Los datos incompletos sobre las defunciones de los últimos dos años entregados por el Registro Demográfico al Centro de Periodismo Investigativo causaron que esta organización volviera a demandar al secretario de Salud, Carlos Mellado López, y a la directora de dicha agencia, Wanda Llovet Díaz.
El Centro de Periodismo Investigativo demandó a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez Vega, para que cumpla con su deber de entregar información pública sobre expedientes en su poder relacionados a tres querellas ambientales.
Los periodistas becados forman la mayor representación de países del Caribe que se unen en proyectos colaborativos con el CPI.
San Juan – El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el medio feminista Todas recurrieron hoy al Tribunal de Primera Instancia en contra del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y su rector Agustín Rullán Toro para que entregue un desglose de los datos de hostigamiento sexual en dicho campus de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
El caso se radica en momentos que Puerto Rico lleva casi dos años oficialmente bajo una declaración de emergencia por violencia de género para concentrar los recursos del Estado en la prevención y atención especial a la alta incidencia de estos delitos, que se suelen manifestar como violencia física y sexual, maltrato emocional y psicológico, acecho y acoso sexual.
“Desde esta perspectiva, el derecho al acceso a la información pública es la herramienta desde la cual la ciudadanía, representada aquí por dos entidades dedicadas a la divulgación rigurosa y crítica de información noticiosa, puede no sólo fiscalizar el caminar de sus gobiernos, sino insertarse e incidir sobre él”, plantea el recurso de mandamus radicado desde la Clínica de Asistencia Legal Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana en la Sala Superior de Mayagüez.
El CPI y Todas denunciaron que han pasado once meses desde que hicieran la solicitud original de información a la oficina de prensa del RUM y solo han recibido una lista agregada de 16 casos sin detallar género, tipo de persona que hizo la querella de hostigamiento sexual (estudiante, docente o no docente), ni año académico en que se registró, entre el 2011 al 2022.
Las universidades de Puerto Rico tienen la obligación de cumplir con la ley federal conocida como el Título IX del Education Amendments of 1972 que protege a las personas de discriminación por razones de sexo en programas o actividades de enseñanza que reciben ayuda económica federal.
Los datos que recopila la Oficina Título IX del RUM son necesarios para examinar la atención de las instituciones universitarias a las sobrevivientes de violencia sexual, los esfuerzos de prevención y las garantías que ofrecen de un ambiente libre de discrimen por razón de género.
Además, con esta información se busca una mayor rendición de cuentas por parte de las instituciones que reciben ayuda económica federal.
“La información solicitada por el CPI y Todas es información pública y de alto interés público para el pueblo de Puerto Rico”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del CPI. “El abuso sexual es común entre estudiantes mujeres de todas las edades y razas. En Puerto Rico, varios medios, incluyendo Todas, han reportado sobre este tema y las víctimas y sobrevivientes han denunciado falta de diligencia de las universidades ante este problema”, apuntó Cristina del Mar Quiles, cofundadora y editora de Todas.
Ambos medios noticiosos, que tienen en conjunto una Unidad Investigativa de Género para la publicación de reportajes especializados en este tema, plantearon que luego de agotar todos los remedios administrativos disponibles sin obtener resultados positivos la única alternativa restante en ley era pedir al tribunal este mandamus. La negativa del Recinto a proveer la información pública según solicitada, alegan, lacera su derecho al amparo de la Constitución y las leyes de Puerto Rico.
La periodista María Cristina Muñoz Vega inició la gestión el 12 de septiembre de 2022 mediante un correo electrónico a la Dra. Mariam Ludim Rosa Vélez, directora de la Oficina de Prensa de la UPR-RUM.
El 17 de noviembre, UPR-RUM remitió a la periodista un documento con respuestas parciales e incompletas a las preguntas, junto con declaraciones escritas del Dr. Gustavo Cortina, director de la Oficina de Calidad de Vida y Oficial del Título IX del recinto y del rector Rullán Toro.
En los meses siguientes, en 2023, Muñoz Vega dio seguimiento a su pedido y reiteró el reclamo del desglose estadístico. Inclusive, la periodista inquirió sobre si el recinto de Mayagüez tenía alguna tabla de inventario de casos atendidos similar a la que publica el Recinto de Río Piedras de la UPR.
El recurso pide al tribunal que ordene al rector cumplir su deber ministerial de entregar cuántas quejas recibió la oficina, fueron desestimadas, resueltas mediante procedimientos formal e informal, la determinación final de cada una, las que no han resuelto y por qué, y cuántos casos de reincidencia se han reportado. Y todo lo anterior de forma desglosada por género; el tipo de persona que hizo la queja de hostigamiento sexual (estudiante, docente o no docente); y año académico desde el 2011-2012 hasta el 2021-2022.
Además, se solicitó al Tribunal que ordene a la institución a divulgar esta información de forma prospectiva cuando le sea solicitada, en los mismos términos, cumpliendo con el Artículo 4 de la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley Núm.
SCOTUS’s decision effectively gives the Board the power not to comply with the fundamental right that Puerto Rico citizens have to know what is happening in their government. This is unprecedented even for the government of the United States. This decision only applies to the Board and not to the Government of Puerto Rico or any of its instrumentalities, which continue to be subject to the constitutional right of access to information recognized by the Puerto Rico Supreme Court more than 40 years ago.
La decisión del Tribunal Supremo federal tiene el efecto de darle el poder a la Junta de no tener que responder al derecho fundamental que tienen los ciudadanos en Puerto Rico a conocer lo que ocurre en su gobierno. Esto es algo sin precedentes hasta para el Gobierno de los Estados Unidos. Esta decisión solo aplica a la Junta y no al Gobierno de Puerto Rico ni a ninguna de sus dependencias, que siguen sujetas al derecho constitucional de acceso a la información que reconoció el Tribunal Supremo de Puerto Rico hace más de 40 años.
Puerto Rico comparte con las islas del Caribe y América Latina la urgencia de fiscalizar a los responsables de la crisis climática y a la vez buscar soluciones a este problema que nos afecta cada día más. La región es la más castigada por el aumento dramático de las temperaturas, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial de la Organización de las Naciones Unidas. La entidad alerta sobre el impacto a la salud, la vida, los recursos naturales y el desarrollo económico que surgen como consecuencia de los fenómenos meteorológicos.
Puerto Rico encabeza la lista de países con el Índice de Vulnerabilidad Climática más alto en un período de 20 años, según la organización GermanWatch. Esta realidad motivó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) a dedicar la primera edición del Caribe Fest al tema del cambio climático. El evento inició el jueves en el Viejo San Juan con una serie de talleres para periodistas y continúa este sábado con talleres, charlas y paneles que contarán con la participación de más de 60 periodistas y expertos locales y caribeños, así como el público general. El público puede adquirir su boleto aquí.
Los periodistas Bárbara Maseda, Jetry Dumont, Octavio Enríquez y Joseph Poliszuk relataron las diversas manifestaciones de acoso y violaciones a los derechos de los periodistas y la prensa en sus respectivos países durante sus presentaciones, hoy, en un panel del Caribe Fest en El Bastión, en el Viejo San Juan. En el panel “Asedio a la libertad de prensa en el Caribe: cambios políticos y criminalización de periodistas”, moderado por la cofundadora del Centro de Periodismo Investigativo, Omaya Sosa, se discutió la falta de acceso a la información y los riesgos de periodistas a sufrir abusos e incluso ser encarcelados, lo que ha obligado a muchos periodistas a exiliarse.
Joseph Poliszuk, periodista venezolano y fundador del medio de comunicación Armando.info, señaló que en su país “no hay información básica como los índices de inflación” ni de COVID. Mientras, las “fake news” o noticias falsas son publicadas en redes sociales, destacó. Poliszuk fue el primer panelista en explicar los retos de los medios en su país.Foto por Claudia S. Ortega | Centro de Periodismo Investigativo
Para el evento, Octavio Enríquez, de Confidencial, se conectó vía Zoom desde Costa Rica, donde reside luego de que fuese exiliado, en 2021, por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Enríquez es uno de los 185 periodistas que, desde 2018, se han visto obligados a abandonar Nicaragua.
Durante su intervención, Enríquez destacó el alto nivel de acoso que sufre la prensa en su país.
