Puerto Rico’s Center for Investigative Journalism has had to go to court three times in the past five years for the DRNA to hand over public documents.
Hace 10 meses comencé a entrevistar a residentes, activistas y líderes comunitarios de vecindarios costeros para conocer las consecuencias de la crisis climática en sus playas, especialmente por la erosión costera. Durante esas conversaciones, las personas denunciaban la compra de terrenos costeros, como ocurrió en el barrio Joyuda en Cabo Rojo y el desarrollo de proyectos residenciales de lujo en el barrio Bajuras, en Isabela.
Ese es el caso también del sector Quique Bravo, una pequeña comunidad en Isabela donde los beneficiarios inversionistas de la Ley 60, Daniel Grunberg y Tyson Carter, pretenden construir viviendas de lujo en una zona parcialmente inundable. Esta situación se repite en otros municipios costeros de Puerto Rico. En Vega Baja, Mason Edward Gorda y Dennis Keith Bostick – también beneficiarios de la exención contributiva para inversionistas extranjeros – compraron terrenos ecológicamente sensitivos en playa Sarapá. En Arecibo, donde la familia Abreu Valentín ocupó estructuras abandonadas en la Zona Marítimo Terrestre de la comunidad Islote para expandir sus negocios de alquileres a corto plazo.
Even though the EPA recognized the risk posed by the consumption of fish from the bay after a Center for Investigative Journalism’s investigation, neither the municipality nor federal or local agencies have taken measures to prevent recreational fishing and warn the public about the risks of consuming species from this body of water.
Ni el municipio ni las agencias federales o locales han tomado medidas para evitar la pesca recreativa y educar a la ciudadanía sobre los riesgos de consumir especies de este cuerpo de agua.
La falta de implementación de planes, órdenes judiciales y leyes existentes en áreas costeras en Buyé, Joyuda y La Parguera deja ver cuán compleja sería la implementación del Plan de Adaptación ante el Cambio Climático.
The case of several properties on the Arecibo coast is an example of what is happening in other areas of Puerto Rico, but neither the Municipality nor the Department of Natural and Environmental Resources (DRNA, in Spanish) act, while construction is allowed in the area affected by erosion.
El caso de varias propiedades en la costa de Arecibo es una muestra de lo que ocurre en otras áreas del país, pero el Municipio ni Recursos Naturales toman acción, mientras se permiten construcciones en la zona afectada por la erosión.
The experience of communities in Isabela and Vega Baja shows that the government of Puerto Rico acts against the recommendations of experts and its own public policy, which is supposed to protect coastal natural resources.
