Sin rumbo las agencias federales con sus estadísticas sobre inmigración

Lograr que las agencias federales a cargo de la inmigración a Puerto Rico informen sus datos es una verdadera odisea. 

Mientras preparábamos una serie sobre el tema de la migración caribeña, algunas dependencias federales brindaron al Centro de Periodismo Investigativo información incorrecta, que en ocasiones corrigieron y en otras no, y en otros casos nunca ofrecieron sus datos o tardaron entre diez y 12 días en dar la información. Además, el CPI identificó incongruencias y errores en estadísticas oficiales que de no haber sido corroboradas, hubieran sido publicadas e inducido a error a los lectores. La información fue solicitada por el CPI para la serie sobre inmigración haitiana y dominicana hacia Puerto Rico a la Guardia Costera de los Estados Unidos, a la Oficina de la Fiscalía Federal, al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (conocida como Border Patrol). Estas agencias están obligadas por el Freedom of Information Act (FOIA) a ofrecer la información solicitada, además de que deben mantener los números actualizados y disponibles, así como tener coherencia entre ellas, o al menos eso se esperaría para que su trabajo sea efectivo. Fiscalía Federal se cuelga medallas que no le tocan

La jefa interina de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, declaró al CPI que la cantidad de inmigrantes que llegan a la isla ha bajado considerablemente en los últimos años y atribuyó la baja a los esfuerzos del “Grupo Interagencial de la Frontera Caribeña”, compuesto por la Guardia Costera, las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía de Puerto Rico y otras agencias federales “para atajar el tráfico ilegal a través del Canal de la Mona entre República Dominicana y Puerto Rico”.

Cambia patrón migratorio hacia Puerto Rico: haitianos superan a dominicanos en los últimos dos años

El cambio migratorio, que se comenzó a percibir con el aumento de haitianos capturados por autoridades del gobierno de Estados Unidos en 2012, dos años después del terremoto que devastó el país antillano, se marcó en 2013 con un alza de un 434%. Ese año, fue aprobada la legislación que retira la ciudadanía a miles de ciudadanos dominicanos hijos de inmigrantes haitianos.