La Junta de Control Fiscal ha invocado la inmunidad de sus miembros y argumenta que la Ley PROMESA suplanta todo el derecho puertorriqueño, en su intento por no entregar los documentos solicitados mediante el Tribunal Federal por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). En lo que parece ser el primer documento legal en que la Junta trata de establecer ante un tribunal su visión de lo que son y hasta dónde llegan sus poderes, los argumentos de la entidad sobre su alcance y su interpretación de la Ley PROMESA se dan en momentos en que el gobierno federal evalúa si va o no a defender ese estatuto en el caso de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III. La Junta también implica en su moción radicada el martes, 8 de agosto que los gastos que conllevaría entregar los documentos que ya existen y que han sido solicitados desde el pasado año por el CPI serían onerosos. Plantea que la solicitud de documentos representará una dificultad para sus “miembros no compensados”, aunque este organismo cuenta con ocho personas en su equipo de trabajo, incluida su Directora Ejecutiva, cuyo salario anual es de al menos $625,000. De las publicaciones de la Junta en su sitio web, también indica que hay una serie de contratistas, incluyendo, por ejemplo, su recién nombrado coordinador de revitalización, que gana un salario anual de no menos de $325,000.00.
