMESA, apenas comienzan a ponerse en marcha y generan cuestionamientos. La Junta de Control Fiscal (JCF), el organismo impuesto por el gobierno estadounidense por medio de la Ley PROMESA para mandar sobre las finanzas de Puerto Rico, acaba de aprobar un proyecto crítico que más bien parece uno de esos numerosos parchos con los que el Gobierno resuelve los problemas. Se trata de la expansión del vertedero del municipio de Fajardo, lo que permitirá a nueve ayuntamientos del noreste de la Isla tener un lugar para depositar la basura durante los próximos 20 años. Esa iniciativa da la impresión inicialmente de ser un gran paso, pero sólo compra tiempo ante la crisis generalizada de la basura del País, que no cuenta con un plan inmediato, contundente y abarcador para reducir desperdicios y aumentar el reciclaje.

Comedy of errors: Government maintains official figure of 64 deaths

The Government of Puerto Rico did it again. Far from contributing to the transparency and clarity associated with the issue of Hurricane María-related deaths, it published a confusing, two-sentence statement in its draft of the Economic and Disaster Recovery Plan, implying that the absurd figure of 64 fatal victims had been revised in June and increased to 1,427. There was no such revision. There is no new official list of names of people killed by the storm. The mistaken way in which these two sentences are written led the The New York Times to err in a story published Thursday entitled “Puerto Rican Government Acknowledges Death Toll of 1,427,” which in turn was repeated by some of the main media outlets in the United States.

Comedia de errores: Gobierno mantiene su cifra oficial de 64 muertes

 

“¿O sea, que no se modifica la cifra oficial de 64?” – Omaya Sosa Pascual

“Al momento, no”. – Oficial de prensa del Departamento de Seguridad Pública, Karixia Ortiz

El Gobierno de Puerto Rico lo hizo otra vez. Lejos de abonar a la transparencia y a la claridad en el   delicado tema de las muertes relacionadas con el huracán María, publicó una confusa declaración de dos oraciones en el borrador del Plan de recuperación económica y de desastres dando a entender que la absurda cifra de 64 víctimas mortales había sido revisada en junio para aumentarla a 1,427. Es falso que hubo tal revisión. No existe una nueva lista oficial de nombres de fallecidos por la tormenta.

Salud celebra la cumbre del autobombo

El secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Rafael Rodríguez Mercado, se lavaba las manos en un baño del Centro de Convenciones cuando comentó: “Espero que la prensa diga la verdad, tienen la información para pedirla”. Junto a él estaba el relacionista Peter Quiñones. La única otra persona que estaba a su lado era un periodista, con un carnet que dice la palabra prensa en letras grandes. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) lleva cerca de un mes pidiendo el plan de respuesta a emergencias del Departamento de Salud, las bases de datos de mortalidad de Puerto Rico para antes de la tormenta, y todos los casos positivos de pruebas rápidas de leptospirosis enviadas por los laboratorios de Puerto Rico al Departamento de Salud, entre otra información. Pero no ha sido entregada.

La administración Rosselló maneja de forma arbitraria los datos de las muertes tras María

El gobierno miente y lo sabe. El manejo irregular de los datos de los fallecidos tras el paso del huracán María persigue a la administración de Ricardo Rosselló. La magnitud del problema ha aumentado en el ojo público internacional como una bola de nieve, a consecuencia de la falta de transparencia deliberada que, en el caso de los muertos, inició a solo días del fenómeno atmosférico. Tomó meses de cobertura noticiosa, tres demandas, análisis de múltiples expertos, un estudio de la Universidad de Harvard y que el gobernador Ricardo Rosselló fuera confrontado en la cadena de televisión estadounidense CNN sobre la falta de acceso a los datos de las muertes luego del huracán, para que el Registro Demográfico hiciera públicas unas tablas con las cifras globales de los decesos por mes hasta mayo de 2018. Esta información se queda corta ante el reclamo que desde el año pasado viene haciendo el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) para conocer todos los datos en poder del gobierno sobre los fallecimientos ocurridos en Puerto Rico y sus causas.

Victoria del derecho a saber ante la Junta de Control Fiscal

Las veces que la Junta de Control Fiscal (JCF) ha intentado que los tribunales apoyen su visión de que la ley PROMESA que la creó le dotó de poderes expansivos, ha chocado con paredes judiciales. El más reciente freno puesto por un tribunal es bien significativo porque salió ganando el derecho que tienen los ciudadanos bajo la Constitución de Puerto Rico de fiscalizar a su gobierno y exigir la rendición de cuentas, incluyendo a la JCF. La victoria judicial se registró en un caso del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) contra la Junta que estaba pendiente ante el juez federal Jay A. García Gregory, quien a fines de la semana pasada emitió una orden a favor del CPI para que la Junta entregue una serie de documentos. Durante casi un año, en el que ya la Junta había sido derrotada en su pretensión de que la solicitud fuera considerada dentro del caso de quiebras del Gobierno de Puerto Rico, el CPI ha estado luchando judicialmente para obtener acceso a nueve distintos informes que se supone sean sometidos con regularidad semanal, mensual o trimestral por el gobierno a la Junta. Además, se solicitan documentos, informes, cartas, correos electrónicos y cualquier otra información o material intercambiado entre el Gobierno y sus agencias, y la Junta y también entre el gobierno federal y la Junta.