Ante la Junta de Control Fiscal una petición para revelar privilegios fiscales a empresas como Monsanto

La Junta de Control Fiscal, entidad federal que negocia la bancarrota de la Isla, recibió una solicitud para que tome acción ante la necesidad de publicar  privilegios contributivos del Gobierno al sector privado, como el mantengo corporativo a Monsanto, en momentos de recortes a la Universidad de Puerto Rico, los municipios, los servicios de salud y las pensiones. Espacios Abiertos (EA), una organización que promueve la transparencia gubernamental, envió este jueves una carta y un informe a la Junta de Control Fiscal, pidiendo el registro público o presupuesto de gastos fiscales, con el detalle de todos los subsidios, incentivos, exenciones de impuestos, tasas contributivas preferenciales y otros beneficios que recibe el sector privado. La Ley “PROMESA”, aprobada por el Congreso de EE. UU. para que Puerto Rico reestructure su deuda, indica en la sección 208 (b) que los miembros de la Junta o sus empleados no podrán publicar los informes sobre subsidios, y que tendrán que cumplir con las leyes territoriales y federales en el manejo de información confidencial sobre los contribuyentes.

Municipios, gobierno federal y tercer sector lideran playas modelo

Ante la incapacidad e inacción de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico de proteger el principal activo natural de Puerto Rico, un puñado de municipios, organizaciones sin fines de lucro y agencias federales han asumido con éxito algunas de las responsabilidades delegadas al organismo. Son esfuerzos, sin embargo, que representan un “mínimo por ciento” de las 1,225 playas que existen en la Isla, reconoció el director del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y representante del sector académico en la Junta, Ruperto Chaparro. En su mayoría, se trata de balnearios y áreas de playa de alto valor ecológico, cuyo manejo requiere limitar y hasta prohibir ciertas actividades –incluyendo accesos– para preservar sus condiciones naturales. “Cuando se habla de manejo de playas, lo que se manejan son los usuarios. La playa se va a manejar sola.

Muda la Junta de Playas ante restricciones de acceso al mar

Pese a que los casos y denuncias de privatización de playas son abundantes, poco o nada ha hecho desde su creación hace 18 años la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas en Puerto Rico para intervenir y defender el derecho de acceso de los ciudadanos al principal recurso natural del País.

Se hunde el manejo de playas en Puerto Rico

En los últimos ocho años reportados, de 2009 a 2016, la Junta apenas invirtió $70,723.57 en el manejo de las 1,225 playas que hay en la Isla, según certificado por la División de Finanzas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). En ese mismo período, la Oficina de Promoción y Mercado de la Compañía de Turismo de Puerto Rico emitió $275.7 millones para la adquisición de bienes y servicios relacionados a publicidad. En otras palabras, el presupuesto de la Junta en esos ocho años fue equivalente al 0.025% de lo que Turismo gastó en promoción y mercadeo.

A $3.82 la inversión por playa en Puerto Rico

La belleza natural de muchas costas boricuas vive opacada por ruidos excesivos, basura y descargas contaminantes sin que el Estado haga valer las leyes de protección de este vital recurso natural, que es su principal activo turístico.

An investment of $3.82 per beach in Puerto Rico

The natural beauty of many Puerto Rican coasts is overshadowed by excessive noises, trash and polluting discharges, without the state enforcing the environmental protection laws of this vital natural resource, which is its main tourist asset.

Cuestionado el testimonio del Presidente de AES ante el Senado

El ingeniero Manuel Mata alegó que existe un informe del Gobierno de la República Dominicana que derrota “toda la teoría” sobre la toxicidad del rockash. Sin embargo, omitió un dato puntual: el documento que levantó a su favor, del 26 de abril de 2004, fue invalidado en corte en octubre de ese mismo año por el entonces Procurador para la Defensa del Medio Ambiente de la República Dominicana.

Sick Employees of Transgenic Companies Report their Cases to the Government of Puerto Rico

Agronomist Iris Pellot walked up to a plain laid bare by herbicide. Only crops of genetically modified corn could withstand this agrochemical. With safety goggles, steel-tipped leather boots and a four-month-old pregnant belly, she showed for work with crops from the multinational Monsanto in the village of Isabela, northwest of the transgenic epicenter of Puerto Rico. Her hands brushed the plants like many times before, but that day, her skin was marked with embossed red lines, as if it had been whipped with a burning wand. Pellot raises her head to catch some air, scratching her neck as if her throat was still stinging, and goes back to that day of 2010 in a mental journey.