Organización demanda al gobierno de Puerto Rico por mantener secretos los planes de emergencia

San Juan, Puerto Rico – El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) radicó este viernes una demanda contra funcionarios del gobierno de Puerto Rico por no hacer públicos los planes de emergencia del gobierno central y del Departamento de Salud. El recurso legal quedó sometido el viernes en la mañana luego de que cuatro periodistas del CPI solicitaran durante los pasados meses, en distintas instancias, el Plan para el Manejo de Emergencias vigente antes del huracán María y el mismo plan revisado luego del huracán, así como el Plan de Respuesta de Salud Pública a Desastres Naturales y Emergencias actual. La demanda está dirigida al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo, y el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado. “Esta administración ha enviado múltiples comunicados de prensa indicando que estos planes de emergencia están listos, sin embargo, se niega a mostrarlos y pretende que creamos por fe que lo están. Nuestro trabajo es fiscalizar”, dijo la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.

“Los planes que tenía el gobierno eran para enfrentar un huracán categoría 1”.

El Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo atribuyó las fallas del gobierno durante la respuesta tras María a que “los planes que tenía el gobierno eran para enfrentar un huracán categoría 1”, según dijo en una entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo. El funcionario sostuvo que ni el gobierno de Puerto Rico, ni el federal, ni el sector privado estaban preparados para un evento atmosférico de la magnitud del ciclón ya que los planes de emergencia estaban basados en las experiencias de huracanes previos. “Yo siempre lo he dicho desde que tomé las riendas del Negociado, que Puerto Rico tenía un plan para un huracán categoría 1 que es lo Puerto Rico realmente ha vivido por los últimos años”, aseguró Acevedo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Señaló, que el desastre más reciente que se pudo haber utilizado como referencia fue el huracán Katrina pero, de acuerdo con el funcionario, Puerto Rico no tenía un plan basado en ese escenario porque no se pensaba en un huracán categoría cinco azotando la isla. Acevedo dijo al CPI que el plan utilizado para manejar la emergencia en María fue preparado por la pasada administración y no contemplaba aspectos que se tuvieron que atender, como la distribución de combustible y el colapso total de las comunicaciones; lo que alegadamente provocó que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) tuviera que tomar control del operativo de respuesta.

El acceso a la información durante una emergencia

“En un desastre natural, como en la guerra, surge el instinto de saber qué pasó y qué está pasando, y, el instinto de las estructuras de poder para manipular la realidad, para mover las cosas a como convienen que se conozcan; y ambos instintos están en conflicto”. Bajo esta premisa, el cofundador del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Oscar Serrano, inició el panel sobre los retos del acceso a la información celebrado en el evento 365 de María del 18 al 20 de septiembre de 2018. La conversación ocurrió una vez la periodista Omaya Sosa Pascual concluyó su conferencia magistral Los muertos hablan que comenzó la jornada de tres días. A pesar de que el gobierno muchas veces favoreció con información a los medios de comunicación internacionales dejando en segundo plano a los de Puerto Rico según se relató en el foro, CNN se vio en la necesidad de unirse al CPI en una demanda incoada contra el gobierno por acceso a información. “Puedes solicitar, pero nadie va a responder.

Las comunidades luchan por recuperarse

Las comunidades no esperaron por el gobierno cuando la destrucción y la necesidad se apoderaron de Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017 tras el huracán María. Hubo organizaciones comunitarias que fueron la primera línea de ayuda para buscar soluciones inmediatas, salvar vidas y dar la mano a los damnificados. Y hay algunas que luchan, un año después, por ser protagonistas de su recuperación. Sin embargo, estas organizaciones y sus líderes enfrentaron grandes retos, según discutieron en el panel “Las comunidades luchan para recuperarse”, durante el evento 365 días de María, organizado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) del 18 al 20 de septiembre de 2018 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. El panel fue moderado por el profesor y psicoanalista, Alfredo Carrasquillo y los participantes fueron Lucy Cruz, presidenta del G8, que agrupa las comunidades del Caño Martín Peña, Roberto Thomas, coordinador de la Iniciativa de Ecodesarrollo de la Bahía de Jobos (IDEBAJO), José Oquendo, director ejecutivo del proyecto P.E.C.E.S de Punta Santiago en Humacao Wilfredo López Montañez, líder comunitario del barrio Sonadora de Aguas Buenas y Christine Nieves, líder comunitaria del proyecto Apoyo Mutuo Mariana en Humacao.

La Junta de Calidad Ambiental hace amago de multar a AES o detenerle operaciones tras reacciones a estudio de contaminación

La Junta de Calidad Ambiental (JCA) ordenó el viernes a la empresa AES Puerto Rico entregar los documentos del estudio de aguas subterráneas donde se revela que su depósito de cenizas de carbón está liberando tóxicos al agua subterránea de Guayama. En una comunicación oficial, tras la publicación de un reportaje de La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), la agencia además advierte a AES que podría recibir multas de $25 mil diarios o hasta “una orden de cese y desista de operar”, si no entrega todos los datos originales recopilados e incumple con este decreto en un término de diez días laborables. En su novel declaración, la JCA implica que desde que AES publicó el estudio en su página web el pasado 2 de marzo, no ha accedido a los documentos. La obligación ministerial de JCA es proteger a ciudadanos y recursos naturales de potenciales consecuencias negativas. En el mismo documento, la presidenta de la agencia, Tania Vázquez Rivera, además se contradice al afirmar  que el agua proveniente de pozos legales no representa “riesgos para la salud de la ciudadanía”, sin haber examinado el informe preparado para AES por la firma DNA Environmental, ni ofrecer prueba de su aseveración.