Organización demanda al gobierno de Puerto Rico por mantener secretos los planes de emergencia

San Juan, Puerto Rico – El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) radicó este viernes una demanda contra funcionarios del gobierno de Puerto Rico por no hacer públicos los planes de emergencia del gobierno central y del Departamento de Salud. El recurso legal quedó sometido el viernes en la mañana luego de que cuatro periodistas del CPI solicitaran durante los pasados meses, en distintas instancias, el Plan para el Manejo de Emergencias vigente antes del huracán María y el mismo plan revisado luego del huracán, así como el Plan de Respuesta de Salud Pública a Desastres Naturales y Emergencias actual. La demanda está dirigida al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo, y el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado. “Esta administración ha enviado múltiples comunicados de prensa indicando que estos planes de emergencia están listos, sin embargo, se niega a mostrarlos y pretende que creamos por fe que lo están. Nuestro trabajo es fiscalizar”, dijo la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.

[CHEQUEO DE DATOS] “Los planes que tenía el gobierno eran para enfrentar un huracán categoría 1”.

El Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias, Carlos Acevedo atribuyó las fallas del gobierno durante la respuesta tras María a que “los planes que tenía el gobierno eran para enfrentar un huracán categoría 1”, según dijo en una entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo. El funcionario sostuvo que ni el gobierno de Puerto Rico, ni el federal, ni el sector privado estaban preparados para un evento atmosférico de la magnitud del ciclón ya que los planes de emergencia estaban basados en las experiencias de huracanes previos. “Yo siempre lo he dicho desde que tomé las riendas del Negociado, que Puerto Rico tenía un plan para un huracán categoría 1 que es lo Puerto Rico realmente ha vivido por los últimos años”, aseguró Acevedo al Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Señaló, que el desastre más reciente que se pudo haber utilizado como referencia fue el huracán Katrina pero, de acuerdo con el funcionario, Puerto Rico no tenía un plan basado en ese escenario porque no se pensaba en un huracán categoría cinco azotando la isla. Acevedo dijo al CPI que el plan utilizado para manejar la emergencia en María fue preparado por la pasada administración y no contemplaba aspectos que se tuvieron que atender, como la distribución de combustible y el colapso total de las comunicaciones; lo que alegadamente provocó que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) tuviera que tomar control del operativo de respuesta.

El acceso a la información durante una emergencia

“En un desastre natural, como en la guerra, surge el instinto de saber qué pasó y qué está pasando, y, el instinto de las estructuras de poder para manipular la realidad, para mover las cosas a como convienen que se conozcan; y ambos instintos están en conflicto”. Bajo esta premisa, el cofundador del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Oscar Serrano, inició el panel sobre los retos del acceso a la información celebrado en el evento 365 de María del 18 al 20 de septiembre de 2018. La conversación ocurrió una vez la periodista Omaya Sosa Pascual concluyó su conferencia magistral Los muertos hablan que comenzó la jornada de tres días. A pesar de que el gobierno muchas veces favoreció con información a los medios de comunicación internacionales dejando en segundo plano a los de Puerto Rico según se relató en el foro, CNN se vio en la necesidad de unirse al CPI en una demanda incoada contra el gobierno por acceso a información. “Puedes solicitar, pero nadie va a responder.

La Junta de Calidad Ambiental hace amago de multar a AES o detenerle operaciones tras reacciones a estudio de contaminación

La Junta de Calidad Ambiental (JCA) ordenó el viernes a la empresa AES Puerto Rico entregar los documentos del estudio de aguas subterráneas donde se revela que su depósito de cenizas de carbón está liberando tóxicos al agua subterránea de Guayama. En una comunicación oficial, tras la publicación de un reportaje de La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), la agencia además advierte a AES que podría recibir multas de $25 mil diarios o hasta “una orden de cese y desista de operar”, si no entrega todos los datos originales recopilados e incumple con este decreto en un término de diez días laborables. En su novel declaración, la JCA implica que desde que AES publicó el estudio en su página web el pasado 2 de marzo, no ha accedido a los documentos. La obligación ministerial de JCA es proteger a ciudadanos y recursos naturales de potenciales consecuencias negativas. En el mismo documento, la presidenta de la agencia, Tania Vázquez Rivera, además se contradice al afirmar  que el agua proveniente de pozos legales no representa “riesgos para la salud de la ciudadanía”, sin haber examinado el informe preparado para AES por la firma DNA Environmental, ni ofrecer prueba de su aseveración.

Los tóxicos de las cenizas de AES están contaminando aguas subterráneas

Un estudio, pagado por AES y realizado entre agosto y noviembre pasado por orden de la Agencia de Protección Ambiental federal, evidencia que la montaña de cenizas está liberando cantidades elevadas de químicos al agua subterránea y que esa contaminación ya se desplaza del lugar, incluso en dirección al mar.

Periodistas demandan al Registro Demográfico por ocultar información pública sobre las muertes ocasionadas por el Huracán María

El Centro de Periodismo Investigativo radicó este miércoles una demanda contra la directora del Registro Demográfico de Puerto Rico, Wanda Llovet Díaz, luego de múltiples intentos para que la agencia que esta dirige brindara información sobre las muertes ocurridas en la Isla tras el Huracán María. Se trata de “información pública y de alto interés público para el Pueblo de Puerto Rico”, apunta la demanda.

Reacciona el gobernador a investigación sobre el conteo de las muertes relacionadas al huracán María

El gobernador Ricardo Rosselló se mostró satisfecho con la forma en que se ha manejado el proceso de contabilizar las víctimas fatales del huracán María bajo el liderato del secretario de Seguridad, Héctor Pesquera, pese a las fallas evidenciadas en varias investigaciones del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Para Rosselló no hay nada mal con el proceso que mantiene la cifra oficial de muertes ligadas a la emergencia en 55 personas, aunque un proceso de entrevistas y revisión de documentos realizado por el CPI en tres semanas arroja 47 muertes adicionales a las de la lista oficial, tras visitar solo siete municipios. La investigación publicada el miércoles sostiene que el gobierno no ha utilizado los protocolos científicos que se utilizan a nivel mundial, y que se usaban en Puerto Rico previo a este evento, para evaluar las muertes en situaciones de desastre. El fallecimiento del padre del ex alcalde de Lajas, Leovigildo Cotté, en un refugio tras quedarse sin oxígeno por la falta de electricidad fue la primera muerte vinculada al huracán revelada por el CPI el 26 de septiembre. A casi dos meses de María, esta muerte no ha sido agregada a la lista oficial de muertes.