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Las fincas fantasma de Santini

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Con el auspicio de The Fund For Investigative Journalism
Tercera parte de la serie El impuesto secreto del alcalde Santini

Terrenos de Caimito en estado de “conservación” / Foto por Carla Cavina
Los 50 conejos de Félix Marcano se ahogaron. Y perdió plátanos, calabazas, gandules, guanábanas y ajíes que sembraba en el barrio sanjuanero de Quebrada Arenas. Un proyecto de extracción de tierra en propiedades aledañas cubrió el riachuelo que discurre tras su finca, provocando inundaciones de la noche a la mañana. “Esto se volvió un lago”, cuenta Marcano, tras enterarse, por medio del Centro de Periodismo Investigativo, de que el monte convertido en cantera detrás de su casa no podía convertirse en cantera. Esa propiedad es uno de los 684 terrenos en 3,000 cuerdas de valor ecológico que el Municipio prometió proteger, como parte de su propio Programa de Transferencia de Derechos de Desarrollo (TDD).

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Los tropiezos del impuesto “verde” de Santini

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Con el auspicio de The Fund For Investigative Journalism
Segunda parte de la serie El impuesto secreto del alcalde Santini

Construcción en terrenos “conservados” en San Juan / Foto por Carla Cavina
Un impuesto tan improvisado que su implantación es bastante dudosa y hasta el monto que el Municipio de San Juan cobra parece variar según el ánimo de los oficiales de la Oficina de Permisos. Así marcha el Programa de Transferencias de Derechos de Desarrollo (TDD) municipal, que obligó a Daniel Rosario Fernández pagar en febrero pasado $1,000 dólares por el permiso de construir una casa en el barrio Quebrada Arenas. Las deficiencias administrativas del Municipio han causado errores insalvables. Es imposible en cualquier plan de TDD que alguien le cobre derechos de desarrollo a Rosario: su finca 143-047-622-48-000 es una de las 648 remitentes de derechos de desarrollo que tiene este plan de conservación de tierras. Es decir, una de las que no paga, sino que vende esos derechos porque se tiene que conservar “a perpetuidad”.

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El impuesto secreto del alcalde Santini

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Con el auspicio de The Fund for Investigative Journalism

Primera parte de la serie

Rina Landrau, vecina de Santurce que pagó el tax Santini / Foto por Carla Cavina
Hasta Rina Landrau, del humilde vecindario del Caño Martín Peña, pagó el impuesto ilegítimo del alcalde Jorge Santini. La Oficina de Permisos del Municipio de San Juan le cobró $2,050 por una autorización para remodelar su casa de dos niveles, en el sector Buena Vista-Santurce, en el corazón de la capital. Se trataba de una transferencia de derechos de desarrollo que, según la Alcaldía, estaba obligada a pagar aparte de las patentes municipales. Para Landrau, ese cobro se convertiría en un misterio. Ella no intentaba desarrollar nada.

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Jon Lee Anderson: testigo de la guerra que quiere “incomodar”

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El famoso escritor y periodista Jon Lee Anderson, que cubre conflictos en Oriente Próximo y escribió el guión de la película del Che, viene a la Isla a ofrecer una conferencia magistral en el Museo de Arte de Puerto Rico invitado por el Centro de Periodismo Investigativo el martes próximo. Anderson fue entrevistado por el reportero Eliván Martínez Mercado desde Ciudad México y nos adelanta algunos de los interesantísimos cuentos de la vida de este fascinante personaje. Lee la entrevista completa aquí.

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Dos empresas dispuestas a resucitar el escrutinio electrónico

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Quedan dos opciones para resucitar el escrutinio electrónico de votos en las próximas elecciones. Y es que dos de las cuatro compañías que compitieron para dar ese servicio, Smartmatic y Dominion Voting Systems, están dispuestas a crear el software que lea papeletas boricuas en la consulta del próximo seis de noviembre, a pesar del poco tiempo disponible. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Héctor Conty, informó que los comisionados electorales de todos los partidos habían pedido una dispensa a la Legislatura para no cumplir con el mandato de ley que ordena que el escrutinio de los votos este año sea electrónico. Entienden los funcionarios que no hay tiempo, luego de que la compañía Unisyn Voting Solutions, escogida para dar ese servicio, anunciara que no tenía la capacidad de desarrollar a tiempo un software que pasare las pruebas de aceptación de fábrica; es decir, los requisitos que había determinado la CEE que debía cumplir para leer correctamente las papeletas boricuas. El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, a media tarde del miércoles dio por muerto el proceso al aprobar una resolución conjunta que asignaba los $20 millones de dólares del escrutinio a instituciones médicas y hospitalarias.