Arranca Chequéalo Puerto Rico

De cara a las elecciones de noviembre, un grupo de 25 periodistas de los medios de comunicación del país realizarán el primer proceso de chequeo en la historia de Puerto Rico de los discursos públicos de los candidatos a la gobernación. Chequéalo Puerto Rico, una iniciativa liderada por el Centro de Periodismo Investigativo, busca que los periodistas entrenados en la metodología de la verificación de datos cotejen la veracidad de las expresiones de los candidatos a la gobernación sobre los temas de economía, transparencia y el futuro político de Puerto Rico. “Proponemos cambiar la conversación para enfocarnos en los datos que están ofreciendo los candidatos a la gente y cuán rigurosos son cuando se paran frente a un micrófono. Anticipamos muchas sorpresas”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo. Los resultados de los chequeos serán difundidos ampliamente en redes, internet, impresos, radio y en un programa especial de televisión por los medios socios del proyecto Sistema TV, Metro, Breve, NotiCel y Radio Isla 1320.

Gobernador recibe mandato del tribunal en caso de acceso a la información sobre bonistas

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, ya recibió el mandato de Tribunal de Apelaciones por el que esperaba para dar a conocer la información sobre los bonistas que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el periodista Joel Cintrón Arbasetti le han estado solicitando hace más de un año. García Padilla había dicho hace dos semanas en una videoconferencia con periodistas de Puerto Rico y Estados Unidos que cubren la crisis fiscal que estaba en espera de este documento del tribunal para dar la información. El gobierno no apeló la determinación del Tribunal Apelativo que confirmó en abril que es pública la identidad de las compañías de fondos de cobertura que adquirieron bonos del gobierno en la emisión de marzo de 2014 y la cantidad de bonos que cada una de ellas obtuvo, así como la identidad de los miembros del Comité Ad Hoc de bonistas y los términos y condiciones que éstos pusieron al gobierno en una propuesta escrita. El CPI solicitó al gobernador y al nuevo presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Alberto Bacó, que no retrasen más el proceso de entrega de la información solicitada sobre los bonistas por cuestiones burocráticas. “Emplazamos al gobierno de García Padilla a que cumpla cuanto antes con la sentencia y haga valer su discurso público de estar a favor de la transparencia.

Más vigente que nunca la lucha por la transparencia y el acceso a la información pública

El junte del oportunismo político partidista, un puñado de periodistas y sus cabilderos aliados con intereses económicos que tronchó la consideración de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Cámara de Representantes no detendrá la lucha por conseguir un mecanismo ágil y efectivo para ejercer el derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos de abrir al escrutinio público las actuaciones gubernamentales. El proyecto había recibido un informe positivo por parte de la Comisión de Gobierno de la Cámara, unas 17 ponencias a favor, y logrado el respaldo de 46 entidades de la sociedad civil y más de 50 periodistas activos. La versión que fue a votación atendía además varias enmiendas sometidas por el Departamento de Justicia y por periodistas. Pero, en un proceso bochornoso el viernes al filo de la medianoche, y con apenas 17 de 51 representantes en el hemiciclo, este proyecto esencial para el adelanto de los derechos civiles fue tronchado por un grupo de 10 representantes populares y penepés capitaneados por la representante Jennifer González, quien nunca discutió la medida con los proponentes y se expresó en vistas públicas a favor de la medida. “No muere aquí.

Carta abierta sobre la Ley de Transparencia

El verdadero periodismo, como el que nos esforzamos por practicar, impulsar y defender en el Centro de Periodismo Investigativo, se maneja siempre con apego a los datos, con fidelidad al récord y con total repudio a la especulación y manipulación. Ayer, en un acto reprochable, una parte de las directivas actuales de las asociaciones de periodistas del país hicieron pública una carta que no corresponde a los mejores valores del periodismo sino, más bien, es un perfecto ejemplo del antiperiodismo. La desesperación que proyectan se debe a que no han podido convencer a la mayoría de los periodistas, ni tampoco a la mayoría de los grupos cívicos ni a la mayoría de los legisladores, que han decidido endosar públicamente la propuesta Ley de Transparencia y de Acceso a la Documentación e Información Pública (P de la C 2944) por ser una medida fundamental de adelanto para los derechos civiles del país, porque democratiza el acceso a la información para ponerlo donde debe estar, en manos de cada ciudadano. Sin contar con el respaldo de sus matrículas, las directivas actuales llevan semanas en una campaña que, a falta de argumentos válidos, ha recurrido bochornosamente a falacias, demagogia, y tergiversaciones con el único fin de negarle a 3.5 millones de ciudadanos un mecanismo real y eficiente para hacer valer el derecho constitucional que nos cobija a todos, no solo a unos pocos, de tener acceso a la información del Gobierno. Sobre 40 organizaciones cívicas y más de 50 periodistas activos se han colocado del lado de esos 3.5 millones de ciudadanos para defender ese derecho.