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CPI PIDE AL TRIBUNAL QUE ORDENE A LA AUTORIDAD DE TIERRAS ENTREGAR INFORMACIÓN DE SU JUNTA DE DIRECTORES

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San Juan, PR  – El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) radicó hoy un recurso judicial contra de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR) por no atender una petición de acceso a información pública sobre la composición y las minutas de su Junta de Gobierno.   

Desde el 23 de enero de 2024, la periodista y fundadora de Bonita Radio, Carmen Enid Acevedo, quien fue becada por el Instituto de Formación Periodística del CPI, solicitó por correo electrónico a Irving Rodríguez, director ejecutivo de la ATPR, las minutas de las reuniones de la Junta de Gobierno, la composición de la Junta, y quiénes han sido sus secretarios desde el 2018 al presente. Tras varios días sin recibir respuesta, la periodista acudió a la sede de la Autoridad de Tierras para dar seguimiento. Le indicaron que era necesario presentar su solicitud de información, nuevamente, por escrito. Luego de hacer las gestiones solicitadas e informar a al menos tres funcionarios de la agencia sobre la solicitud, en persona y por escrito, incluyendo al director ejecutivo de la ATPR, Irving Rodríguez, la periodista esperó varios días sin recibir respuesta y luego llamó a la agencia varias veces hasta que le volvieron a indicar que estaban trabajando con su petición. Pero al día de hoy, a más de 10 semanas de la petición original, no se ha recibido la información solicitada.

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Al tribunal la ODSEC por ocultar información sobre los centros comunales

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El Centro de Periodismo Investigativo radicó un mandamus contra la la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico y el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales para exigir acceso a información pública relacionada a la titularidad de los centros comunales, instalaciones recreativas o instalaciones deportivas en las comunidades especiales de Puerto Rico. 

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CPI logra victoria federal contra la Junta de Control Fiscal y a favor del acceso a la información

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El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston rechazó la pretensión de la Junta de Control Fiscal de que por “inmunidad soberana” no tenían que someterse al derecho de acceso a la información reconocido bajo la Constitución del Estado Libre Asociado y entregar documentos sobre su gestión que le solicitó el Centro de Periodismo Investigativo

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CPI pide al Tribunal Supremo ser amigo de la corte para proteger a las fuentes periodísticas

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El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitó al Tribunal Supremo de Puerto Rico que le permita participar como amigo de la corte para apoyar con sus argumentos a periodistas demandados de Noticentro de WAPA TV, en un caso que considera trascendental para el “privilegio del reportero” y su deber ético de protección de las fuentes de información. “Debido a nuestra práctica haciendo periodismo investigativo, el CPI quiere ser escuchado por el Tribunal para dejarle ver la importancia de la protección de este privilegio tan neurálgico para el periodismo y para nuestras aspiraciones democráticas como país. La protección de las fuentes es un deber profesional al que nos obligan los códigos de ética para periodistas en Puerto Rico, Estados Unidos e internacionalmente”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del Centro. 

La solicitud para someter un amicus curiae radicada con el apoyo de la Clínica de Asistencia Legal Facultad de Derecho Universidad Interamericana de Puerto Rico, se refiere al caso del fiscal Ildefonso Torres Rodríguez versus Noticentro de Puerto Rico, en el cual el funcionario exige que los periodistas Alex Delgado y Yesenia Torres revelen quién fue la persona que les hizo llegar un documento que usaron en su reportaje y que era parte de una pesquisa del Negociado de Investigaciones Especiales. “La controversia no estriba en si la fuente tenía la autoridad de divulgar el documento, sino si se puede obligar al periodista a revelar la identidad de tal persona con quien tenía un compromiso de confidencialidad. Desde los Pentagon Papers… hasta Deep Throat y Watergate…, y el más reciente Telegram chat en Puerto Rico, han sido los esfuerzos periodísticos los que históricamente han informado al público sobre lo que estaba ocurriendo a sus espaldas”, señala parte de la petición de intervención del CPI. 

El llamado “privilegio del reportero”, o sea la protección de la identidad de las fuentes de información utilizadas por el periodista en su labor investigativa, forma parte de su función de informar a la ciudadanía.

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Periodistas van al tribunal para lograr acceso a datos sobre la renegociación del contrato entre AES y la AEE

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El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y el periodista Omar Alfonso, editor del periódico regional La Perla del Sur, radicaron este martes un mandamus sobre el derecho constitucional de acceso a la información pública para exigir que le entreguen información relacionada a la renegociación del contrato entre la empresa carbonera AES y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 

En octubre del 2021, en coordinación con Omar Alfonso, el CPI solicitó a la AEE la propuesta de un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que fue enviado por Jesús Bolinaga, presidente de AES, al entonces presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Ralph Kriel Rivera. Este MOU le fue entregado al CPI en octubre. 

Pero el documento hace referencia a dos cartas con información complementaria con fecha del 11 y 25 de agosto del 2021, que no fueron provistas. El CPI y Omar Alfonso solicitaron desde octubre copia de las cartas a la AEE y al Negociado de Energía, pero no le fueron entregadas a pesar de múltiples gestiones de seguimiento. 

El recurso legal presentado el martes nombra a Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica y a Fernando Gil Enseñat, presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, así como a Edison Avilés Deliz, presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico, como los funcionarios que deben entregar los documentos solicitados. 

El periodista Omar Alfonso, quien desde el 2015 ha investigado el impacto de las cenizas de carbón de AES en las comunidades y el ambiente de la zona sur, mencionó que “resulta inconcebible que un acuerdo de esta magnitud se aborde a espaldas del país y sin discusión abierta. La participación activa de quienes sufren las consecuencias directas de la contaminación ambiental se sabotea cuando la información no está disponible”. “El acceso a información pública es todavía un gran reto para la ciudadanía y para la prensa, y el CPI va a agotar todos los remedios disponibles para lograr que los funcionarios públicos reconozcan y respeten este derecho fundamental en un país que aspira a ser democrático”, afirmó la directora del CPI, Carla Minet. 

Los demandantes son representados en este caso por la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y sus abogados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell Recurt.