Veredicto judicial abre la puerta a la relación de las cenizas de carbón con muertes y enfermedades de obreros

Tras un juicio que se extendió por tres semanas, un jurado de la Corte del Distrito Este de Tennessee determinó que las toneladas de cenizas que se extrajeron del peor desastre ambiental ocurrido en los Estados Unidos pudieron provocar la muerte de al menos 30 de los 250 trabajadores contratados para su remoción. Asimismo, implicó este miércoles que los obreros que laboraron por cinco años en esa limpieza pudieron contraer leucemia, cáncer de pulmón y cerebro, enfermedades respiratorias crónicas y cardiopatía coronaria a consecuencia de su exposición prolongada al material, confirmó a La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo Jim Scott, unos de los seis abogados a cargo de la defensa de los 220 sobrevivientes. Durante décadas, las compañías eléctricas que producen cenizas de carbón en Estados Unidos y Puerto Rico han negado que este desecho sea tóxico y nocivo a la salud. Los hechos de este caso se remontan al 22 de diciembre de 2008, cuando en la ciudad de Kingston, Tennessee, se quebró el dique de un estanque de la central eléctrica Tennessee Valley Authority (TVA), el cual almacenaba un billón de galones de lodo de cenizas. El accidente provocó que una ola gris arropara 300 cuerdas de terreno con hasta seis pies de cenizas, destruyera propiedades y contaminara el río Emory – un tributario del río Tennessee – con un cóctel de tóxicos como arsénico, cadmio y cromo.

Ante la Junta de Control Fiscal una petición para revelar privilegios fiscales a empresas como Monsanto

La Junta de Control Fiscal, entidad federal que negocia la bancarrota de la Isla, recibió una solicitud para que tome acción ante la necesidad de publicar  privilegios contributivos del Gobierno al sector privado, como el mantengo corporativo a Monsanto, en momentos de recortes a la Universidad de Puerto Rico, los municipios, los servicios de salud y las pensiones. Espacios Abiertos (EA), una organización que promueve la transparencia gubernamental, envió este jueves una carta y un informe a la Junta de Control Fiscal, pidiendo el registro público o presupuesto de gastos fiscales, con el detalle de todos los subsidios, incentivos, exenciones de impuestos, tasas contributivas preferenciales y otros beneficios que recibe el sector privado. La Ley “PROMESA”, aprobada por el Congreso de EE. UU. para que Puerto Rico reestructure su deuda, indica en la sección 208 (b) que los miembros de la Junta o sus empleados no podrán publicar los informes sobre subsidios, y que tendrán que cumplir con las leyes territoriales y federales en el manejo de información confidencial sobre los contribuyentes.

Municipios, gobierno federal y tercer sector lideran playas modelo

Ante la incapacidad e inacción de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico de proteger el principal activo natural de Puerto Rico, un puñado de municipios, organizaciones sin fines de lucro y agencias federales han asumido con éxito algunas de las responsabilidades delegadas al organismo. Son esfuerzos, sin embargo, que representan un “mínimo por ciento” de las 1,225 playas que existen en la Isla, reconoció el director del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y representante del sector académico en la Junta, Ruperto Chaparro. En su mayoría, se trata de balnearios y áreas de playa de alto valor ecológico, cuyo manejo requiere limitar y hasta prohibir ciertas actividades –incluyendo accesos– para preservar sus condiciones naturales. “Cuando se habla de manejo de playas, lo que se manejan son los usuarios. La playa se va a manejar sola.

Muda la Junta de Playas ante restricciones de acceso al mar

Pese a que los casos y denuncias de privatización de playas son abundantes, poco o nada ha hecho desde su creación hace 18 años la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas en Puerto Rico para intervenir y defender el derecho de acceso de los ciudadanos al principal recurso natural del País.