Gobierno proyecta que la quiebra de Puerto Rico costará $1,400 millones en seis años

La cifra incluye el gasto en abogados y asesores tanto del Gobierno, la JCF y los comités oficiales que representan a los retirados y los acreedores no asegurados en los casos de Título III, detallaron los funcionarios. También incluye el presupuesto de la JCF, que ronda actualmente los $60 millones, en momentos en que la Legislatura busca detener los desembolsos al ente rector.

The Fantasy of the Fiscal Plan for Puerto Rico

The most recent version of Puerto Rico’s fiscal plan for its central government would chart the future of the country, giving some degree of certainty to citizens, businesses and investors to bet on the island’s dismal economy. Yet it is built on economic projections totally incompatible with the historical experience of places that have been destroyed by hurricanes the world over. The plan also clashes with what has been Puerto Rico’s economic trajectory. In the past 30 years, the economy has never reached annual growth such as that estimated for fiscal year 2019 by the financial team of Governor Ricardo Rosselló Nevares. The group is led by Christian Sobrino, governor’s representative before the Fiscal Control Board (FCB), chief economic adviser to the governor, president of the Government Development Bank and chairman of the Financial Advisory & Fiscal Agency Authority (AAFAF by its Spanish acronym); and Gerardo Portela, executive director of AAFAF and by virtue of his position, member of the boards of directors of all public corporations.

Bonistas y gobierno se enredan en laberinto de demandas

Este jueves, 3 de noviembre habrá una vista ante el juez federal Francisco Besosa donde se verá la demanda consolidada de Peaje Investment, Assured Guaranty y Altair Global que buscan que se levante la suspensión de litigios que impuso PROMESA y que se restituyan fondos que alegadamente el gobierno movió entre agencias para evitar pagos de deuda.

La Junta y el disfraz de la supervisión

El traductor Alejandro Álvarez se le adelantó al gobierno local y al federal. Publicó en su perfil de Facebook, en julio pasado, la traducción al español que había hecho sobre la llamada ley federal PROMESA. Profesor del Programa Graduado de Traducción de la Universidad de Puerto Rico, propuso una versión no oficial, que no pretende abordar con precisión los términos legales y financieros, y sí que los puertorriqueños tengan acceso a la información en su idioma sobre una ley inminente. PROMESA no ordena que su propio texto se traduzca al español, ni los documentos que de su puesta en marcha se desprendan. Se trata de un asunto crítico para quienes aspiran a vivir en democracia.

PROMESA: un experimento que crea más dudas que certezas

Una de las partes centrales de la Ley, el título VI, que establece las reglas para una negociación voluntaria de la deuda, no garantiza que se logrará un acuerdo entre los bonistas y el gobierno. Si no hay acuerdo a través del título VI, entonces el título III de la misma ley estipula que Puerto Rico entraría en un proceso de quiebra en un tribunal del distrito federal. Varios expertos que han estudiado la ley PROMESA anticipan que será el título III y no el VI el que regirá la solución final entre Puerto Rico y sus acreedores.