Salud celebra la cumbre del autobombo

El secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Rafael Rodríguez Mercado, se lavaba las manos en un baño del Centro de Convenciones cuando comentó: “Espero que la prensa diga la verdad, tienen la información para pedirla”. Junto a él estaba el relacionista Peter Quiñones. La única otra persona que estaba a su lado era un periodista, con un carnet que dice la palabra prensa en letras grandes. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) lleva cerca de un mes pidiendo el plan de respuesta a emergencias del Departamento de Salud, las bases de datos de mortalidad de Puerto Rico para antes de la tormenta, y todos los casos positivos de pruebas rápidas de leptospirosis enviadas por los laboratorios de Puerto Rico al Departamento de Salud, entre otra información. Pero no ha sido entregada.

Victoria del derecho a saber ante la Junta de Control Fiscal

Las veces que la Junta de Control Fiscal (JCF) ha intentado que los tribunales apoyen su visión de que la ley PROMESA que la creó le dotó de poderes expansivos, ha chocado con paredes judiciales. El más reciente freno puesto por un tribunal es bien significativo porque salió ganando el derecho que tienen los ciudadanos bajo la Constitución de Puerto Rico de fiscalizar a su gobierno y exigir la rendición de cuentas, incluyendo a la JCF. La victoria judicial se registró en un caso del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) contra la Junta que estaba pendiente ante el juez federal Jay A. García Gregory, quien a fines de la semana pasada emitió una orden a favor del CPI para que la Junta entregue una serie de documentos. Durante casi un año, en el que ya la Junta había sido derrotada en su pretensión de que la solicitud fuera considerada dentro del caso de quiebras del Gobierno de Puerto Rico, el CPI ha estado luchando judicialmente para obtener acceso a nueve distintos informes que se supone sean sometidos con regularidad semanal, mensual o trimestral por el gobierno a la Junta. Además, se solicitan documentos, informes, cartas, correos electrónicos y cualquier otra información o material intercambiado entre el Gobierno y sus agencias, y la Junta y también entre el gobierno federal y la Junta.

Rising Crime and a Shrinking Police Force Stunt Puerto Rico’s Recovery

As of April 29, in the first four months of 2018, 227 murders had occurred in Puerto Rico, 14 more than in the same period last year. But those who are supposed to fight crime are leaving the police. In just five years, Puerto Rico has lost almost a quarter of its police force. Of 17,000 officers, more than 4,000 have left their jobs. Many officers who have remained in their posts are not happy because of low wages and poor benefits, several said in separate interviews.

La Junta de Calidad Ambiental hace amago de multar a AES o detenerle operaciones tras reacciones a estudio de contaminación

La Junta de Calidad Ambiental (JCA) ordenó el viernes a la empresa AES Puerto Rico entregar los documentos del estudio de aguas subterráneas donde se revela que su depósito de cenizas de carbón está liberando tóxicos al agua subterránea de Guayama. En una comunicación oficial, tras la publicación de un reportaje de La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), la agencia además advierte a AES que podría recibir multas de $25 mil diarios o hasta “una orden de cese y desista de operar”, si no entrega todos los datos originales recopilados e incumple con este decreto en un término de diez días laborables. En su novel declaración, la JCA implica que desde que AES publicó el estudio en su página web el pasado 2 de marzo, no ha accedido a los documentos. La obligación ministerial de JCA es proteger a ciudadanos y recursos naturales de potenciales consecuencias negativas. En el mismo documento, la presidenta de la agencia, Tania Vázquez Rivera, además se contradice al afirmar  que el agua proveniente de pozos legales no representa “riesgos para la salud de la ciudadanía”, sin haber examinado el informe preparado para AES por la firma DNA Environmental, ni ofrecer prueba de su aseveración.

Los tóxicos de las cenizas de AES están contaminando aguas subterráneas

Un estudio, pagado por AES y realizado entre agosto y noviembre pasado por orden de la Agencia de Protección Ambiental federal, evidencia que la montaña de cenizas está liberando cantidades elevadas de químicos al agua subterránea y que esa contaminación ya se desplaza del lugar, incluso en dirección al mar.

Periodistas demandan al Registro Demográfico por ocultar información pública sobre las muertes ocasionadas por el Huracán María

El Centro de Periodismo Investigativo radicó este miércoles una demanda contra la directora del Registro Demográfico de Puerto Rico, Wanda Llovet Díaz, luego de múltiples intentos para que la agencia que esta dirige brindara información sobre las muertes ocurridas en la Isla tras el Huracán María. Se trata de “información pública y de alto interés público para el Pueblo de Puerto Rico”, apunta la demanda.