Tal y como ocurrió hace cinco años cuando pasó por la isla el poderoso huracán categoría cinco, María, María, todo el archipiélago se quedó sin servicio de energía eléctrica y según transcurrieron las horas también aumentó el número de hogares sin servicio de agua potable.
Un reciente estudio realizado por la Universidad de Toronto encontró que la tasa de muertes de puertorriqueños en Estados Unidos también se disparó tras el paso del huracán María.
En el condado de Polk, que queda a más de una hora de Tampa y a tres de Miami, las rentas de alquiler en general subieron en promedio 53.7% entre 2017 y el primer trimestre de 2022. Un salto de $924 a $1,421. Porcentualmente Polk fue el condado en donde más aumentó la renta durante ese período de cinco años en Florida.
Un 31% de los 242 sistemas de acueductos comunitarios registrados legalmente como franquicias no han solicitado los fondos de recuperación por los daños causados a la infraestructura por los huracanes Irma y María en septiembre de 2017.
El Departamento de Salud (DS), responsable de inspeccionar y aprobar los planes de desalojo de emergencia de todos los hospitales del país, solo los hace disponibles para los tres hospitales que la agencia administra.
La Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) de la agencia no conserva copia de los planes de desalojo que se supone haya evaluado previamente y que podrían representar la diferencia entre la vida y la muerte para pacientes y empleados. La información surgió como parte de una demanda en la cual el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) le solicitó al DS varios documentos y protocolos relacionados a eventos de emergencia. “Como parte de las inspecciones que se realizan, el personal de la SARAFS revisa que dichos planes cumplan con todos los requisitos establecidos. Sin embargo, copia física, en papel, digital o de cualquier otra manera almacenada en dispositivo(s) electrónico(s) de estos planes no se le entrega al personal de la SARAFS, ni se recibe por dicho personal, ni se retiene en el expediente de las facilidades que obra en la SARAFS, por lo que el Departamento de Salud no cuenta con los mismos”, lee la certificación sometida por el DS ante el Tribunal Primera Instancia en San Juan.
Ante la solicitud del CPI, el DS se limitó a entregar los planes de desalojo para los centros de salud que administra: el Hospital Pediátrico Universitario, el Hospital Universitario de Adultos y el Hospital Universitario Ramon Ruiz Arnau.
“Los demás hospitales públicos mencionados en la moción NO pertenecen al Departamento de Salud, estos son administrados por Corporaciones Públicas con personalidad jurídica aparte y distinta a la del Departamento de Salud, por lo que la documentación solicitada se le debe requerir a estos directamente”, expresó el DS con relación a hospitales que son administrados por otras entidades públicas tales como la Universidad de Puerto Rico y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.
La Organización Panamericana de la Salud indica que el acceso a la información es fundamental para mejorar la gestión pública y confianza de la ciudadanía en la preparación para eventos de emergencia.
Falta de información sobre el acceso a los hospitales durante emergencias
Más de cuatro años después del huracán María, el DS solo cuenta con un mapa de puntos en el que se especifica la ubicación de todos los hospitales, centros de diagnóstico y tratamiento, centros de salud primaria y centros de diálisis en Puerto Rico. El director de Sistemas de Información Geográfica de la Junta de Planificación (JP), Rogelio González Sánchez, indicó al CPI que los mapas de rutas prioritarias en caso de emergencia, que incluyen las vías alternas que conectan con los hospitales de ocurrir colapso de carreteras y puentes, tampoco están listos y que la JP, junto al Departamento de Transportación y Obras Públicas y otras agencias, trabajan con el Centro de Operaciones de Emergencias para producir esa información.
A pesar de las experiencias en torno a los aspectos que deben mejorarse para proteger vidas, la infraestructura y garantizar los servicios esenciales durante una emergencia, el Gobierno de Puerto Rico insiste en un discurso determinista que describe los desastres como inevitables, para así justificar su inacción en los renglones de preparación y respuesta.
Si bien es cierto que, por la ubicación y climatología, las islas de Puerto Rico son propensas al impacto de huracanes, también hay que aceptar que la pérdida de vidas, la ausencia de electricidad por meses, el colapso de puentes de décadas de existencia y la inaccesibilidad a servicios de salud no necesariamente son inevitables. Son parte de desastres políticos que evidencian las fallas de una administración pública en la cual el mantenimiento a la infraestructura crítica, la garantía de un techo digno y el derecho a la salud dejaron de ser prioridades. Para el profesor de historia de la Universidad de Yale, Stuart Schwartz, el uso del término “natural” para describir al huracán María falla en reconocer que la falta de preparación gubernamental, la infraestructura débil y la situación fiscal precaria vigente son en gran medida responsables de lo ocurrido en Puerto Rico tras el azote del ciclón.
“No son las tormentas en sí las que matan a estas personas. Es lo que hicimos o no hicimos antes y después lo que fue responsable. Preparación, política y voluntad es lo que se necesita para enfrentar estos desastres ‘naturales’.
Las trabas para garantizar los servicios a pacientes renales siguen vigentes, pues LUMA no les da máxima prioridad a la hora de restablecer energía a los centros de diálisis ni se ha creado un registro de pacientes o un plan abarcador que atienda a la población que más muertes vio tras el huracán María.
El Departamento de Salud de Puerto Rico (DS) “puso en riesgo” la vida de los puertorriqueños al no implantar de forma efectiva un protocolo de preparación y respuesta durante el huracán María, indica una auditoría del gobierno federal.
La investigación de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal (HHS-OIG en inglés), publicada en julio de 2021, sostiene que el DS incumplió con un acuerdo colaborativo para atender emergencias.
Una sucesión de errores y omisiones del DS causó que esta fuera la única de las agencias de algún estado o territorio en ser auditada por el gobierno federal. El DS no llevó a cabo iniciativas de preparación y respuesta específicas para las personas más vulnerables, como niños, ancianos, enfermos, con impedimentos, los aislados geográficamente y quienes tienen una barrera cultural o de lenguaje, según se lo exigía el acuerdo colaborativo. El DS tampoco consultó con el público su Plan Operacional de Emergencia, lo que era un requisito del acuerdo. La agencia puertorriqueña hizo todo lo contrario: alegó que era confidencial. Precisamente por que ocultaba ese documento público, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tuvo que ir a los tribunales a exigirlo.
“La falta de participación de las partes con interés pudo haber limitado la preparación, respuesta y esfuerzos de recuperación del DS”, según el informe federal.
